La Universidad de La Frontera (Ufro) atraviesa una crisis financiera que dejó un déficit de $38 mil millones, según reportó BioBio Chile. Para enfrentarla, la institución implementó un Plan de Ajuste Económico que incluyó la desvinculación de funcionarios, permitiendo un ahorro de $7 mil millones. La Superintendencia de Educación Superior reconoció que hubo un avance del 20% respecto al Plan de Ajuste pensado hasta fines de 2026.
En paralelo a este escenario financiero, la casa de estudios enfrenta una serie de conflictos judiciales con el Ministerio de Educación (Mineduc). Fast Check CL identificó que el Estado inició dos demandas civiles contra la universidad para restituir fondos por becas públicas no utilizadas, asignadas en 2015 y 2016. En conjunto, los montos exigidos superaban los $350 millones, aunque una de ellas fue cerrada con un acuerdo por un monto inferior.
Como reveló también un reportaje de Ciper en enero de 2025, el uso indebido de dineros públicos no sería un hecho aislado. Auditorías internas acreditan que la Ufro utilizó recursos destinados a créditos universitarios y aportes estatales para cubrir gastos operacionales, como el pago de sueldos.
Uno de los juicios civiles iniciados por el Fisco sigue en tramitación, donde se exige la restitución de más de $94 millones. El otro proceso, en cambio, buscaba recuperar más de $265 millones, pero fue cerrado mediante un acuerdo por $195 millones. Fast Check CL revisó ambos casos, junto con los decretos, oficios y documentos judiciales que los fundamentan.
La Ufro y los $94 millones por becas
En diciembre de 2023, el Fisco —a través del CDE— presentó una demanda civil contra la Ufro, exigiendo el pago de $94.311.836 más intereses, reajustes e intereses moratorios. El documento radicado ante el 2° Juzgado Civil de Temuco, alega que parte de los recursos públicos asignados a becas estudiantiles en 2016 no fueron utilizados ni restituidos.
Según la acusación, estos fondos fueron transferidos por el Mineduc a la universidad como parte del programa de Becas de Educación Superior. Sin embargo, una parte de estos no fue utilizada debido a situaciones como suspensiones académicas, doble financiamiento con gratuidad u otras causales estipuladas por la normativa vigente. Como consecuencia, el CDE señala que los montos debían haber sido restituidos al Estado.
Decretos que exigen la devolución
El primer antecedente formal fue el Decreto Exento N° 192 de marzo de 2019, que actualizó las exigencias de restitución derivadas de un informe de Contraloría. Este decreto ordenó a 97 instituciones devolver fondos por becas 2016 mal ejecutadas. La Ufro fue una de las afectadas, con un monto a restituir de $94.811.836.
Seguidamente, en mayo de 2019, la universidad fue notificada formalmente mediante el Oficio Ordinario N° 2394, emitido por la División de Educación Superior del Mineduc, donde se le concedía un plazo de cinco días hábiles para depositar los fondos en la cuenta del Tesoro Público.
Posteriormente, el Decreto Exento N° 671 de julio de 2023 ratificó que la Ufro aún mantenía la deuda vigente. Este acto administrativo sirvió como última actualización oficial antes de la demanda. En el documento, se señala que el monto registrado tuvo un ajuste a $94.311.836, puesto que el monto se consideró en otro decreto, por lo tanto, se descontaron $500 mil de lo adeudado.
Defensa de la Ufro
La Ufro contestó a la demanda en agosto de 2024, donde presentó sus argumentos para evitar el pago. De esta forma, expresan que:
- Nulidad del decreto N° 192, indicando que se usa un fundamento jurídico inefectivo para este caso.
- Prescripción de la acción judicial, argumentando que ya habían pasado más de cinco años desde la notificación inicial.
- Vulneración del principio de confianza legítima, señalando que actuaron de buena fe con recursos que consideraban válidamente asignados.
Hasta la fecha, el juicio sigue en curso y activo, siendo el último movimiento de la causa el 3 de junio de este año.
El caso terminado: acuerdo por $195 millones
El otro proceso judicial contra la UFRO empezó en enero de 2023 y se enfocó en la restitución de fondos asignados en 2015. La querella también fue interpuesta por el Fisco —representado por el CDE— ante el 2º Juzgado Civil de Temuco. En el documento se pedía la devolución de $260.850.093 por fondos públicos, que no fueron utilizados en el marco del programa de becas.
Según el libelo, los recursos estaban destinados a financiar estudios de alumnos beneficiarios, pero se detectó que una cantidad considerable de estos beneficios no fueron utilizados. En consecuencia, el CDE señala que debieron ser restituidos por parte de la institución.
La base jurídica de esta acción se remonta al Decreto Exento N° 1503, de diciembre de 2017, que ordenó formalmente a 83 instituciones, entre ellas la Ufro, devolver fondos mal utilizados en becas de educación superior correspondientes al año 2015. El monto exigido a la universidad fue de $265.850.093.
La exigencia fue comunicada a través del Oficio Ordinario N° 770, de marzo de 2018, dirigido al entonces rector Sergio Bravo. En él se fijó un plazo de pago hasta el 15 de abril de 2018, con instrucciones precisas sobre cómo depositar los recursos en la cuenta del Tesoro Público y notificar al Mineduc. La universidad no efectuó el pago, por lo que el Ministerio mantuvo el cobro como exigible.
Posteriormente, en noviembre de 2022, el Decreto Exento N° 1181 confirmó que la Ufro seguía debiendo $260.850.093, ya que no había devuelto los recursos ni entregado una justificación válida. Este decreto fue el antecedente inmediato que justificó la demanda presentada por el CDE en enero del año siguiente.
Acuerdo judicial y cierre del caso
En su respuesta judicial de febrero de 2023, la Ufro solicitó rechazar la demanda invocando, al igual que en el caso de las becas 2016, nulidad del acto administrativo, prescripción de la acción y otras infracciones del proceso.
Pese a la defensa presentada, en mayo de 2024, las partes firmaron un acuerdo que fijó un pago único de $195.637.570. Con esto, se concretó el finiquito de la causa, es decir, el Estado no podrá volver a exigir este dinero, salvo que se incumpla el acuerdo.
Finalmente, a fines de mayo de dicho año, la Ufro acreditó formalmente el pago mediante un certificado de la Tesorería General de la República, cerrando definitivamente el proceso judicial.
Ufro sin nuevas deudas
Fast Check CL se comunicó con la Subsecretaría de Educación Superior para conocer si la UFRO mantiene deudas adicionales a las correspondientes a los años 2015 y 2016. Al respecto, desde el organismo respondieron que «no existen nuevos procedimientos por restituciones por beneficios asociados a la Universidad de La Frontera».
Asimismo, en los decretos citados, el Mineduc advierte a la universidad que —en caso de no reponer lo adeudado— se podría descontar el monto desde futuras transferencias fiscales a la universidad. Sin embargo, esta medida nunca se concretó. Consultados por esta situación, desde la Subsecretaría explicaron que aquello no ha sido posible porque «deben resolverse recursos administrativos y judiciales presentados por algunas instituciones y que todavía están pendientes».
Por último, el organismo aseguró que para evitar situaciones similares se han reforzado los mecanismos de control. Además, indicaron que tras estos episodios se creó la Superintendencia de Educación Superior, entidad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos en las instituciones del sistema. (ver respuesta completa acá).
Para este artículo se contactó a la Ufro con el fin de conocer su perspectiva. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, la institución no respondió las preguntas enviadas.
