El historial de Clínica Ensenada: dos querellas, auditorías de Fonasa y $71 mil millones desde el Estado

Una nueva querella penal acusa a Clínica Ensenada de prácticas clínicas irregulares, incluyendo la presunta muerte de una paciente, uso de insumos no autorizados y personal sin acreditación. La denuncia se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero. Desde 2014, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en fondos públicos y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, fue objeto de dos auditorías internas realizadas por Fonasa, además de un tercer proceso que no pudo concretarse debido a que la clínica no entregó los antecedentes requeridos.

Clínica Ensenada, un prestador privado que recibe pacientes derivados desde el sistema público, fue recientemente objeto de una querella penal presentada por su sindicato de trabajadores. La acción, interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acusa eventuales delitos como homicidio culposo y negligencia médica. Esta querella se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero de la misma institución, en la que se denuncian hechos similares.

En paralelo, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en recursos públicos desde 2014, principalmente a través de convenios con el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Pero este es un antecedente más en el extenso historial del prestador.

Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), Clínica Ensenada fue objeto de dos auditorías internas realizadas por FONASA, en las que se detectaron diversas observaciones clínicas y administrativas. En una tercera examinación, el prestador no presentó los antecedentes requeridos para que esta pudiera llevarse a cabo.

A pesar de las denuncias y de los reparos detectados en auditorías, Clínica Ensenada sigue recibiendo pacientes derivados desde el sistema público. Fast Check CL revisó las querellas, informes y contratos públicos relacionados con el prestador privado.

Los hechos denunciados por el sindicato

La querella presentada por el sindicato describe un presunto patrón de graves negligencias clínicas al interior de la Clínica Ensenada. Entre estas, se denuncia la administración de una solución salina no autorizada para uso humano a pacientes críticos, lo que habría puesto en riesgo su vida e integridad.

Asimismo, el documento señala que se habrían administrado 900 miligramos de amiodarona —medicamento indicado para tratar arritmias cardíacas— en menos de cinco minutos a una paciente que estaba pronta a recibir el alta médica. Según el relato, esta forma de administración no se ajustó a los protocolos clínicos recomendados, lo que habría desencadenado un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

También se señala que —en marzo de 2025— una paciente sufrió una quemadura química por la administración de bicarbonato por vía periférica. Se detalla que la afectada no habría sido derivada oportunamente a un centro especializado, que hubo un mal manejo terapéutico y profesional, y se menciona la participación de una enfermera que tendría «múltiples denuncias por procedimientos médicos, sin conocimientos, donde, los pacientes terminan con infecciones y complicaciones».

Clínica Ensenada

La acción judicial también advierte sobre una posible prolongación intencional de tratamientos, como mantener pacientes intubados por más tiempo del necesario, con el objetivo de aumentar cobros a Fonasa, una práctica que además eleva el riesgo de infecciones hospitalarias.

Además, detalla un presunto brote de infección por Clostridium difficile —bacteria que puede causar afecciones intestinales— que no habría sido notificado al Ministerio de Salud, pese a la obligación legal de hacerlo. Esta omisión, afirma el sindicato, vulnera los protocolos sanitarios, permitiendo que la infección se propagara sin control ni fiscalización.

Finalmente, se acusa que en Clínica Ensenada se estarían realizando procedimientos médicos sin la acreditación ni formación necesaria, incluso en pacientes de alta complejidad. Esto incluiría tanto la emisión de indicaciones clínicas sin respaldo profesional como la existencia de personal que no cumpliría con los requisitos técnicos o legales para ejercer funciones médicas en Chile.

Al ser consultados por Fast Check CL sobre esta querella, Clínica Ensenada señaló que no ha sido notificada de esta acción judicial en su contra, por lo que no emitirán comentarios al respecto.

Querella previa por hechos similares

Esta no es la primera vez que Clínica Ensenada enfrenta una de estas características. En octubre de 2024, un enfermero de la institución también presentó una querella penal por homicidio culposo ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En su relato, se presentó gran parte de los hechos que luego serían reiterados por el sindicato, a excepción de la quemadura química. Además, el enfermero asevera que estas denuncias fueron comunicadas directamente a la dirección médica, al gerente general, al comité de ética, entre otros supervisores; sin que se tomaran medidas. Por último, señala que a raíz de su testimonio, habría sido removido de su cargo como jefe de turno.

Pese a ser declarada admisible, no existen otros movimientos de la acción penal consignados en el Poder Judicial.

Los millonarios pagos a Clínica Ensenada

Clínica Ensenada es una institución privada que atiende pacientes del sistema público por rebalse de Fonasa. En ese rol, recibe a pacientes derivados por la UGCC, dependiente de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud (MINSAL).

En 2022 estuvo en el ojo público, luego de que un reportaje de T13 revelara que, a solo siete días de haber iniciado sus funciones, recibió un trato directo de FONASA por $1.700 millones, pese a no contar con acreditación ni experiencia en cuidados críticos.

La investigación periodística también informó que, durante la pandemia, Ensenada se convirtió en uno de los principales prestadores privados para pacientes derivados desde el sistema público, recibiendo más de $33 mil millones entre 2020 y 2022.

De acuerdo con información disponible en Mercado Público, Fast Check CL identificó que —desde su creación en 2014 hasta la fecha— la clínica ha recibido un total de $71.108.423.366 en recursos públicos. De ese monto, un 94,96 % proviene directamente de Fonasa; es decir, $67.528.865.064.

En el siguiente gráfico se puede observar el total de transferencias públicas realizadas anualmente a Clínica Ensenada, desglosadas por tipo de organismo estatal:

Las tres auditorías de Fonasa

En 2023, Contraloría publicó una auditoría a Fonasa, con el objetivo de revisar los contratos celebrados entre el organismo y clínicas privadas para la atención de pacientes en camas críticas, entre enero de 2020 y diciembre de 2021. En ese marco, Clínica Ensenada fue uno de los establecimientos analizados.

Con un total de $27.467.256.280 recibidos, Clínica Ensenada se posicionó como el segundo prestador privado que más recursos obtuvo durante el período auditado. El informe también advierte que mediante ampliaciones de contrato, Fonasa incrementó los montos contratados con la clínica en un 366,24% entre 2019 y 2021, superando el límite del 30% establecido por la ley de compras públicas.

Además, la CGR revisó tres auditorías elaboradas por el Departamento de Contraloría de Prestaciones de Fonasa, enfocadas en los contratos con clínicas privadas. Entre estas se encuentra Clínica Ensenada, la cual fue objeto de observaciones.

Año y detalles de la auditoríaPrincipales hallazgos en Clínica Ensenada
2015 – Revisión de 27 atenciones realizadas entre el 27 de octubre y el 25 de noviembre.El 30 % de los pacientes auditados falleció durante su estadía.
– Se detectaron fichas clínicas con enmendaduras.
– Diez médicos firmaron documentos como residentes sin tener contrato vigente con la clínica.
2020 – Evaluó errores en las codificaciones de diagnóstico entregadas a FONASA durante 2017 y 2018.– Se revisaron 45 atenciones; 21 contenían errores de codificación.
– Estos errores podrían haber derivado en pagos indebidos por parte del Estado.
2022 – Evaluó si Fonasa hizo pagos adecuados a clínicas privadas por hospitalizaciones estándar realizadas entre enero y junio de 2020.– La clínica no entregó los antecedentes requeridos por el Departamento de Contraloría de FONASA.
– Esta omisión impidió evaluar su desempeño y el uso de fondos públicos.

A pesar de los hallazgos detectados, el informe concluye que no se aplicaron sanciones a Clínica Ensenada. Por el contrario, la clínica continuó recibiendo pacientes derivados desde el sistema público.

La respuesta de las intituciones

Fast Check CL se comunicó con la Superintendencia de Salud, para conocer si tenían registro de reclamos contra Clínica Ensenada. En este sentido, especificaron que en 2023 se registraron 3 reclamos por Ley de Derechos y Deberes. Mientras que por mediación en contra del prestador (negligencia médica), solo figura una en 2020.

A su vez, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana tras ser consultada sobre si en los últimos tres años han realizado fiscalizaciones a Clínica Ensenada. Aseveró que se han llevado a cabo tres inspecciones: una en 2024 y dos durante 2025.

Respecto a la fiscalización del año pasado, informaron que se inició un sumario sanitario «principalmente por deficiencias estructurales y medicamentos vencidos». En tanto, en una de las visitas realizadas este año se detectaron irregularidades similares a las observadas previamente, lo que derivó en la «prohibición de funcionamiento parcial de una dependencia de la Clínica».

Posteriormente, efectuaron una nueva fiscalización para verificar si se habían subsanado los incumplimientos que motivaron los sumarios anteriores. Conforme a lo indicado la Seremi, se constató la corrección de las principales deficiencias, por lo que se levantó la medida de prohibición.

Asimismo, Fast Check CL consultó sobre antecedentes mencionados en las querellas presentadas por el sindicato de trabajadores, específicamente si existía alguna denuncia por un brote de clostridium difficile y si contaban con registros sobre una doctora que, presuntamente, no contaría con las acreditaciones exigidas por ley.

En relación con lo anterior, la Seremi respondió que no existen denuncias asociadas a la presencia de esa bacteria, ni antecedentes sobre la profesional mencionada, ya que «no se constató su nombre en las fiscalizaciones y no se incluye en el listado de personal de las últimas solicitudes».

Fast Check CL también contactó a Fonasa y envió preguntas al respecto, pero al cierre de esta edición, pese a nuestras insistencias, no se obtuvo respuesta.

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