En redes sociales circula una publicación que responsabiliza al gobierno del presidente Gabriel Boric y a la expresidenta Michelle Bachelet de «defender al Tren de Aragua» a través de la Defensoría Penal Pública (DPP). Sin embargo, el sistema judicial que garantiza defensa a todos los imputados se implementó mucho antes, y responde a una política de Estado, no a decisiones del Ejecutivo.
La frase difundida en redes sociales dice lo siguiente:
«Imputados del Tren de Aragua están siendo defendidos por la Defensoría Penal Pública, es decir, el Estado de Chile en manos de Boric defiende al Tren de Aragua. Todo planeado, es parte de la reforma procesal que dejó la guatona (sic) Bachelet».
La afirmación mezcla un hecho real con interpretaciones erróneas y datos falsos, generando una conclusión engañosa sobre el funcionamiento del sistema judicial chileno.
¿Hay alguna relación entre la Defensoría Penal Pública y el gobierno?
La respuesta es que no, ya que la Defensoría Penal Pública no depende del gobierno de turno. Según el estudio “Autonomía de la Defensoría Penal Pública” —elaborado en 2021 por la propia DPP, CEJA y la Universidad Alberto Hurtado—, este organismo debe operar con plena independencia funcional y política, y garantizar una defensa penal de calidad a todas las personas que no puedan pagar un abogado. Se trata de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica propia y regido por estándares internacionales, lo que refuerza que su labor está al margen de decisiones del Ejecutivo o intereses partidistas.
Algunos imputados vinculados al Tren de Aragua han sido representados por defensores penales públicos, como han reportado diversos medios (1,2,3,4). Sin embargo, esta representación responde al mandato legal de la institución y no a una política específica del gobierno actual.
La DPP fue creada por Ley N° 19.718 en 2001 como parte de la Reforma Procesal Penal, con el objetivo de garantizar defensa jurídica gratuita a cualquier persona imputada, independientemente del delito que se le atribuya. Este principio —vigente desde los años 2000— forma parte del sistema penal chileno y se basa en garantías constitucionales como el derecho a defensa y a un juicio justo.
El abogado y magíster en Derecho Público Felipe Godoy refuerza este punto:
«Tanto un chileno como un extranjero que comete un delito en Chile, si no tiene los recursos para poder suministrarse una defensa de algún abogado particular en materia penal, el Juzgado de Garantía les designa de oficio un defensor penal público»
Agrega que esta defensa no es una prerrogativa del gobierno de turno, sino una obligación jurídica que busca resguardar garantías fundamentales: «Así se cumple el mandato legal de la Constitución, de que todas las personas tienen derecho a defensa, especialmente en materias sensibles como el derecho penal».
Además, la Constitución de la República de Chile establece en su artículo 19, capítulo III:
«Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley»
— Constitución de la República de Chile
La reforma no la impulsó Bachelet
La Reforma Procesal Penal se impulsó a fines de los años 90 y comenzó a implementarse durante el gobierno de Ricardo Lagos. En ese contexto se creó la DPP, junto al Ministerio Público y los Juzgados de Garantía. Michelle Bachelet asumió su primer mandato en 2006, cuando la reforma ya se encontraba completamente implementada a nivel nacional.
Felipe Godoy también señaló que: «Es totalmente falso que se haya hecho una reforma de Bachelet para que los extranjeros que cometan delitos queden protegidos».
Y añadió que, en el caso del gobierno actual:
«La reforma que se hizo el año pasado apuntó a otros aspectos del Código Procesal Penal, como ampliar plazos para recursos o modificar condiciones de suspensión condicional del procedimiento. No se modificó nada relativo a privilegios para extranjeros».
Correcciones espontáneas: lo que dijeron en redes
Además de lo anterior, en la misma publicación de X diversos usuarios corrigieron la información recordando que el derecho a defensa es un principio jurídico fundamental y que no depende del gobierno de turno. «Toda persona tiene derecho a defensa del Estado por oficio», escribió uno. Otro agregó: «Eso se llama derecho a la defensa y al debido proceso, y la mayoría de los países del mundo siguen estos principios». Otro comentario fue más directo: «No tiene nada que ver con el gobierno de turno».
Otros usuarios recordaron que incluso criminales y violadores de derechos humanos han tenido acceso a defensa legal, y que la DPP no elige a quién defender, sino que cumple con su mandato legal: «El Estado no elige: es un deber legal defender a quien no puede costear un abogado».
Reincidencia en la desinformación
La afirmación verificada en esta nota no corresponde a una publicación aislada. Según constató Fast Check CL, el mismo usuario ha compartido esta desinformación al menos 18 veces desde enero de 2024, utilizando el mismo texto e imagen en cada caso.
La reiteración de este contenido, a pesar de ser corregido públicamente en varias ocasiones —incluyendo una Community Note en enero de 2024—, refuerza su carácter de desinformación deliberada.
Conclusión
Fast Check CL cataloga esta afirmación como #Engañosa. Si bien imputados vinculados al Tren de Aragua han sido representados por la Defensoría Penal Pública, esto responde a un mandato legal vigente desde 2001, basado en el derecho de toda persona imputada a contar con representación jurídica. No se trata de una decisión del gobierno actual. La DPP fue creada como parte de la Reforma Procesal Penal implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos, no de Michelle Bachelet.
Fuentes
- Constitución Política de la República de Chile: Artículo 19, inciso final del numeral 3°.
- Autonomía de la Defensoría Penal Pública, en conjunto con CEJA y la Universidad Alberto Hurtado, 2021.
- Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública (2001). Biblioteca del Congreso Nacional
- Felipe Godoy, abogado y magíster en Derecho Público.
- Poder Judicial de Chile: causas penales en curso con participación de la DPP en defensa de imputados vinculados al Tren de Aragua.
- Medios de comunicación:
- «Tren de Aragua: la encrucijada de la Defensoría por investigación a defensores penales públicos», Radio Biobio, 12 de octubre de 2023
- «Tren de Aragua: Defensoría confirma que devolvió documentos con nombres de testigos protegidos», Radio Biobio, 15 de septiembre de 2023
- «La dura sanción contra el abogado favorito del Tren de Aragua en Chile», El Mostrador, 06 de junio de 2025
- «Tribunal acogió argumento de la Defensoría y dejó sin cautelares a mujeres detenidas en caso ‘Tren de Aragua’», ‘Sala de prensa’ de la Defensoría Penal Pública, 17 de junio de 2022
- Publicaciones en X verificadas por Fast Check CL entre enero de 2024 y junio de 2025.
