Pasado el mediodía, en pleno centro de Santiago, José Hernández paralizado y sin entender nada, se desvaneció. Lo último que escuchó fue: “¡Alto!”, mientras una bala atravesaba el lado izquierdo de su pelvis.
Nacido en Venezuela, José lleva diez años viviendo en Chile, se casó en tierra nacional y actualmente tiene dos hijos pequeños. Estudió cocina en su país natal y se dedicó al rubro gastronómico hasta que comenzó la pandemia. Actualmente, lleva más de dos años dedicado a la mantención de climatización y refrigeración.
Fue exactamente camino a su trabajo cuando ocurrió el evento que lo dejaría con graves consecuencias hasta el día de hoy. «Yo me quedé congelado porque tuve demasiado miedo, no voy a alardear de una valentía que no tengo», relata José.
Con el patrocinio del abogado Braulio Jatar y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José presentó una querella en contra de todos los funcionarios policiales que resulten responsables, imputando el delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos.
El inicio de una pesadilla
La situación ocurrió el 31 de octubre de 2023, en las intersecciones de calle Diagonal Paraguay con Portugal, esquina donde se encuentra una sucursal bancaria. José Hernández, el afectado, accedió a contar su testimonio a Fast Check CL. Aún conmocionado debido a lo traumático del hecho, narra que al momento de pasar por el lugar, notó a dos hombres —que parecían ser padre e hijo— saliendo del banco. Atrás los venían siguiendo un grupo de individuos.
Inmediatamente, José se percató que estos sujetos tenían la intención de asaltar a quienes venían saliendo del banco. «Los trata de tumbar al suelo», relata. Al ver la situación, asegura que empieza «a moverme hacia atrás, a retirarme».
Fuen en medio del altercado y cuando intenta alejarse del forcejeo, que un hombre vestido de civil saca un arma, apunta directamente a José y le grita: “¡Alto!”. «Me quedo en completo shock, en pánico, me quedo inmóvil».
«Lo que vi en la cara de ese policía me dio mucho miedo», recuerda José.
«El disparo fue muy rápido, yo no tuve nunca disposición de moverme, de correr, que es el instinto natural», recuerda el afectado. De acuerdo con los hechos relatados en la querella, el disparo se efectuó a tres metros de distancia y afectó a José en la zona de la pelvis, provocando un traumatismo de múltiples órganos intraabdominales.
Aunque fue sometido a dos operaciones, José dice que la bala quedó alojada en su coxis de manera subcutánea y que hasta ahora sigue incrustada en el mismo lugar.
Un trauma que no cesa
Al momento del impacto de bala, José cayó al piso y divisó a alguien acercándose. Se trataba de un automovilista que le ofreció llevarlo al hospital. Ya en el auto, la desesperación de José comenzaba a aumentar, y no solo por el dolor. «Realmente quería comentarle a alguien que me conociese lo que me estaba sucediendo», es por eso que llamó de inmediato a su esposa, quien concurrió rápidamente al centro de asistencia médica.
Una vez llegó (me parece que falta un conecto) al hospital de urgencias, el dolor era insoportable. Al ingresarlo, José asegura que el trato no fue el mejor; el personal médico creía que había participado del robo. «Yo no soy un asaltante, no me dejen morir», repetía entre gritos y lágrimas.
De inmediato lo derivaron a cirugía para tratar la herida que había afectado su intestino, pero no se pudo llevar a cabo la operación para quitar la bala de su cuerpo. Si bien ya han transcurrido cerca de dos años desde el incidente, José ha preferido no llevar a cabo el procedimiento, ya que entrar al quirófano lo trae de vuelta a los recuerdos que vivió en 2023.
Su abogado, Braulio Jatar comenta a Fast Check CL que «él –José– sinceramente tiene todavía un trastorno asociado a esa condición traumática, tiene afectación emocional», por lo que en cuanto a la operación para extraer la prueba balística, plantea: «yo no lo voy a hacer pasar por eso en primera instancia».
De acuerdo con el propio afectado, el daño no fue únicamente físico: «me trajo graves problemas económicos que hasta hoy estoy viviendo». Así como también un deterioro psicológico que derivó en un tratamiento psiquiátrico. «Yo no tenía ganas de vivir, me sentía deprimido, sentía miedo, no quería salir», recuerda con angustia.
El delito que se acusa
Con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la víctima presentó una querella penal en contra de los dos funcionarios de Carabineros involucrados en el hecho. Según el documento al que tuvo acceso Fast Check CL, la acción judicial acusa a ambos policías del delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, tipificado en el artículo 150 D del Código Penal, incorporado por la Ley 20.968.
El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente.
Este delito es castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir, 541 días (1 año y medio) hasta 5 años de privación de libertad. Jatar, su abogado, añade que «estamos ante el caso de una víctima inocente a la cual se le produjo un inmenso daño y quien tiene todavía la máxima prueba del delito alojado en su propio cuerpo».
La identidad exacta de los responsables se desconoce, sin embargo, José y su abogado especulan que serían de Carabineros, dado que las diligencias posteriores las realizaron funcionarios de dicha institución, por lo que ellos tendrían el caso en sus manos.
José confiesa que, si bien intentó constatar esta situación en comisarías, no obtuvo éxito, dado que le señalaban que debía presentarse directamente ante el Ministerio Público.
«Uno como extranjero se siente indefenso, no sabes qué decir, temes un poco que los servicios públicos no te presten la ayuda», confiesa. De esta manera, dejó pasar el tiempo y comenzó a perder la esperanza, hasta que dio con el estudio jurídico donde trabaja Braulio Jatar.
Jatar explica que, tanto para su representado como para él, lo más importante es que «la sensatez del cuerpo se imponga, identifique al responsable, lo ponga a la orden de la justicia y nosotros avanzar». José por su parte señala: «No es tanto que haya una indemnización, yo lo que quiero es que haya justicia. Debe haber una responsabilidad en el hecho de de usar un arma de fuego contra una persona indefensa».
El abogado representante hace hincapié en que «no hace falta agraviar más a este señor —José—», por lo que se apelará a que la propia institución responsable asuma su error antes que someter a la víctima a una operación para obtener la bala como medio de prueba: «esperamos no tener que llegar a eso», finaliza.
Fast Check CL se puso en contacto con Carabineros de Chile para obtener su versión de los hechos, sin embargo, declinaron dar declaraciones en razón de que existe un proceso judicial en curso.
