Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por diversos delitos de corrupción, entre ellos fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado y reiterado. Según la Fiscalía de O’Higgins, durante su gestión en la CORMUN, la exautoridad habría defraudado cerca de $2.300 millones, beneficiando a una red de empresarios mediante tratos directos sin justificación, condonación de multas y pagos por obras no ejecutadas a cambio de dinero.
En ese contexto, la Contraloría Regional de O’Higgins detectó diversas irregularidades en tratos directos del municipio, según el Informe Final 479/2024. Una de las empresas involucradas es Inversiones Santa Elena SpA, que recibió más de $334 millones bajo esa modalidad. De una muestra analizada por el ente fiscalizador, concluyó que los contratos se aprobaron sin justificación legal.
Todo comenzó en 2022, cuando Ciper reveló que, a solo cuatro meses de asumir como alcalde, Godoy benefició con $207 millones a empresas vinculadas a su amigo, Javier Cornejo. En marzo de este año, un reportaje de Megainvestiga informó que Inversiones Santa Elena SpA estaría siendo investigada por su posible rol como empresa fachada de Cornejo.
Fast Check CL reconstruyó la historia que puso a Inversiones Santa Elena SpA bajo la lupa de la Fiscalía. También identificó los tratos directos que la empresa firmó con la CORMUN. El informe advierte, además, un uso sistemático de este tipo de contrataciones, pérdidas acumuladas por más de $7.300 millones, pagos duplicados y otras irregularidades en la gestión municipal.
El vínculo del exalcalde y Cornejo
Juan Ramón Godoy y Javier Cornejo se conocen desde la infancia, vivían en la misma villa y se reencontraron alrededor de 2017-2018. «Ahí se volvió a tener (…) el vínculo más cercano» relató el propio Cornejo a Ciper. Entre 2021 y 2022, a pocos meses de haber asumido como alcalde de Rancagua, la administración de Godoy emitió 61 órdenes de compra por un total de $207 millones a empresas vinculadas a Cornejo, mediante trato directo, según constató dicho medio.
Esto derivó en una investigación judicial que hoy mantiene al exedil en prisión preventiva. Este año, un reportaje de Megainvestiga sumó antecedentes que vinculan directamente a la empresa Inversiones Santa Elena SpA con Javier Cornejo.
De acuerdo con esa investigación, la Fiscalía indaga a distintas empresas que Cornejo habría utilizado —de forma directa o indirecta— para obtener contratos con la CORMUN. Una de ellas, sería Inversiones Santa Elena, cuyo representante legal es Hernán Fernández Vallejos.
Cornejo declaró a la PDI que operaba en la CORMUN a través de otras empresas debido a que las suyas estaban «funadas» por su cercanía con el alcalde, constató Megainvestiga. Sobre Santa Elena, afirmó que era una firma manejada por su dueño, Hernán Fernández, «con quien hemos hecho algunos negocios muy puntuales y distantes». Sin embargo, un funcionario del área de finanzas de la CORMUN declaró haber visto a Fernández asistiendo a cobrar pagos de empresas que, si bien figuraban a su nombre, en realidad pertenecerían a Javier Cornejo.
De acuerdo a lo que consigna el reportaje de Megainvestiga, la Fiscalía calificó a la empresa de Fernández como un testaferro de Cornejo, es decir, una sociedad utilizada para seguir accediendo a tratos directos con la CORMUN.
Fast Check CL consultó a Hernán Fernández Vallejos sobre la declaración que Javier Cornejo entregó a la PDI. Al respecto, señaló: «Le informé a la Fiscalía que creo que se refería a que varias veces nos prestamos dinero para realizar obras en las que a uno u otro le faltaron recursos».
El origen de Inversiones Santa Elena
El 24 de noviembre de 2016, Hernán Fernández Vallejos —único accionista y representante legal— constituyó Inversiones Santa Elena SpA , registrando como domicilio la comuna de Rancagua. Con un capital de $4 millones, la sociedad fijó su objeto social, dedicada principalmente a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, construcción, venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en almacenes especializados, y comercio al por menor no especializado en almacenes.
Inversiones Santa Elena SpA es, justamente, una de las firmas observadas por la Contraloría en el último informe, tras una denuncia que advertía múltiples contrataciones directas con la CORMUN, entidad que se financia con recursos públicos desde el municipio de Rancagua, pero que se rige por derecho privado.
Concretamente, entre 2022 y 2023, el gasto total asociado a la empresa alcanzó los $334.042.317 desde CORMUN. De ese monto, la auditoría de la Contraloría examinó una muestra de $151.081.300 —equivalente al 45,23% del total— identificando pagos realizados bajo la causal de «emergencia, urgencia e imprevisto».
No obstante, el órgano objetó este mecanismo de compra, advirtiendo que la CORMUN no acreditó de manera suficiente los fundamentos que justificaran omitir una licitación pública o privada. Por reglamento de Compras Públicas, los tratos directos requieren un acto administrativo fundado, lo que en este caso habría sido insuficiente.
La revisión incluyó nueve pagos realizados en dos años, entre ellos egresos que sumaron $13.845.676 en 2022 y $137.235.624 solo en 2023. El informe subraya, además, que no basta con citar la normativa: deben explicarse los hechos concretos que motivaron el uso excepcional de cada trato directo.
Fast Check CL contactó a la CORMUN, remitiendo una serie de preguntas para consignar su versión en este artículo. Al respecto, se limitaron a responder: «Podemos señalar que la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua se encuentra adoptando todas las medidas ordenadas en el informe emitido por el ente contralor dentro de los plazos que nos han concedido». No hubo menciones específicas a qué tipo de controles o medidas correctivas se están realizando.
Órdenes de compra con Rancagua
Fast Check CL revisó las órdenes de compra asociadas a Inversiones Santa Elena SpA en el Mercado Público. En total, la empresa ha recibido $716.688.122 desde distintos organismos del Estado. De ese monto, el 86,94% corresponde a compras realizadas por la Municipalidad de Rancagua o la CORMUN, mientras que solo el 13,06% proviene de otras instituciones públicas.
Casi todas las órdenes de compra se concentraron entre 2022 y 2023; fuera de ese periodo, la única transacción registrada data de 2019 y asciende a cerca de $250 mil.
Dentro de las compras realizadas, $106.844.336 fueron emitidos por la municipalidad —a través de una licitación— y $516.233.269 por la CORMUN, monto que se distribuye entre una licitación y 21 tratos directos.
Las licitaciones
La licitación con la Municipalidad de Rancagua estuvo abocada para la reposición de los baños del edificio Tomás Guaglen. El contrato se le adjudicó a Inversiones Santa Elena SpA por ser el único oferente, siendo firmado por el alcalde de ese entonces, Juan Ramón Godoy (ver documento). Sin embargo, la obra tuvo un término anticipado del contrato debido a que el contratista «no presenta avances en la obra y ésta posteriormente fue abandonada» (ver documento).
En tanto, con la CORMUN, Inversiones Santa Elena SpA se adjudicó $215.246.200 por la construcción de 90 bóvedas rectas en el cementerio municipal, por ser la única empresa que cumplía con las exigencias de las bases administrativas. Al igual que en el caso anterior, el contrato terminó anticipadamente por falta de avances y posterior abandono de la obra por parte del contratista, situación que también se denunció en el reportaje de Mega (ver documento).
Los tratos directos
Tras revisar los 21 tratos directos registrados en Mercado Público, se constató que no todos están disponibles en el sistema: la suma totaliza $300.987.069, mientras que la Contraloría observó un monto mayor de $334.042.317.
El trato directo de mayor cuantía fue por $208.639.473 y tenía como objetivo mejorar la infraestructura del Instituto Tecnológico Minero, bajo la causal de «emergencia, urgencia e imprevisto». Se presentaron tres cotizaciones, siendo la de Inversiones Santa Elena SpA la más baja. No obstante, esta obra, al igual que otras anteriores, resultó finiquitada anticipadamente por incumplimiento de plazos. Originalmente, debía ejecutarse en 70 días, pero se amplió a 210 días antes de su término anticipado (ver documento).
Los 20 tratos directos restantes suman $92.347.596 y fueron realizados también bajo la misma causal de emergencia. De estos, 16 corresponden a dos adjudicaciones que agrupan –respectivamente– 10 y 6 servicios para trabajos en establecimientos educacionales.
Hernán Fernández Valenzuela afirmó a Fast Check CL que el atraso en las obras se debió a problemas de liquidez: «Hasta el día de hoy no me pagan la de 90 bóvedas rectas y eso me dejó sin capital para poder continuar, lo que me llevó a la más absoluta insolvencia».
Los otros hallazgos de Contraloría
Además de los reparos a los tratos directos con Inversiones Santa Elena SpA, la Contraloría detectó irregularidades financieras en la CORMUN, incluyendo un déficit de más de $4.200 millones en 2023. La entidad reconoció la situación y la atribuyó a una gestión ineficiente y a gastos acumulados tras la pandemia, especialmente en educación y salud.
También se constató el uso irregular de fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que por ley deben destinarse a fines educativos. A lo anterior, se suman los más de $3.800 millones usados para pagar remuneraciones y servicios en salud, informado al Ministerio Público.
Entre las otras anomalías detectadas están los pagos duplicados por $59 millones, sueldos a personas sin vínculo laboral, indemnizaciones sin fundamento y asignaciones indebidas. En varios casos, la CORMUN no presentó pruebas de reintegro ni respaldo contable.
La Contraloría instruyó la regularización documental en 60 días y anunció procedimientos disciplinarios. Parte de los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado.
