Cristián Mazuela Gutiérrez ejerció como funcionario de la Subsecretaría de Agricultura durante más de cinco años, ingresando en 2014 como encargado de remuneraciones. Sin embargo, una auditoría interna detectó una serie de irregularidades que dieron origen a una investigación por presunto fraude al Fisco.
En diciembre de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra, acusándolo de manipular planillas de remuneraciones para obtener pagos indebidos por cerca de $15 millones. La causa quedó radicada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y tuvo su último movimiento en enero de 2024.
Mientras tanto, Mazuela ha reconstruido su vínculo con el Estado a nivel local, primero como dirigente vecinal y posteriormente como funcionario municipal, contratado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La querella del CDE
Cristián Mazuela Gutiérrez, contador de profesión, ingresó a la Subsecretaría de Agricultura en agosto de 2014, donde se desempeñó como encargado de remuneraciones en el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas. Hasta su salida en febrero de 2021, percibió un sueldo que fluctuaba entre $2,1 y $2,8 millones mensuales.
Entre sus principales funciones estaba verificar que los pagos al personal coincidieran con los haberes y descuentos correspondientes. Paralelamente, ejerció como presidente de la Asociación de Funcionarios de la institución.
Cinco años más tarde, una revisión realizada por la Unidad de Auditoría Interna de la misma Subsecretaría detectó pagos irregulares y en exceso a favor de Mazuela Gutiérrez, por un total de $14.898.251. El perjuicio fiscal se habría generado a través de tres mecanismos principales:
- Pagos en exceso por ítems como «asignación de título y bono de modernización».
- Descuentos menores en conceptos como «préstamo habitacional, préstamo personal, préstamo de emergencia, bonificación no imponible y seguro de desgravamen».
- Diferencias en las cotizaciones previsionales de salud e impuestos.
¿Cómo presuntamente se efectuó el hecho? Las liquidaciones de remuneraciones se generaban mediante el sistema informático P y R, que producía planillas en formato Excel. De acuerdo con la auditoría interna, Cristián Mazuela habría intervenido esas planillas, adulterando los datos antes de enviarlas a la unidad de finanzas para su procesamiento y pago.
Con estos antecedentes, en diciembre de 2020, el CDE presentó una querella en su contra, calificando los hechos como «constitutivos del delito reiterado de fraude al Fisco (…) en grado de desarrollo CONSUMADO, y correspondiéndole al imputado la calidad de AUTOR».
Avance en la causa
Actualmente, la causa se encuentra sin avances visibles. El último movimiento registrado en Poder Judicial data del 31 de enero de 2024, cuando el tribunal autorizó una ampliación del plazo de investigación por 60 días. Desde entonces, ha pasado más de un año sin que se consignen nuevas actuaciones en la causa.
Consultados por Fast Check CL, el CDE confirmó que efectivamente se querelló contra Cristián Mazuela en diciembre de 2020 por el delito de fraude al Fisco, y agregó que el imputado también fue formalizado por el delito de malversación de caudales públicos, a solicitud del Ministerio Público.
«Actualmente dicha causa se encuentra en desarrollo y el imputado apercibido por el Tribunal a informar cualquier cambio de domicilio», agregó el organismo. Sin embargo, la entidad advirtió que las diligencias en curso son reservadas, por lo que no puede entregar mayores antecedentes.
La actualidad de Mazuela Gutiérrez
Cristián Mazuela Gutiérrez figura actualmente como presidente de la Junta de Vecinos Color Esperanza, ubicada en la Villa El Remanso. Según el Registro de Colaboradores del Estado, dicha organización recibió una subvención municipal por $958.562 para la compra de equipamiento comunitario, a través de un decreto fechado el 24 de julio de 2024.
El 26 de agosto del mismo año, Mazuela ingresó a trabajar en la Municipalidad de Los Andes bajo el Código del Trabajo, desempeñándose como administrativo en el Departamento de Educación Municipal (DAEM). A comienzos de este año, fue trasladado al Liceo Maximiliano Salas Marchán —cuya administración depende del municipio— donde actualmente cumple funciones administrativas financiadas por la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
En estos cargos ha recibido una remuneración inferior a la que percibía en la Subsecretaría: su sueldo actual oscila entre $520.000 y $600.000 mensuales.
Cabe precisar que la normativa chilena no impide que una persona imputada penalmente sea contratada en organismos públicos. En el Código del Trabajo no se exige intachabilidad previa ni se prohíbe contratar a imputados. Asimismo, el Estatuto Administrativo Municipal no establece restricciones en estos casos, salvo que exista una inhabilitación o condena firme.
Fast Check CL envió preguntas a la Municipalidad de Los Andes, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
