En junio pasado, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se reunió personalmente con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para presentarle el plan de cierre de la Corporación Gabriel González Videla —dependiente del municipio— en razón del grave estado financiero de la entidad, esto por deudas millonarias y la proliferación de casos de corrupción.
Según un reportaje de CIPER, una auditoría interna arrojó que la corporación pagó $1.400 millones a 21 «funcionarios fantasmas» por labores inexistentes. Ya en febrero del año 2024, la Contraloría General de la República (CGR) había publicado que 19 funcionarios desfalcaron a la institución, motivando una investigación penal que reside en el Juzgado de Garantía de La Serena.
En febrero de este 2025, el tribunal ordenó prisión preventiva contra cuatro personas, entre ellas: Natalia Cadena Munita —excoordinadora de del Departamento de salud de la corporación entre el 2015 y 2021—, y su cónyuge, Cristian Muñoz Fredes, como presuntos responsables y cabecillas del fraude. En tanto, otras 13 personas quedaron con arresto domiciliario total y arraigo (ver artículo de El Día).
Así las cosas, este 7 de julio, la corporación municipal de La Serena presentó una nueva querella, dirigida en contra de Nicole Cadena, por irregularidades administrativas, contables y tributarias que se destaparon a raíz de la auditoría descrita y los insumos de la CGR. Fast Check CL tuvo acceso a cómo presuntamente Cadena llevó adelante, junto a su cónyuge, la defraudación de más de $115 millones.
La Serena: el esquema de Nicole Cadena
Según el escrito, Nicole Cadena recibió un monto total de $351.496.464 en fondos «por rendir», los cuales estaban destinados a la ejecución de diversas actividades institucionales. La auditoría interna se centró en una muestra significativa: 189 rendiciones por un valor de $257.940.393. Fue en esta revisión donde se detectó el alcance de las presuntas irregularidades.
Cadena habría presentado facturas visiblemente adulteradas —incluyendo documentos identificados con los números 20, 23, 38, 39, 51, 53, 60, 97, 111, 114, 173 al 177, 180, 307, 342, 725, 882, 1841 y 7646—, reutilizado respaldos en distintas rendiciones y utilizado facturas emitidas por su cónyuge, Cristian Muñoz Fredes, configurando un eventual conflicto de interés y simulación de gastos.
En ese marco, se detectaron 174 facturas objetadas por un monto total de $115.119.542: 128 presentan discrepancias con la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), 38 no fueron autorizadas, 7 no figuran como recepcionadas y 1 fue anulada.
Estos antecedentes, a juicio de la corporación, configuran los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, falsificación o uso de documento tributario falso, apropiación indebida de caudales públicos, administración desleal y eventual negociación incompatible.
La querella incluye una acción civil para obtener la reparación del daño emergente —estimado en $115 millones— y del daño moral institucional —calculado en $50 millones—, y solicita al Juzgado de Garantía de La Serena que remita los antecedentes al Ministerio Público e instruya a la Policía de Investigaciones para indagar la participación de la imputada y eventuales cómplices.
Nicole Cadena «eventualmente falseó documentos tributarios y ejecutó conductas dolosas con la finalidad de apropiarse indebidamente de fondos públicos», dice el líbelo. Se describe una «operación sistemática, prolongada y organizada de manipulación de documentos tributarios», que incluyó la presentación de facturas falsas o ideológicamente falsas y rendiciones sin el debido respaldo contable.
De acuerdo a palabras del fiscal Cooper, Nicole Cadena, Cristian Muñoz y Bélgica Guerra —otra imputada en el caso—, fabricaban documentos por labores ficticias, efectuaban pagos a terceros que se quedaban con comisiones y, posteriormente, derivaban el dinero al esposo de la coordinadora del área.
Las otras querellas contra Nicole Cadena
Sumada a la reciente querella, Fast Check CL recopiló el resto de las acciones judiciales en contra de Nicole Cadena. La primera fue por estafa de $73.267.950 tras detectar pagos de boletas de honorarios a personas sin vínculo contractual, entre ellas Carlos Rodríguez Maturana ($65,4 millones) y Tania Muñoz Fredes ($7,2 millones).
La investigación vincula a Cristian Muñoz Fredes —administrador de MUCAD SpA, sociedad que también habría recibido pagos— con su cónyuge, Nicole Cadena, y su hermana Tania Muñoz. Cadena, quien renunció en enero de 2022, tenía a su cargo la primera visación de pagos y los montos por rendir apuntados en la querella presentada el 7 de julio pasado.
Tras el destape de la acusación, se presentó otra querella por estafa contra el matrimonio de Cristián Muñoz y Nicole Cadena, acusándolos de venderle un inmueble por $85 millones ocultando que estaba gravado y con prohibiciones. Según la acción legal —que tiene como presunta víctima a Érika Becerra— los querellados habrían actuado con engaño deliberado para concretar la compraventa.
El escrito describe que la propiedad ya tenía una promesa de compraventa previa, una hipoteca y una prohibición de gravar o enajenar a favor de MIPLUSVALIA GESTORA SpA y COMPAÑÍA CPA CINCO, antecedentes que los vendedores conocían antes de la operación. La acción judicial se encuentra en pleno trámite.
