La Municipalidad de Peñalolén presentó una querella criminal por el delito de Fraude al Fisco en contra de Cindy Grace Ramírez Jara, trabajadora de la Corporación de Deportes y Recreación de la comuna. Según se detalla en la acción judicial, la funcionaria habría evadido el descuento de las cuotas de un crédito personal desde su remuneración, trasladando esta obligación económica a la Corporación y, en última instancia, al erario municipal. El perjuicio total fue estimado en $4.213.560.
La querella fue interpuesta ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago por el alcalde Miguel Concha. En el escrito se sostiene que los hechos configuran una conducta reiterada y dolosa, que se habría materializado aprovechando el cargo de confianza que Ramírez Jara ocupaba dentro de la administración del sistema de remuneraciones.
Cindy Ramírez Jara ingresó a la Corporación de Deportes y Recreación de Peñalolén el 2 de enero de 2018, desempeñándose inicialmente como Encargada de Archivo y tareas administrativas.
A partir de enero de 2022 asumió el cargo de Asistente de Recursos Humanos, puesto en el que tuvo a su cargo la gestión operativa del sistema de remuneraciones, con facultades para cargar, modificar y validar los descuentos por planilla de todos los trabajadores de la entidad.
Fast Check CL consultó por la permanencia de la querellada, desde la Municipalidad de Peñalolén explicó que «fue desvinculada (…) en el mes de julio, por lo que ya no es funcionaria de dicho establecimiento».
Los hechos que imputa Peñalolén
Entre sus responsabilidades se encontraba también la administración de convenios con instituciones financieras, como Coopeuch, que ofrecía créditos con condiciones preferentes para los funcionarios. De esta manera, disponía de acceso privilegiado a la planilla mensual de sueldos.
El mecanismo que habría permitido —presuntamente— la comisión del presunto fraude se detectó durante el segundo trimestre de 2025, cuando la Corporación inició una auditoría interna destinada a revisar la aplicación de los descuentos por préstamos personales.
La investigación se activó tras advertirse inconsistencias entre los registros internos de remuneraciones y las planillas enviadas periódicamente a Coopeuch. El análisis habría revelado que, si bien las cuotas del crédito personal que Ramírez Jara mantenía con la cooperativa fueron transferidas mes a mes desde la cuenta bancaria de la Corporación hacia la institución financiera, esos mismos montos no fueron descontados de sus remuneraciones brutas.
En consecuencia, la trabajadora recibió —denuncia la querella— su sueldo íntegro, mientras la Corporación absorbió el costo de su obligación crediticia.
La revisión contable habría determinado que la situación se prolongó por un período de 26 meses, entre septiembre de 2022 y agosto de 2024, además de los meses de febrero y marzo de 2025. Cada cuota correspondía a $162.060, lo que permitió establecer un perjuicio total de $4.213.560. El crédito personal de Ramírez Jara con Coopeuch tiene vigencia desde junio de 2022 hasta julio de 2027.
La querella hace hincapié en que esta irregularidad se verificó únicamente en el caso de la trabajadora, descartando fallas sistémicas o errores generalizados en el sistema de remuneraciones.
El perjuicio estaría supuestamente respaldado mediante informes de contabilidad interna, comunicaciones oficiales con Coopeuch, registros del Banco BCI y análisis conjuntos de las áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad de la Corporación. Asimismo, la Unidad Anticorrupción Municipal tomó conocimiento del caso.
Con base en estos antecedentes, el escrito judicial califica los hechos como un «fraude al fisco metódico y doloso», que habría afectado directamente el patrimonio municipal de Peñalolén. La acción penal imputa a Cindy Ramírez Jara el delito de Fraude al Fisco, atribuyéndole participación en calidad de autora y señalando que el ilícito se encuentra en grado de consumado.
Los otros casos de la Corporación
El caso de Cindy Ramírez Jara no sería la única situación cuestionada dentro de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén. Fast Check CL accedió a una solicitud de pronunciamiento presentada a inicios de agosto de 2025 por la concejala Daniela López, en el que pide a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre un eventual perjuicio patrimonial en la entidad.
En el escrito, la edil expone presuntas irregularidades vinculadas al pago de indemnizaciones laborales a exfuncionarios de la Corporación. Según detalla, estos desembolsos se habrían realizado sin un fundamento jurídico claro, utilizando recursos públicos en contextos en los que no existiría obligación legal de efectuar tales pagos.
El documento sostiene que esta práctica podría constituir un uso arbitrario de fondos públicos y un eventual perjuicio al erario de la Corporación y, en consecuencia, de la Municipalidad. Entre los casos que menciona están:
- Andrea Palma Canales, exdirectora de Administración y Finanzas, quien recibió $21.564.968 pese a haber sido despedida por motivos disciplinarios, lo que no daría derecho a indemnización
- Claudio Lucavechi Díaz, exjefe de Área de Organizaciones Deportivas, quien obtuvo $9.710.940 tras renunciar voluntariamente.
La concejala López solicita que la Contraloría determine la legalidad de estos pagos, evalúe si constituyeron un perjuicio patrimonial y, en caso de confirmarse, disponga medidas de fiscalización y control sobre la Corporación.
