El 29 de septiembre la Corte Suprema confirmó, en decisión dividida, el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por fraude al Fisco. La resolución adoptada se enmarca en la recta final de lo que será la campaña senatorial de Calisto, quien es parte de la lista oficialista Verdes Regionalistas y Humanistas, que agrupa al Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista.
Calisto se encuentra investigado junto a otros estrechos colaboradores: Carla Graf, exasesora del diputado —entre marzo de 2018 y febrero de 2022—; Roland Cárcamo, esposo de Graf y exjefe de campaña del diputado; y Felipe Klein, asesor del parlamentario y exconsejero regional de Aysén.
Concretamente, se les acusa de una presunta participación como responsables o participantes de maniobras de desvío de recursos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias, con contratos presuntamente fraudulentos y transferencias de dinero durante períodos de campañas políticas.
Fast Check CL reveló, en agosto de este año, correos electrónicos donde un empresario de la zona, Claudio Campusano, les exige el pago por las cuotas de una parcela a Cárcamo y Calisto. Dicho terreno habría sido pagado, en parte, con dineros de asignaciones parlamentarias.
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Sin embargo, nuevos antecedentes surgieron tras la audiencia en la Corte Suprema. En los argumentos (ver aquí) que esgrime el Consejo de Defensa del Estado (CDE) —como parte querellante— se mencionan otros nombres que habrían recibido dineros provenientes de la antigua asesora de Calisto: Carla Graf.
Los Soto
Tras los argumentos de la Fiscalía Regional de Aysén, llegó el turno de Paulo Gómez, abogado procurador en representación del Consejo de Defensa del Estado, quien ante los ministros de la Corte Suprema, aseveró que «vemos que se justifica que estos fondos son para beneficio personal del diputado».
Gómez comienza diciendo que Graf «le transfiere al diputado directamente, tanto a su cuenta corriente como para el pago de esta parcela, al círculo íntimo, a su propio marido, a don Felipe Klein, en periodo justamente de campañas políticas». Luego complementa:
«Pero hay otras transferencias que también se detectaron en la carpeta de investigación, que dice relación con don Hugo Soto y don Américo Soto. Al primero $16.760.000 y al segundo $9.928.000 y fracción».
¿Cuál sería la justificación? «Estas transferencias son reembolsos de gasto de campaña y de gestión territorial. ¿Por qué tendrían que salir para esos fines dinero del patrimonio de la señora Graf? Deberían haber salido del patrimonio del propio parlamentario», sostuvo Paulo Gómez.
Nexo entre Américo Soto y Miguel Ángel Calisto
Desde diciembre de 2021, Américo Soto González se desempeña como jefe de gabinete del alcalde Carlos Gatica en la Municipalidad de Coyhaique. Sin embargo, desde marzo de 2025 figura en el portal de Transparencia del municipio como profesional de Tránsito y Transporte Público. Pese a ello, en el acta del Concejo Municipal del 13 de agosto de este año, Soto es presentado nuevamente como jefe de gabinete. También se le reconoce con el cargo en una reciente entrevista radial.
Soto no es un desconocido en la Región de Aysén. Según constató Fast Check CL mediante Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, trabajó en el equipo de apoyo del diputado Miguel Ángel Calisto entre julio de 2019 y noviembre de 2021, período en el que coincidió con Carla Graf.
Durante su paso por el Congreso, comenzó percibiendo una remuneración de $1,6 millones, la que al final de su participación alcanzó los $2,5 millones. Sus últimos meses en el equipo coincidieron con la campaña electoral de Calisto. En este contexto, de acuerdo con lo señalado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Paulo Gómez, la carpeta investigativa consigna que Soto habría recibido más de $9,9 millones por concepto de «reembolso de gasto de campaña y gestión territorial» por parte de Graf, en relación con la candidatura a la diputación de Calisto.
Según Gómez, este hecho constituye un indicio de que «los dineros obtenidos de estos contratos (por parte de Graf), de estas simulaciones de contratos, por las cuales se obtenían ilícitamente estos honorarios, después eran redistribuidos, triangulados hasta este grupo de personas muy cercanas al diputado».
Esta redacción revisó la rendición de gastos de campaña de Miguel Ángel Calisto y constató que no se encuentra registrado el «gasto de campaña y gestión territorial» presuntamente realizado por Américo Soto.
Consultado por Fast Check CL, Américo Soto prefirio no referirse al tema, señalando que se trata de una investigación en curso.
Hugo Soto, el socio de Roland Cárcamo
Desde febrero de 2016, Hugo Soto Orellana figura como funcionario a contrata en el Servicio de Salud de Aysén, comenzando como asistente social y actualmente desempeñándose como apoyo logístico.
Durante este tiempo coincidió con Roland Cárcamo, con quien habría desarrollado una cercanía que los llevó a formar una empresa juntos en abril de 2018: Consultora CCS ROCH Limitada. La sociedad tiene como objetivos capacitar, evaluar y desarrollar proyectos, realizar encuestas y brindar asesoramiento, además de cualquier otra actividad que acuerden los socios. La empresa comenzó con un capital de $3 millones, aportados en partes iguales por Cárcamo y Soto (ver documento acá).
En este contexto, el abogado del CDE, Paulo Gómez, señaló que Hugo Soto habría recibido $16.760.000 por parte de Carla Graf, bajo el concepto de «reembolso de gasto de campaña y gestión territorial». Este supuesto gasto tampoco aparece registrado en la rendición de gastos de la campaña 2021 del diputado Miguel Ángel Calisto.
Fast Check CL envió un cuestionario a Hugo Soto; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
La versión de la defensa
La defensa de Carla Graf, representada por el abogado Guillermo Briceño, abordó los alegatos vinculados al desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, subrayando que la decisión de la Corte Suprema «no guarda relación con la participación» de su clienta. Briceño recordó que el máximo tribunal, por tres votos contra dos, solo confirmó la apertura de una causa penal respecto del actual diputado, precisando que «en ningún caso se resolverá acerca de la culpabilidad del actual diputado, menos de mi clienta».
Briceño enfatizó que el proceso de desafuero se rige por un estándar distinto al de un juicio penal, por lo que las afirmaciones hechas durante los alegatos «no persiguen la certeza». En ese contexto, señaló que los intervinientes «son libres de realizar aseveraciones y conjeturas», aunque —añadió— «uno tendría la legítima expectativa de cierto grado de deferencia y decoro, para no referirse a quien no está presente ni puede defenderse en ese momento».
Respecto de las transferencias cuestionadas, Briceño reiteró que «se realizan en el marco de convenios entre particulares», detallando que corresponden a operaciones como la compra de un vehículo, trabajos en una parcela y distintos préstamos. «No se trata solo de una conjetura, sino que lo referido es consistente con las declaraciones vertidas en esta investigación», añadió.
Finalmente, el abogado enfatizó que el Ministerio Público lleva tiempo investigando y, de acuerdo con la información disponible, «no se ha abierto una investigación relacionada con financiamiento de campañas políticas, ni en Fiscalía, ni en el Servel».
