Denuncian a funcionarios de Bienes Nacionales que habrían sido subcontratados en licitación de la Estrategia Nacional del Litio

Una denuncia presentada ante la Fiscalía Centro Norte acusa que funcionarios de Bienes Nacionales fueron subcontratados de forma irregular en el marco de la licitación de la Estrategia Nacional del Litio, adjudicada en 2023 a la empresa Cliodinámica. El escrito señala que se pagaron transcripciones no contempladas en el contrato, realizadas por funcionarios y familiares cercanos. Fast Check CL accedió a fotografías en las que se exhiben los presupuestos por el servicio, detallando cómo se organizaba y cuánto se cobraba por minuto de audio. Todo ocurrió -detalla la denuncia- mientras les correspondía ejercer labores en Bienes Nacionales.
Licitación

En julio de 2023, el Ministerio de Minería adjudicó a la empresa Cliodinámica Ltda. la licitación de asistencia técnica para ejecutar el proceso de diálogo y participación ciudadana de la Estrategia Nacional del Litio. El contrato, por un monto de $495 millones, consideraba la realización de encuentros en distintas regiones del país con comunidades, representantes de la academia y de la industria.

La Estrategia Nacional del Litio fue presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric como una de sus iniciativas relevantes en materia productiva. Entre sus objetivos estaban establecer una nueva gobernanza del recurso, impulsar la investigación y la innovación, y recoger propuestas de actores locales e indígenas sobre el futuro de la industria.

Fast Check CL accedió a una denuncia presentada ante la Fiscalía que apunta a irregularidades en la ejecución del contrato. El documento detalla la existencia de una red de funcionarios de Bienes Nacionales que habría sido subcontratada de manera irregular para realizar tareas no contempladas en las bases de la licitación.

Esta redacción comprobó que algunos de estos funcionarios tienen vínculos familiares y laborales entre sí, lo que según la acusación habría derivado en posibles infracciones a la probidad administrativa. El denunciante, cuya identidad se mantendrá en reserva, sostiene que estas acciones permitieron a funcionarios públicos obtener beneficios económicos indebidos.

Desde el Ministerio Público no hubo comentarios hasta la publicación de este artículo. Sin embargo, conforme a antecedentes recabados, la Fiscalía Centro Norte ya le otorgó un RUC a la causa y la asignó a un fiscal, por lo que se encuentran realizando diligencias.

La denuncia que surge en Bienes Nacionales

Los hechos denunciados —elaborados en base a un sumario administrativo instruido por Bienes Nacionales— se enmarcan en la Estrategia Nacional del Litio, liderada por el Ministerio de Minería. El primer hito fue un proceso de diálogo con distintos actores, incluidas comunidades indígenas. 

Para ello, el Ministerio llamó a licitación pública mediante la Resolución Exenta N° 1327 del 18 de mayo de 2023, destinada a contratar servicios de «Asistencia Técnica para el desarrollo del proceso de diálogo en el marco de la Estrategia Nacional del Litio».

La licitación fue adjudicada a la empresa Cliodinámica Asesorías, Consultorías e Ingeniería SPA (ID 732-10-LR23) a través de la Resolución Exenta N° 1803 del 4 de julio de 2023. El contrato se suscribió el 18 de julio de 2023 por un monto total de $495.000.000, según consta en la orden de compra N° 732-162-SE23.

Ministerio de Bienes Nacionales

La coordinación técnica y el contacto con la empresa adjudicataria, sostiene la denuncia, estuvieron a cargo de Daniela Muñoz Leiva, antropóloga a contrata en Bienes Nacionales y en comisión de servicio en Minería entre octubre de 2023 y abril de 2024, y de Horacio Douglas Madrid, sociólogo a contrata en la División de Desarrollo Sostenible de Minería.

En relación a la comisión de servicios de Muñoz Leiva, el Ministerio de Minería explicó a Fast Check CL que «no es efectivo que la funcionaria fue designada en comisión de servicio para la ejecución de la licitación, sino que lo fue para apoyar en el proceso de diálogo en el marco de la Estrategia Nacional del Litio».

El presunto subcontrato

Durante la ejecución del contrato, ambos —Daniela Muñoz y Horacio Douglas— habrían solicitado a Cliodinámica la realización de transcripciones de audios de mesas y plenarios, un servicio que no estaba contemplado en las bases de licitación ni en el contrato, señala el escrito. Para este trabajo recomendaron a Verónica Carvajal Muñoz, funcionaria a contrata de la División Jurídica de Bienes Nacionales y, a su vez, prima de Daniela Muñoz.

Verónica Carvajal, según describe la denuncia, envió una cotización a Cliodinámica que incluía un equipo de trabajo compuesto por funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y sus parejas. Figuraban: la propia Carvajal Muñoz, Mariana Muñoz Durán, Carolina Thomas Orrego, Mauricio Watkins Canales (esposo de Thomas Orrego), Julio Miranda Valdés (pareja de Muñoz Durán) y Pamela Sandoval.

Mapa conceptual elaborado por Fast Check CL

En la denuncia se indica que a través de una boleta de honorarios, por $2.261.760, Verónica Carvajal entregó el servicio de transcripción, emitida, sin embargo, a nombre de Mariana Muñoz

El nombre de Verónica Carvajal no es ajeno. Una investigación de El Mostrador reveló que Carvajal arrendó un departamento del Ministerio de Bienes Nacionales cuya propiedad había pasado al fisco tras fallecer su dueña sin herederos, un inmueble que ella ya ocupaba con su familia antes de solicitar el arriendo formal. Según el citado medio, el ministerio le adjudicó el contrato, cobrándole un pago retroactivo parcelado de $810.000 y fijando el canon mensual en $135.000.

La licitación

En mayo de 2023, el Ministerio de Minería abrió la licitación pública denominada «Asistencia técnica para el desarrollo del proceso de diálogo en el marco de la Estrategia Nacional del Litio». La convocatoria contemplaba la contratación de un servicio especializado para coordinar encuentros en distintas regiones del país

El objetivo central era apoyar la etapa de diálogo ciudadano de la Estrategia Nacional del Litio, con actividades presenciales en comunas como San Pedro de Atacama, Arica, Iquique, Copiapó y Santiago. Estas instancias estaban orientadas a recoger propuestas de comunidades indígenas, representantes de la academia, gremios productivos y sociedad civil.

Así las cosas, el proceso concluyó con la adjudicación a Cliodinámica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada por $495 millones. En diciembre de 2023, la Resolución N° 3866 modificó el contrato, elevando el monto a $515 millones, luego de que el Ministerio de Minería solicitara prestaciones adicionales a las originalmente licitadas.

Diálogo con comunidades indígenas

En respuesta a lo señalado en la denuncia sobre que la transcripción no estaba contemplada en las bases de la licitación, desde el Ministerio de Minería precisaron que las funciones realizadas requerian «sistematizar, documentar y elaborar un informe final del proceso de diálogo» y que, para el cumplimiento de este objetivo «el contrato exigía “la digitación y sistematización de las observaciones/consultas de los y las participantes”».

Fast Check CL revisó el contrato firmado entre Cliodinámica y el Ministerio de Minería, y constató que el artículo 17° establece que la empresa debe realizar los servicios con personal propio. No obstante, precisa que «siempre que una situación puntual lo amerite, podrá subcontratar parcial o totalmente la prestación del servicio, previa autorización expresa y por escrito de la Contraparte Técnica del Ministerio».

Consultados por esta redacción, desde Minería indicaron que «no se tienen antecedentes que existan registros de un reporte de este tipo».

Las fotografías

Fast Check CL tuvo acceso a fotografías que muestran cómo se organizaba y cuánto cobraba la red de funcionarios por el servicio de transcripción de audios, labores que —según fuentes conocedoras de la investigación— se realizaban mientras cumplían funciones en el Ministerio de Bienes Nacionales. Consultados por esta redacción, desde el organismo señalaron que desconocen estas imágenes.

En uno de los documentos se observa un presupuesto para la transcripción de 17 plenarios, con un valor estimado de $500 por minuto y un total de $407.845. Otro cálculo corresponde a 67 audios de mesas de diálogo registradas en cinco regiones del país, cuyo pago ascendía a $1.687.500.

Las entregas quedaron fijadas para el 15 de diciembre de 2023 en el caso de los plenarios y para el 22 de diciembre en las mesas de diálogo. En el mismo documento en el que se desglosan los presupuestos aparece identificada Verónica Carvajal como responsable del equipo, integrado además por Mariana Muñoz, Carolina Thomas, Mauricio Watkins, Julio Miranda y Pamela Sandoval.

Imagen referencial de persona transcribiendo

Fast Check CL contactó a Cliodinámica —también conocida como CliO Consulting—, enviándoles un cuestionario para esclarecer los hechos. Desde la firma explicaron que ya se entregaron «todos los antecedentes requeridos en el marco del sumario instruido por la autoridad competente. No contamos con información adicional distinta de la ya remitida en dicha instancia y, por razones de confidencialidad que establece la investigación administrativa en curso, no es posible referirnos a esos procesos en detalle».

«Asimismo, es menester indicar que los hechos investigados por la autoridad administrativa dicen relación a la responsabilidad de los presuntos involucrados en su calidad de funcionarios públicos, no existiendo imputaciones, ni tampoco investigaciones a nuestra empresa», afirmaron.

Respuesta de Bienes Nacionales

Desde la cartera indicaron a Fast Check CL que el 26 de diciembre de 2023 el jefe de Gabinete de la Subsecretaría recibió una denuncia con reserva de identidad, que señalaba que funcionarios del ministerio podrían estar realizando trabajos para una empresa externa durante horario laboral. Según el ministerio, esta situación «dio origen a un procedimiento disciplinario instruido mediante resolución exenta». 

Respecto al estado del sumario administrativo, explicaron que el proceso «se encuentra terminado respecto de dos de las personas involucradas, quienes fueron sancionadas con la medida disciplinaria de censura».

De esta manera, señalaron que el procedimiento disciplinario es el medio «indicado para determinar la existencia de responsabilidades administrativas» y reafirmaron que, hasta ahora, solo dos funcionarios han sido sancionados, mientras que sigue en tramitación para otros funcionarios mencionados en la denuncia.

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