En septiembre de 2025, T13 reveló el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) que expuso millonarias irregularidades en la Municipalidad de Independencia durante la administración del exalcalde Gonzalo Durán, actual delegado presidencial de la Región Metropolitana.
El documento dio cuenta de una serie de pagos improcedentes y uso indebido del sistema de remuneraciones, donde incluso se registraron 31.885 operaciones ejecutadas con la clave de la encargada de remuneraciones mientras esta se encontraba con licencia médica o feriado legal. El mismo informe apuntó al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) por falta de control y supervisión en la entrega de asignaciones y beneficios.
A raíz de estos antecedentes, la Municipalidad de Independencia —encabezada actualmente por el alcalde Agustín Iglesias— presentó una querella por fraude al Fisco contra Claudia Carrillo Figueroa, exjefa del DAEM, acusándola de haberse autoasignado pagos indebidos por $80,5 millones y de haber autorizado pagos irregulares por $121 millones a directores de establecimientos educacionales. En total, el perjuicio fiscal ascendería a $201.548.920.
Antecedentes de la querella de Independencia
Carrillo Figueroa fue contratada por Alta Dirección Pública y tenía a su cargo la gestión administrativa, financiera y técnica de los establecimientos educacionales municipales. Entre sus facultades se encontraba coordinar los trámites administrativos y definir las asignaciones de pago a los funcionarios docentes, previa aprobación del alcalde.
Las irregularidades, sostiene el escrito, comenzaron a detectarse en febrero de 2024, cuando la Dirección de Control municipal envió memorándums al entonces alcalde Gonzalo Durán, alertando que Carrillo y otros funcionarios recibían bonos que superaban los límites legales, en algunos casos hasta en un 200%. Según la querella, Durán no adoptó medidas correctivas pese a las reiteradas advertencias.
Fast Check CL se contactó con la Delegación Presidencial Metropolitana y envió preguntas respecto a lo mencionado sobre Gonzalo Durán; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
En agosto de 2024, tras el paso de Durán a la delegación presidencial y asumir la alcaldesa Carola Rivero, se instruyó una auditoría interna que derivó en la intervención de la Contraloría General de la República. El Informe N.º 38-2025, emitido el 5 de septiembre de 2025, concluyó que existieron «diversas conductas defraudatorias al erario municipal efectuadas por la querellada Claudia Carrillo».
Pagos indebidos
De acuerdo con la querella, sustentada en antecedentes del informe de la Contraloría, Claudia Carrillo Figueroa se habría autoasignado pagos indebidos por un total de $80.496.991 entre enero de 2022 y abril de 2024. Estos habrían sido autorizados aprovechando su posición como jefa del DAEM, desde donde definía y ejecutaba las asignaciones remuneratorias de los funcionarios.
Entre las operaciones irregulares detectadas figuran incrementos que superaban los límites legales establecidos para distintas asignaciones. Por ejemplo, Carrillo se habría adjudicado la Asignación de Responsabilidad Directiva, pese a que este beneficio corresponde exclusivamente a directivos que se desempeñan en establecimientos educacionales, no en dependencias administrativas. Asimismo, habría recibido pagos retroactivos sin respaldo documental ni decretos que los autorizaran, bajo conceptos como diferencias de remuneración o ajustes salariales por periodos anteriores.
El informe también sostiene que la exfuncionaria excedió ampliamente el tope legal permitido en la Asignación de Administración de Educación Municipal, percibiendo montos equivalentes al 357% y 400% de la Remuneración Básica Mínima Nacional, cuando la normativa establece un máximo de 200%.
A lo anterior se suma un incentivo profesional y de gestión directiva que habría cobrado sin cumplir los requisitos exigidos por ley, así como una bonificación por mención profesional que no pudo acreditar, al no presentar los antecedentes del postítulo requerido.
Según la acción judicial, todas estas operaciones fueron ejecutadas de manera consciente y con conocimiento técnico de la normativa vigente.
Pagos irregulares a terceros
El fraude no se habría limitado a los pagos autoasignados. Según la acción judicial, Carrillo extendió el mecanismo a terceros, principalmente 17 directores de establecimientos educacionales municipales, generando un perjuicio adicional de $121.051.929.
Los pagos indebidos incluyeron asignaciones por encima del tope legal, planillas suplementarias improcedentes y bonificaciones por títulos no acreditados. En algunos casos, los beneficiados fueron designados después de la entrada en vigencia de la Ley N.º 20.903, por lo que no cumplían los requisitos legales para acceder a estos beneficios.
Además, la auditoría interna detectó diferencias no acreditadas en asignaciones colectivas y pagos menores por planilla complementaria, por un monto adicional de $4,7 millones.
El documento judicial concluye que estas acciones configuran «conductas defraudatorias al erario municipal», por lo que se ordenó la suspensión de Claudia Carrillo y la apertura de un sumario administrativo.
Fast Check CL intentó tomar contacto con Claudia Carrillo para consignar su versión de los hechos imputados; sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no fue posible.
