Mientras estaba activo: funcionario de la PDI habría eliminado 58 órdenes de investigar desde el sistema institucional

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del subinspector de la PDI, Fabián Alejandro Cornejo Araos, a quien acusa de eliminar deliberadamente 58 decretos judiciales desde el sistema institucional BRAIN, plataforma clave para la gestión de causas penales. Los hechos, presuntamente ocurridos entre enero y mayo de 2021 en la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, habrían sido cometidos utilizando las credenciales de un superior jerárquico.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Fabián Alejandro Cornejo Araos, por su presunta participación en el delito consumado y reiterado de sabotaje informático.

La acción judicial argumenta que el funcionario, Fabián Cornejo Araos, destruyó deliberadamente datos contenidos en el sistema institucional BRAIN (Base Relacional para el Análisis de Información) de la PDI, eliminando decretos judiciales y órdenes de investigar emitidas por el Ministerio Público.

El sistema BRAIN es una de las principales plataformas de la PDI para la gestión de información criminal. En él se registran y administran órdenes judiciales, diligencias y antecedentes de investigaciones en curso.

Órdenes de investigar: una denuncia interna en la PDI

El caso se remonta a una denuncia interpuesta el 30 de agosto de 2021 por una comisario, quien reportó al alto mando policial la desaparición de 58 decretos judiciales en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de La Cisterna.

La denuncia derivó del Sumario Administrativo N°177, iniciado el 1 de abril de 2021, cuyo propósito fue esclarecer el destino de las órdenes de investigar e instrucciones particulares que habían sido emitidas por fiscalías locales y asignadas al subinspector Cornejo Araos.

Los decretos, según el expediente, desaparecieron del sistema institucional entre enero y mayo de 2021, cuando el funcionario aún tenía a su cargo las causas respectivas. Los documentos eran esenciales para la continuidad de investigaciones penales en curso, y su eliminación afectó directamente la trazabilidad de los casos, asegura la querella.

PDI.

Con credenciales de un superior de la PDI

Durante la investigación administrativa, se realizaron auditorías informáticas, análisis de IP y revisión de logs del sistema BRAIN, con el fin de determinar el origen de la manipulación. Los peritajes internos de la PDI establecieron que Cornejo Araos accedió indebidamente al sistema informático utilizando la clave institucional de su superior jerárquico, el subprefecto Raúl Pérez Flores, jefe de la unidad.

A través de ese acceso, el funcionario —asegura la querella— habría eliminado los 58 decretos judiciales desde un computador fiscal asignado a su uso personal, identificado con una dirección IP. Los registros de actividad demuestran que las eliminaciones se efectuaron en siete fechas específicas: 4, 20, 21 y 22 de enero; 21, 24 y 26 de marzo de 2021.

El CDE señala que este patrón evidencia un comportamiento reiterado y planificado, no un error operativo ni una falla técnica.

Las consecuencias

Según la querella, la destrucción de los decretos afectó directamente la tramitación y control de las causas penales instruidas por el Ministerio Público.

La irregularidad -es decir, eliminar las órdenes de investigar- fue detectada inicialmente por la Oficina de Partes de la BICRIM La Cisterna, al constatar la ausencia de documentos en el sistema. Luego, las auditorías realizadas por el Departamento de Informática y Telecomunicaciones y la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la PDI confirmaron la eliminación desde la IP asociada al subinspector.

El informe técnico detalla que los documentos eliminados incluían órdenes de investigar, resoluciones judiciales y decretos con instrucciones particulares, todos vinculados a causas penales activas.

Las diligencias

La querella, admitida el pasado 15 de octubre, califica los hechos como sabotaje informático, delito contemplado en el artículo 3° de la Ley N°19.223, que sanciona a «quien maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información».

De acuerdo con el organismo, la conducta de Cornejo Araos se ajusta a dicha figura penal y reviste carácter reiterado, al haberse ejecutado —presuntamente— en múltiples ocasiones.

El CDE, además de solicitar instruir al Ministerio Público, requirió que se despache una Orden de Investigar dirigida al Departamento V de PDI unidad especializada en delitos informáticos. Asimismo, se pidió instruir al Laboratorio de Criminalística Central de la misma institución para que realice una pericia técnica al dispositivo electrónico asociado, presuntamente utilizado por el querellado.

El organismo requirió que se cite a declarar en calidad de imputado a Fabián Alejandro Cornejo Araos.

Fast Check CL intentó conocer, a través de los canales oficiales de la PDI, el estado laboral del señor Cornejos Araos. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

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