Daniela Muñoz Leiva figuró en los registros de Gobierno Transparente como funcionaria del Ministerio de Bienes Nacionales desde el 19 de noviembre de 2007. A lo largo de al menos 18 años de carrera, se desempeñó en diversas funciones dentro de esa cartera: profesional de la Unidad Jurídica, analista en la Unidad de Pueblos Indígenas y en la Unidad Territorial.
Antropóloga de formación, Muñoz Leiva consigna en su perfil de LinkedIn haber trabajado también en el Ministerio de Minería, donde ejerció como profesional del Departamento de Participación Ciudadana. En ese rol, participó en los procesos de Diálogos Ciudadanos de la Estrategia Nacional del Litio y en las consultas indígenas para el otorgamiento de contratos especiales sobre ese recurso.
Como reveló Fast Check CL en octubre (lea aquí), Daniela Muñoz fue denunciada —junto a otros funcionarios y personas cercanas— por una presunta subcontratación irregular en el marco de la licitación de la Estrategia Nacional del Litio, adjudicada en 2023 a la empresa Cliodinámica. Los antecedentes de esta denuncia se originaron por un sumario interno del Ministerio de Bienes Nacionales.
Precisamente, este ministerio se encuentra actualmente bajo investigación de la Contraloría General de la República, que indaga posibles irregularidades en el arriendo de viviendas fiscales tanto en Bienes Nacionales como en el Ejército. Dicha pesquisa se abrió tras una publicación de El Mostrador, que expuso prácticas presuntamente anómalas en el uso y arrendamiento de esos inmuebles.
Uno de los casos recalcados por el citado medio, es el de Verónica Carvajal, funcionaria de dicho ministerio y prima de Daniela Muñoz, quien hacía uso de un inmueble fiscal, disponible por Bienes Nacionales, a solo $135 mil.
En ese contexto, Fast Check CL detectó que Daniela Muñoz Leiva —quien dejó de Bienes Nacionales el pasado 19 de octubre— también arrendó un inmueble fiscal por largos años, a un precio acordado, el cual ahora está en manos de cercanos: su hermana y cuñado.
Daniela Muñoz y el arriendo de un inmueble fiscal
El 29 de mayo del 2014, Daniela Muñoz presentó una solicitud de arrendamiento de un departamento fiscal; ubicado en calle Antonio López de Bello, Providencia, Región Metropolitana. En noviembre de ese año, ante la Seremi regional de la cartera, dio cuenta de la aceptación.
De acuerdo a una resolución (ver aquí), se otorgó un plazo de dos años para el uso exclusivo de habitación. Al momento de formalizarse, Muñoz ya usaba el departamento, según consigna el documento, desde el mismo día en que presentó la solicitud de arrendamiento (29 de mayo de 2014).
El valor de arriendo del departamento —inscrito al Fisco desde 1978— fue fijado en $170.000 mensuales, pagaderos dentro de los primeros cinco días de cada mes. El inmueble cuenta con dos dormitorios, un living, comedor y un baño.
En febrero de 2017, el contrato de arrendamiento fue renovado a nombre de Daniela Muñoz, quien continuó habitando el departamento.
Dos años más tarde, de acuerdo a un documento de 2019, se detectaron registros de morosidad por atrasos en los pagos. No obstante, la causa fue archivada porque el inmueble solicitado iba a ser destinado para una licitación pública, lo que finalmente no prosperó.
Desde entonces, el expediente administrativo no consigna nuevos antecedentes y, aunque Daniela Muñoz ya no es la arrendataria formal, no existe claridad sobre la fecha en que dejó de ocupar el inmueble fiscal ubicado en Antonio López de Bello.
Fast Check CL consultó al Ministerio de Bienes Nacionales sobre eventuales deudas que Daniela Muñoz Leiva habría mantenido durante su arriendo en el departamento de Providencia. Desde la cartera señalaron que no era posible entregar una respuesta, debido a que «existe actualmente en tramitación un procedimiento disciplinario y de conformidad a la normativa vigente estos mantienen el carácter de secreto y, por tanto, se debe resguardar el contenido de los mismos».
De la exfuncionaria al círculo familiar
Tras la salida de Daniela Muñoz Leiva del inmueble fiscal —fecha que, vale mencionar, no está constatada— este pasó a ser ocupado por personas de su entorno familiar, según antecedentes revisados por Fast Check CL. En 2022, el departamento ubicado en Providencia quedó bajo la tenencia de Tomás Ramdohr Lepori, pareja de Nicole Muñoz Leiva, hermana de la exfuncionaria del Ministerio de Bienes Nacionales.
De acuerdo con la información contenida en el expediente del arriendo, Ramdohr presentó una solicitud al ministerio el 29 de marzo de 2023, en la que pidió regularizar la ocupación del inmueble, reconociendo que lo utilizaba de manera irregular desde 2022. La petición buscaba formalizar su situación y establecer un mecanismo de pago para saldar los montos adeudados.
Posteriormente, Ramdohr realizó una apelación de su puño y letra ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en la que cuestionó el «cobro retroactivo de la propiedad». En el documento —al que tuvo a la vista esta redacción— reconoce su vínculo con Nicole Muñoz Leiva, hermana de Daniela, y explica los periodos de ocupación:
Apelación por cobro de retroactivo de la propiedad ubicada en (…) Providencia. Esto, ya que el cobro del retroactivo corre desde el año 2019, en que el inmueble estaba a cargo de Daniela Muñoz. Durante el periodo de abril 2020 y septiembre 2022, con mi pareja (hermana de Daniela) arrendamos otra propiedad para vivir y volvimos a ocupar la propiedad de Antonio López en septiembre 2022. Para probar esto adjuntaré por correo a Roxana Morales (ilegible) de dicho arriendo en la fecha estipulada. Solicito revisión de retroactivo desde 2022 y pago de este en 24 cuotas.
Asimismo, Fast Check CL revisó el perfil de Facebook de Tomás Ramdohr, donde este se presenta como «prometido de Nicole Muñoz Leiva». Este segundo antecedente confirma el vínculo familiar con Daniela Muñoz Leiva, quien originalmente había obtenido el arriendo del inmueble fiscal mientras se desempeñaba como funcionaria del propio ministerio.
Ocupación irregular y nueva concesión
El proceso de regularización impulsado por Tomás Ramdohr Lepori culminó con la dictación de la Resolución Exenta N° 8897, del 24 de marzo de 2024, emitida por el Ministerio de Bienes Nacionales. El documento establece que la vivienda fiscal, de 100,72 metros cuadrados y ubicada en la comuna de Providencia, debía mantenerse destinada exclusivamente a uso habitacional. (ver resolución aquí)
En la resolución se detalla que el solicitante había ocupado el inmueble «de manera irregular desde enero de 2022» y que, tras su petición formal, la autoridad regional decidió otorgarle un contrato de arriendo bajo condiciones especiales. Sin embargo, en un texto previo presentado por el propio Ramdohr, este afirmó que entre abril de 2020 y septiembre de 2022 vivió junto a su pareja —Nicole Muñoz Leiva— en otra propiedad, por lo que las fechas de ocupación reconocidas no coinciden plenamente.
La decisión de conceder el arriendo fue adoptada tras la evaluación del Comité Consultivo de Bienes Nacionales, que resolvió permitir la continuidad de la ocupación bajo un esquema de pago progresivo. Según consta en el expediente, el Comité recomendó otorgar un plazo de cinco años para saldar tanto las rentas retroactivas como las futuras.
El nuevo contrato fijó un canon mensual de $410.000, además del pago de una deuda retroactiva de $11.070.000 por el periodo comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2024, cuando el inmueble fue ocupado de manera irregular. Este monto debía cancelarse en 60 cuotas de $184.500 cada una, pagaderas junto con la renta mensual. En total, el arrendatario se comprometió a desembolsar $35.670.000 durante los cinco años de contrato, sumando el canon mensual y el retroactivo.
La resolución advierte que la falta de pago oportuno de las rentas o contribuciones, así como la mora de dos mensualidades consecutivas, constituye causal suficiente para el término anticipado del contrato. Asimismo, se prohíbe expresamente el subarriendo, la cesión de derechos y la realización de mejoras sin autorización previa de la Secretaría Regional Ministerial.
¿Cualquiera puede arrendar?
Ante la consulta de Fast Check CL, el Ministerio de Bienes Nacionales precisó que «no es requisito ser funcionario público o pertenecer a algún servicio del Estado» para solicitar un arriendo fiscal, ya que estos pueden otorgarse «a personas naturales o jurídicas».
Fast Check CL verificó que, en efecto, cualquier persona puede presentar una solicitud de arriendo. Sin embargo, el formulario disponible en línea no ofrece un listado de propiedades disponibles, sino que exige que el solicitante indique la dirección exacta y la superficie del inmueble que desea arrendar.
En consecuencia, aunque la normativa permite que cualquier persona postule, la información necesaria para hacerlo —como la ubicación y características de la edificación— no es accesible de manera expedita, lo que en la práctica restringe el acceso efectivo a estos arriendos por parte de cualquier ciudadano.
Avisos de cobranza
A poco más de un año de la firma del contrato, Tomás Ramdohr Lepori presentó dificultades en el pago del arriendo fiscal. Según fuentes consultadas por esta redacción, el arrendatario habría recibido un primer aviso de cobranza en el mes de abril. Asimismo, Fast Check CL tuvo a la vista uno de estos documentos, fechado el 15 de mayo de 2025 y emitido por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, en el que se le notifica la existencia de una deuda correspondiente al mes de mayo de ese año.
En el oficio, la Seremi recuerda al arrendatario que el contrato —formalizado mediante la Resolución Exenta N° 8897— establece como plazo de pago los primeros cinco días de cada mes y que el atraso genera intereses penales a favor del Fisco de Chile.
«Se hace presente a Ud. que de conformidad a las condiciones establecidas en la resolución que concedió dicho arriendo, se estableció como plazo de pago los días 05 de cada mes, por lo que el retardo en el pago de las rentas generará intereses penales a favor del Fisco de Chile por todo el tiempo que dure el mismo. Asimismo, se le recuerda que este retardo es causa suficiente para que esta SEREMI pueda poner fin al respectivo arriendo», señala el documento.
En la misma comunicación, la autoridad insta a Tomás Ramdohr a regularizar su situación en un plazo no superior a cinco días hábiles.
En este sentido, desde el Ministerio de Bienes Nacionales informaron que, conforme a los antecedentes registrados en sus sistemas, Tomás Ramdohr Lepori no presenta deudas pendientes, por lo que su situación se encontraría regularizada. Asimismo, precisaron que la institución cuenta con planes anuales de fiscalización y que —respecto de este inmueble— la última inspección se efectuó el 13 de agosto de 2025, constatándose «el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de arriendo, recomendándose mantener vigente el mismo».
Fast Check CL dio con los correos electrónicos de Daniela Muñoz y Tomás Ramdohr. Se les hizo llegar una serie de preguntas para consignar sus versiones. Hasta el cierre de este artículo, no hubo comentarios.
