Fue en junio de este año cuando The Clinic reveló que al menos nueve cuerpos estaban desaparecidos y otros 31 no contaban con identificación formal. La información, proveniente de una auditoría, evidenció graves falencias en el control ejercido por la Corporación Municipal Gabriel González Videla —en La Serena, región de Coquimbo— sobre los cementerios de La Antena y Las Compañías, ambos bajo su administración.
En ese contexto, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) abrió en junio pasado una investigación por el presunto delito de inhumación ilegal de diversas osamentas en el cementerio de Las Compañías.
A ello se suman nuevos antecedentes provenientes de una auditoría financiera —a la que Fast Check CL tuvo acceso— destinada a revisar los ingresos y egresos de ambos recintos. El documento también aborda las inconsistencias en los registros y la trazabilidad de exhumaciones.
Según esta auditoría, 53 cuerpos fueron depositados en un nicho común de dimensiones reducidas, situación que, a juicio del análisis, «compromete gravemente los principios de trazabilidad, respeto y dignidad en el tratamiento de restos humanos».
La investigación —que estableció tres categorías de medición: altamente compleja, complejas y medianamente complejas— auditó los ingresos percibidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de ese mismo año. Gran parte de ese periodo analizado corresponde al periodo del exalcalde Roberto Jacob (Partido Radical), quien ejerció el cargo entre el año 2012 y octubre de 2024. Hoy, la alcaldesa de La Serena es Daniela Norambuena (RN).
Depósito común
El osario N.º 99, ubicado en el cementerio de Las Compañías en La Serena, es conocido por funcionar como un depósito común reutilizado. Según la auditoría, durante la revisión de las actas de exhumación correspondientes a 2024 se detectaron 10 documentos que registran el traslado de 53 cadáveres a ese nicho.
La auditoría advierte una aparente desproporción entre la capacidad física del osario y la cantidad de restos depositados. Aunque el Decreto Supremo N.º 357 de 1970 —reglamento general de cementerios actualmente vigente— no fija dimensiones mínimas para nichos u osarios, el derogado Decreto Supremo N.º 421 de 1932 se utiliza como referencia técnica. Este último establecía medidas mínimas para un nicho individual: 0,90 metros de ancho, 2,20 metros de profundidad y 0,60 metros de altura.
El informe cuestiona la factibilidad material y sanitaria de albergar 53 cuerpos —incluso tratándose de restos óseos o reducciones— en un espacio de dimensiones tan reducidas.
En la investigación, se concluye lo siguiente respecto del depósito de cadáveres al osario N.º 99:
En este contexto, compromete gravemente los principios de trazabilidad, respeto y dignidad en el tratamiento de restos humanos, así como las condiciones mínimas de control sanitario, generando además eventuales riesgos de incumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública y gestión administrativa de cementerios.
Mediante un cuestionario, Marcelo Gutiérrez, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, respondió que ante la gravedad expuesta en la auditoría, «la principal medida ha sido levantar una trazabilidad completa en terreno, verificando nicho por nicho lo registrado en el sistema. Para ello, el equipo administrativo se despliega en terreno una vez a la semana».
«A la fecha, se ha realizado la trazabilidad de aproximadamente 500 sepulturas, de un universo de más de 6.000. Es un trabajo lento y minucioso, pero es la única forma responsable de contrastar la información contenida en los registros con la realidad física y corregir el desorden administrativo heredado», explica Gutiérrez.
En el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, la auditoría instruyó remitir estos antecedentes para que se verifique la «existencia y veracidad» de los 53 cuerpos que habrían sido depositados en el osario N.º 99.
Las condiciones sanitarias
Una de las deficiencias más críticas y reiteradas que expone la auditoría, es la ausencia de la resolución sanitaria que debiera otorgar la Seremi de Salud, en el caso de ambos cementerios. Según el Decreto Supremo N.º 357 -reglamento general de los cementerios- exige que todo recinto cuente con esta autorización. Se trata, indica el documento, de una observación arrastrada desde 2013, siendo alertado por un informe de la Contraloría.
Ambos cementerios administrados por esta Corporación Municipal no cuentan con resolución sanitaria de la SEREMI de Salud para su funcionamiento.
-Auditoría interna
Al momento de realizarse esta auditoría, la resolución sanitaria seguía sin resolverse: la regularización permanecía «en proceso». Gutiérrez, secretario general de la corporación, explica que «esta es una situación que se arrastra por muchos años y que nunca fue regularizada por las administraciones anteriores».
En relación con la resolución sanitaria pendiente, el secretario general informó a esta redacción que el 21 de agosto de este año sostuvo una reunión con la SEREMI de Salud, instancia en la que se expresó formalmente la voluntad de avanzar en la regularización. Según comenta, durante ese encuentro se manifestó «la intención de regularizar y obtener dicha resolución».
Posteriormente, el 29 de septiembre, la Corporación entregó los antecedentes solicitados para iniciar el proceso de autorización sanitaria del Cementerio General de La Serena, ubicado en el sector de La Antena. Desde la entidad señalaron que actualmente se encuentran «a la espera de la respuesta de dicha autoridad sanitaria» con el objetivo de completar la regularización y «dar pleno cumplimiento a la normativa vigente».
Las condiciones laborales en el Cementerio
La auditoría es tajante en sus conclusiones: las condiciones en el Cementerio de Las Compañías impactan directamente en la dignidad, seguridad y bienestar de sus funcionarios. La falta de condiciones sanitarias fue catalogada como compleja (C), detallando una serie de carencias que afectan tanto la manera en que se realizan los procedimientos como el entorno en que trabaja el personal.
Uno de los puntos más graves es que labores sensibles —como reducciones, exhumaciones y traslados— se están realizando al aire libre y sin la protección necesaria. El personal no cuenta con los equipos de seguridad mínimos, lo que contraviene la normativa sanitaria y también la Ley N.º 16.744, que obliga a resguardar a los trabajadores expuestos a riesgos.
A ello se suman importantes problemas de infraestructura. La única ducha disponible está en mal estado y sin calefón, por lo que no hay agua caliente. Tampoco existen vestidores adecuados ni casilleros seguros para que los funcionarios guarden sus pertenencias.
El comedor también presenta un estado precario: no tiene los implementos básicos para que el personal pueda conservar o calentar sus alimentos. Los baños muestran un panorama similar.
El informe señala, además, que el suministro eléctrico ha sido intervenido en varias ocasiones debido a conexiones informales provenientes de ocupaciones ilegales cercanas, lo que afecta la operatividad interna en e cementerio.
Marcelo Gutiérrez explicó que los funcionarios del cementerio no recibían elementos de protección personal desde 2022, situación que califican como grave. Frente a ello, afirmaron que en septiembre y octubre de 2025 se entregó a todos los operarios un kit completo de seguridad —incluyendo zapatos, overoles, mascarillas y guantes— mediante una licitación con proveedores certificados.
En cuanto a las instalaciones, indicaron que se realizaron servicios de limpieza de fosas en los baños del Cementerio de Las Compañías y trabajos de aseo y mejoramiento básico en ambos recintos. Agregaron que actualmente están abocados a «ordenar, regularizar y elevar el estándar de los cementerios municipales», una tarea que, según afirmaron, «por años no se abordó con la seriedad necesaria y que nuestra administración ha decidido enfrentar de manera directa y sostenida».
