El Hospital San Juan de Dios de La Serena (Región de Coquimbo) presentó una querella criminal por diversos delitos económicos, los que incluyen fraude al Fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho. La acción judicial está dirigida en contra del funcionario a cargo del área de Economato del recinto de salud, Eduardo Campusano Lisera, incluyendo a todos quienes resulten responsables.
Según pudo constatar Fast Check CL, la querella fue presentada el pasado 21 de noviembre, luego de que el propio Hospital de La Serena haya ingresado -el 10 de noviembre pasado- una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando una serie de diligencias investigativas.
Las presuntas irregularidades comenzaron a detectarse en marzo de 2024, en el contexto de un proceso interno de fortalecimiento de los sistemas de control impulsado por el Subdepartamento de Abastecimientos del Hospital. El levantamiento de información mostró un patrón reiterado de compras efectuadas a precios «significativamente superiores a los valores de mercado».
Según los antecedentes presentados, las decisiones de adquisición no solo generaron sobrecostos, sino que también implicaron descartar ofertas válidas y más económicas, aplicando criterios que, de acuerdo a lo que exhibe la querella, «no se ajustan a las bases ni a la razonabilidad técnica». Los documentos sostienen que el funcionario, en ejercicio de sus funciones, habría causado un perjuicio al patrimonio fiscal del Hospital de La Serena mediante acciones orientadas a favorecer a determinados proveedores.
De acuerdo a su LinkedIn, Eduardo Campusano Lisera es «supervisor de compras públicas en el Hospital de La Serena» y figura en Transparencia Activa desde al menos el año 2018 como apoyo administrativo. La querella estima un perjuicio fiscal preliminar de $500.000.000, derivado de sobreprecios y decisiones de compra que no habrían estado justificadas.
La duda con los proveedores en el Hospital de La Serena
Un caso «particularmente representativo» del presunto modus operandi se produjo en la Compra Ágil que originó la Orden de Compra N.°1057439-19608-AG25. Aunque se recibieron siete ofertas completas, seis fueron declaradas inadmisibles por razones que «no se sostienen a la luz de los antecedentes administrativos y técnicos», detalla la querella.
La adjudicación recayó finalmente en la propuesta más costosa. La diferencia entre esa oferta y la más económica generó un perjuicio directo al patrimonio del Hospital por $1.765.859.
También se detectaron irregularidades en el Trato Directo asociado a una orden de compra (vea aquí). En este procedimiento, las cotizaciones incorporadas a la resolución aprobatoria fueron elaboradas en un formato interno del Hospital, sin que existieran «cotizaciones auténticas emitidas por los proveedores», lo que vulneraría las disposiciones de la Ley de Compras Públicas.
El informe de detección de anomalías de la Unidad de Abastecimientos, releva además el comportamiento de los proveedores habitualmente adjudicados: Héctor Eduardo Tillerías Garay y Comercial Cristina Alejandra Ley Quiroz E.I.R.L. Los antecedentes recopilados indican un patrón similar entre ambas empresas.
Según la querella, estos elementos refuerzan la hipótesis de un «direccionamiento» en las compras y la «eventual existencia de conductas concertadas para afectar la libre competencia de los oferentes». El escrito agrega que tal coordinación podría involucrar conductas de terceros oferentes en coordinación con el funcionario público, lo que abriría la posibilidad de otros ilícitos.
La Serena: el modus operandi
El origen de la denuncia presentada por el Hospital de La Serena está en un informe reservado —al que tuvo acceso Fast Check CL— elaborado por la Subdirección Administrativa. El documento, emitido el 10 de noviembre de 2025, señala que su objetivo es «evidenciar situaciones anómalas o potencialmente dolosas dentro de la gestión de compras del Hospital de La Serena».
Según el documento, desde marzo de 2024 los equipos administrativos detectaron cambios abruptos de proveedores y aumentos significativos en los precios unitarios de productos habituales. Para verificar estos patrones, la Subdirección Administrativa efectuó cruces con bases de datos históricas y constató que, tras ciertos cambios de proveedor, los valores pagados por los mismos insumos se duplicaron e incluso triplicaron.
¿Cómo operaba este mecanismo? El escrito describe que los casos se produjeron en procesos de Compra Ágil y Tratos Directos. En la Compra Ágil se deben solicitar al menos tres cotizaciones a empresas distintas y adjudicar a la más económica; de lo contrario, la Orden de Compra debe justificar la elección. Sin embargo, el informe detalla que se descartaron cotizaciones más baratas utilizando criterios improcedentes, para luego adjudicar a empresas que presentaban precios abultados.
De esta manera, el documento señala que hubo casos en que se rechazaron ofertas bajo el argumento de falta de respaldo técnico. Sin embargo, desde el propio hospital explicaron a Fast Check CL que estas «contaban con el visto bueno del referente técnico, lo cual quedó consignado explícitamente en las observaciones del sistema». Según el informe, este tipo de decisiones «refuerza las sospechas de direccionamiento o preferencia indebida hacia un proveedor habitual».
¿Y en los Tratos Directos? El escrito expone «ejemplos representativos», entre ellos una compra realizada por esta vía. En ese caso, la resolución de adjudicación indica que la oferta más económica correspondía a una de las empresas cuestionadas. Sin embargo, precisa que las cotizaciones fueron «elaboradas en formato interno del Hospital de La Serena» por el propio Eduardo Campusano, sin adjuntar las cotizaciones reales, lo que impide verificar la autenticidad de las propuestas.
Proveedores beneficiados
El informe reservado identifica con nombre y detalle a los proveedores que habrían resultado favorecidos por estas prácticas: Comercial Cristina Alejandra Ley Quiroz E.I.R.L. y, como persona natural, Héctor Eduardo Tillerías Garay. De acuerdo con el análisis del hospital, ambos presentan comportamientos que sugieren algún tipo de coordinación, como alternarse en las adjudicaciones y ofrecer precios idénticos o proporcionalmente similares en los mismos productos.
El informe, además, señala que habría algún nexo personal entre Cristina Ley y Héctor Tillerías, sin embargo no se detiene en esto. Al respecto, Fast Check CL revisó los antecedentes de ambas personas, detectando que están casados desde 1995.
Seguidamente, el documento analiza la variación de precios de distintos productos entre 2024 y 2025 a modo de prueba de los sobreprecios presentados por ambos proveedores. De esta manera, se observó que el producto «paño de limpieza en rollo» varió de un precio mínimo de $54.335 a uno máximo que llegó a $140.008, es decir tuvo un cambio de 158%.
Asimismo, mostró la variación de precios que tuvo el «paño de limpieza en rollo» desde fines de 2023 a octubre de 2025. En un comienzo, lo entregaba otro proveedor por $78.302 la unidad, pero desde que lo proveyó Hector Tillerías y la empresa de Cristina Ley el producto alcanzó la cifra máxima de $140.008 por unidad.
Frente a estos antecedentes, el documento reservado señala un conjunto de medidas adoptadas para reforzar los mecanismos internos de control. Entre ellas, iniciar un sumario administrativo, crear una unidad formal de control interno y retirar el computador del comprador involucrado para su resguardo.
Desde el Hospital de La Serena explicaron a Fast Check CL que, tras abrirse el sumario administrativo, se adoptaron de inmediato medidas internas para asegurar la investigación. Señalaron que este proceso «permitió realizar acciones indagatorias y precautorias», entre ellas entrevistas y revisión documental. Además, detallaron que la fiscal a cargo separó al funcionario de sus funciones «en forma inmediata», restringiendo su acceso a claves y plataformas.
Sobre los proveedores mencionados, señalaron que no se ha aplicado ninguna sanción, dado que la investigación administrativa sigue en curso. En este sentido, precisaron que aún no hay antecedentes concluyentes para atribuir responsabilidades y que actuar antes de una resolución «podría vulnerar el debido proceso y constituir un acto arbitrario».
“Vamos a condenar todo tipo de situaciones de carácter irregular“
El director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, señaló a Fast Check CL que, tras detectarse las primeras anomalías, se adoptaron medidas inmediatas. «Inmediatamente tomamos algunas decisiones. Una de ellas es presentar esto como querella, al Ministerio Público para tomar las acciones correspondientes», afirmó.
Jorquera agregó que solicitaron reuniones con la Contraloría y con el fiscal regional para explicar la situación. Asimismo, indicó que el hospital remitió los antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero, ya que se identificaron «compras, uno podría decir maliciosas, y que permitió enriquecimiento para algunos proveedores detectados».
El directivo precisó que el caso no surgió por una denuncia externa, sino por controles internos. «Esto no fue producto de ninguna acusación ni de nada, es a propósito de un trabajo regular de análisis que se hace en los hospitales», señaló.
Añadió que, aunque los montos son altos, no afectan la operatividad del recinto. «Si bien es cierto, los montos involucrados nos dañan como tal, no ponen en riesgo ni la estabilidad del sistema de compras ni la seguridad de atención de los pacientes», declaró.
Por su parte, la directora (s) del Hospital de La Serena, Carla Ahumada, sostuvo que mantendrán una postura estricta ante irregularidades. «Vamos a condenar todo tipo de situaciones de carácter irregular y tendremos siempre tolerancia cero», dijo. Explicó que las anomalías se detectaron mediante cruces de datos y gracias al sistema interno ADHARA, que permitió identificar patrones de sobreprecio e irregularidades documentales.
Fast Check CL intentó contactarse con el funcionario investigado, Eduardo Campusano, para obtener su versión de los hechos, pero este declinó entregar comentarios.
