El pasado 25 de noviembre, en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formalizó al subinspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Fabián Cornejo Araos, acusado de eliminar 58 decretos de investigación entre enero y mayo de 2021.
Como informó Fast Check CL en su oportunidad (lea aquí), el funcionario —según la querella que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE)— habría cometido los hechos a través de un computador fiscal asignado a su uso personal, utilizando la clave institucional de su superior jerárquico
A raíz de no tener acceso a la carpeta de investigación —y por tanto, no poder preparar una estrategia de defensa— el abogado del imputado solicitó una cautela de garantía, correspondiente el artículo 10 del Código Procesal Penal, para suspender el proceso.
En respuesta, tanto la fiscalía como el abogado querellante del CDE se opusieron a la suspensión solicitada, argumentando que la prescripción de los hechos ocurrirá en marzo de 2026.
Asimismo, el fiscal Daniel Schachermayer expuso que la formalización es un acto comunicativo para exponer los cargos en contra del imputado por lo que no era aplicable la línea de la defensa.
El tribunal determinó que tanto la defensa como la necesidad de conocer antecedentes operan en la discusión de medidas cautelares, ya que el buen ejercicio de ambas evitaría la posible vulneración de derechos.
En primera instancia, el tribunal había estipulado una nueva audiencia para el 26 de enero del próximo año, sin embargo, optó para el 12 de ese mismo mes, cuando se den a conocer las medidas cautelares. Se fijó un plazo de 60 días de investigación.
