Por Clarissa Pacheco, Gabriel Belic, Javier Revetria y Pablo Flores
Los regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay cometieron crímenes, un hecho reconocido oficialmente por los gobiernos democráticos que sucedieron a las dictaduras. Los abusos y las violaciones de derechos han sido ampliamente descritos por historiadores que han recopilado documentos, testimonios e incluso confesiones. Sin embargo, en las redes sociales, los negacionistas se dedican a desmontar esta memoria difundiendo narrativas en las que se subestiman las cifras de desaparecidos y muertos, los verdugos aparecen como héroes y la violencia se justifica por guerras que nunca existieron.
Este miércoles 10, que marca el Día Internacional de los Derechos Humanos, las agencias de verificación Estadão Verifica, la diaria verifica y Fast Check CL, que forman parte de LatamChequea, red latinoamericana de chequeadores, publican una serie especial de reportajes sobre las campañas de desinformación que tergiversan la historia de las dictaduras militares del llamado Cono Sur.
Los mensajes, incluso en diferentes países, siguen patrones similares al negar los crímenes de los regímenes autoritarios o justificar la ruptura de las normas democráticas. Las principales narrativas que se analizarán a lo largo de este texto son:
- Amenaza comunista: la afirmación de que las intervenciones militares fueron necesarias para evitar la implantación de regímenes colectivistas de inspiración soviética.
- Guerra entre dos bandos: el argumento de que dos grupos opuestos cometieron excesos en su lucha por el poder.
- Borrado de las víctimas: el cuestionamiento de los registros del número de muertos y desaparecidos, con el objetivo de sembrar dudas sobre la práctica de abusos.
Las voces del negacionismo histórico son amplificadas o incluso lideradas por políticos de derecha que se han destacado en la última década, como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Guido Manini Ríos en Uruguay. No se trata de afirmar que solo uno de los extremos ideológicos sea negacionista. En la izquierda también hay quienes niegan las abundantes pruebas de que Cuba y Venezuela son dictaduras. Pero este reportaje se centra en el Cono Sur y en el intento de rehabilitación de sus regímenes militares.
Para monitorear publicaciones hechas en redes sociales entre 2019 y 2025, las agencias de verificación buscaron palabras clave similares relacionadas con el tema entre 2019 y 2025, como “régimen militar”, “dictadura”, “contragolpe”, “falsa memoria” y “desaparecidos”. Las búsquedas se realizaron en las redes sociales X, Facebook, Instagram, Threads, TikTok y YouTube.
Las personas citadas en este reportaje — Jair Bolsonaro, el general Girão, Zé Trovão, el pastor Marco Feliciano, el coronel Christóstomo, Javier Milei, Victoria Villarruel, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Hermógenes Pérez de Arce, Gloria Naveillán, Guido Manini Ríos y Roque García — fueron contactadas, pero solo el diputado brasileño coronel Chrisóstomo, el militar uruguayo Roque García, Hermógenes Pérez de Arce y la diputada chilena, Gloria Naveillán, respondieron. Chrisóstomo afirmó que «nunca ha estado a favor de ningún tipo de régimen dictatorial en Brasil y que es totalmente partidario de un país democrático que defienda permanentemente al pueblo brasileño». García sostuvo que sería “una canallada” afirmar que él niega “la tragedia de los desaparecidos”.
En el caso de Hermógenes Pérez de Arce, se remitió a comentar que en su sitio web se encuentran disponibles los instructivos que Augusto Pinochet le dio a las unidades militares para respetar los derechos humanos y la declaración de principios de la Junta MIlitar, pero no se refirió a los hechos negados por los que se le consultó. Por su parte, la diputada Gloria Naveillán declaró que «nunca dije que no hubo agresiones sexuales porque no tengo porque dudar de lo que dicen las víctimas. Lo que dije es que eso no era una política de estado, en ese sentido dije que decir que era una política de estado era una leyenda urbana».
A continuación, todas las estrategias mapeadas.
El fantasma del comunismo y las dictaduras como salvación
En las redes sociales de los cuatro países se encuentra la narrativa de que los golpes militares perpetrados habrían evitado una «dictadura comunista».
Una publicación en Facebook hecha el 31 de marzo de 2022, por ejemplo, muestra imágenes de los cinco presidentes del régimen militar brasileño sobre la fecha “31 de marzo de 1964” en letras amarillas. El pie de foto dice que ese año hubo un “contragolpe al comunismo” y que el período militar fue de “21 años de mucha prosperidad, Orden y Progreso”. En los comentarios, hay personas que dicen que esa fue “la mejor época” y piden la vuelta del régimen militar.
Otra publicación, con más de 6 mil interacciones, muestra a una concejala de Rio Grande do Sul dando un discurso a favor de la dictadura y afirmando que, el 31 de marzo de 1964, Brasil “dijo no al comunismo”. Un ejemplo más es una publicación en Instagram que afirma que “no fue golpe”, enumerando 12 hechos que supuestamente llevaron a la “revolución del 31 de marzo de 1964”.
El principal argumento es que el presidente João Goulart y organizaciones de izquierda intentaban implantar una dictadura comunista o del proletariado en Brasil, al estilo del comunismo de Rusia y la Revolución Cubana, por lo que la acción de los militares no fue más que un “contragolpe”.
El profesor del departamento de Historia de la Universidad de São Paulo (USP), Marcos Napolitano, explica que nunca hubo una amenaza comunista en Brasil.
“No había lucha armada en curso, ni hay evidencias de un golpe de Estado planeado por el gobierno de João Goulart, aunque sí había presión de los sectores más radicales para convocar una Asamblea Constituyente, ya que el Congreso bloqueaba las reformas”, explicó.
El especialista explica que lo que existía, de hecho, era una política reformista y nacionalista, que era conducida por el gobierno electo y apoyada por alas de izquierda. Napolitano afirma que, en el contexto de la Guerra Fría, el nacionalismo económico era entendido por sectores conservadores como una amenaza al bloque Occidental antisoviético.
En este sentido, hay quienes llaman al golpe “revolución” —otros van más allá y lo llaman “revolución democrática de 1964”. Para Napolitano, es un hecho que el golpe de 1964 contó con el apoyo de diversas capas de la sociedad, pero la idea de que hubo una revolución, y no un golpe, no se sostiene ni conceptual ni fácticamente.
“Lo que hubo fue un golpe de Estado definido por la literatura académica como una intervención de la burocracia civil o militar o del sistema político institucional para derrocar un gobierno constitucional, hiriendo la propia Constitución”, dijo.
Revolución, explica Napolitano, es otra cosa: “Es un hecho que este golpe tuvo apoyo en varias capas de la población, principalmente en las clases medias. Pero no fue propiamente la sociedad civil, o parte de ella, la que derrocó al gobierno a través de un levantamiento, rebelión o toma del poder, lo que podría caracterizar una ‘revolución’”, completó.
Antes de llegar a las redes sociales, los mensajes que tergiversan la historia se pronuncian incluso en espacios públicos, como el Congreso. En 2019, por ejemplo, el diputado General Girão (PSL-RN) dijo que el golpe “salvó” la democracia. “No podemos permitir que quieran reescribir la historia. La historia verdadera es esta: la revolución fue hecha para implantar en Brasil un régimen de democracia, y hoy festejamos esa democracia con elecciones libres”.
En su carrera de siete mandatos consecutivos como diputado federal, antes de ser elegido presidente, Jair Bolsonaro defendió en diferentes ocasiones la «revolución de 1964», llegando a solicitar, en 2014, una sesión solemne para rendirle homenaje, lo que fue denegado.
Entre 2014 y 2019, por ejemplo, Bolsonaro hizo 18 publicaciones en X que usan el término “1964” – que suman más de 61 mil ‘me gusta’. Las publicaciones, en general, ensalzan el golpe de Estado y hablan de “amenaza comunista”.
Carlos Zacarias, profesor de Historia de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), advierte sobre el factor multiplicador de las narrativas negacionistas en las redes sociales. «Estos discursos, en la medida en que se difunden, se asimilan más y producen nuevos negacionistas».
En Uruguay, el golpe de Estado se perpetró nueve años después de Brasil, el 27 de junio de 1973. Fue el propio presidente electo, Juan María Bordaberry (Partido Colorado), quien dio el golpe al disolver el Senado y la Cámara con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Antes de eso, el gobierno enfrentaba una crisis contra el grupo guerrillero de izquierda Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T). Hasta hoy, hay publicaciones en redes sociales que afirman que el golpe buscó evitar el ascenso al poder del MLN, sin embargo el grupo había sido derrotado a mediados de 1972 con la desarticulación de su estructura militar y financiera.
Según el Sitio de Memorias del Uruguay, el autoritarismo avanzaba en el país incluso antes del golpe. Las Medidas Prontas de Seguridad, adoptadas por el expresidente Jorge Pacheco Areco, suspendieron garantías constitucionales y le dieron poderes extraordinarios, intensificando la represión contra movimientos sociales.
Durante la dictadura uruguaya, el país puso en práctica la Operación Cóndor –campaña de terror de Estado llevada a cabo por las dictaduras del Cono Sur con el apoyo de Estados Unidos– contra agrupaciones de izquierda como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, considerada por el régimen como el brazo estudiantil del Partido Comunista del Uruguay, o la Convención Nacional de Trabajadores.
En las redes sociales, sin embargo, partidarios del régimen afirman que las Fuerzas de Seguridad fueron llamadas a defender a los que estaban siendo amenazados por los terroristas marxistas, como muestra la siguiente publicación en X. Otra publicación justifica la dictadura uruguaya al decir que, en las décadas de 1960 y 1970, toda América Latina estaba bajo ataque del terrorismo marxista.
En Chile, el golpe militar se dio algunos meses después de Uruguay: el 11 de septiembre de 1973. La idea de que la fecha “salvó” a la nación de una “amenaza comunista” fue amplificada por figuras públicas chilenas. Es el caso del diputado Johannes Kaiser, fundador del partido chileno Partido Nacional Libertario (PNL), que llamó al golpe de Estado “justo y necesario”.
Kaiser ha alimentado la narrativa de que, en ese momento, se evitó una guerra civil gracias al golpe perpetrado por militares en 1973 (aquí y aquí). Declaró explícitamente su apoyo al dictador Augusto Pinochet. En las elecciones presidenciales de octubre, Kaiser obtuvo el 13,94% de los votos, quedando en cuarto lugar.
Otros defensores del régimen en Chile intentaron renombrar el período para suavizar el carácter violento y dictatorial. El exdiputado y abogado Hermógenes Pérez de Arce, un declarado pinochetista, publicó libros en los que se refiere al período de la dictadura como “Revolución Militar Chilena”, comparándolo en importancia con eventos como la Revolución Francesa o la Rusa.
Al igual que en Brasil y Uruguay, hay publicaciones virales en redes sociales que afirman que, al intervenir, los militares libraron a Chile de una amenaza mayor. La siguiente publicación, por ejemplo, hecha en X el 15 de junio de 2023, dice que Chile estaría celebrando 50 años de “dictadura comunista” si los militares no hubieran intervenido. La publicación alcanzó 22,4 mil visualizaciones.
Otra publicación, con 252,9 mil visualizaciones en X, muestra una foto del general chileno Augusto Pinochet, seguida de la leyenda: “¿Está de acuerdo en que Augusto Pinochet hizo lo correcto al derrotar al socialista empobrecedor Salvador Allende y salvar a Chile del comunismo?”.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, señala que estos civiles recuperan una narrativa negacionista que impacta no solo las violaciones de derechos humanos, sino a la sociedad chilena en su conjunto. “Decir que vamos a cerrar este capítulo de los años 1973 a 1990 y pasar la página es ignorar que la sociedad chilena aún sufre heridas derivadas de eso”, dijo.
En Argentina, los militares que dieron el golpe de 1976, tres años después de Uruguay y Chile, llamaban a la dictadura cívico-militar en el país “Proceso de Reorganización Nacional”. A través de este “proceso”, prometían combatir “la corrupción y la demagogia”, además de introducir a Argentina en un mundo “occidental y cristiano”. Desde 1975, los militares ya perseguían y desaparecían a opositores que, según ellos, formaban un ejército comunista con actuación en la provincia de Tucumán.
Para justificar las acciones del Estado, los militares y sus partidarios actualmente afirman que los opositores al régimen eran comunistas y terroristas. Para ellos, se practicaron diversas violaciones de derechos humanos en el país en nombre de la persecución a estos “comunistas”.
La socióloga argentina Valentina Salvi, investigadora del Núcleo de Estudios sobre Memoria (IDES), explica que todos los opositores al régimen terminaron colocados en el mismo paquete, como comunistas y terroristas, incluyendo a los desaparecidos.
Uno de los dictadores más recordados de Argentina es Jorge Rafael Videla, citado en publicaciones como el “héroe” que habría salvado a la nación de las “garras comunistas”. En estas publicaciones, es común identificar menciones al comunismo “cubano” y “soviético”. Es lo que muestra esta publicación en X, que afirma que Argentina está en deuda con Videla por “liberar a este país de las garras del comunismo”.
Terrorismo de Estado con otro nombre: guerra entre dos bandos
En Argentina y Uruguay existe un discurso coordinado conocido como «teoría de los dos demonios», que pretende equiparar la actuación de los regímenes militares y los grupos guerrilleros que los combatían. Estas narrativas difunden la idea de que hubo una guerra entre bandos opuestos: por un lado, el Estado; por otro, los «terroristas» y «comunistas» —Montoneros en Argentina y los Tupamaros en Uruguay.
Para la socióloga argentina Valentina Salvi, no hay necesariamente una negación de que hubo una dictadura en Argentina, sino una operación más sutil que intenta justificar lo que sucedió.
“Lo que se está diciendo es que hubo una guerra en Argentina. Si decimos que hubo una guerra en la década de 1970, no reconoceremos que en Argentina, durante la dictadura, hubo otra cosa, que fue el terrorismo de Estado”, explicó.
La investigadora explica la diferencia: decir que hubo guerra es afirmar que había combatientes de ambos lados que lucharon con las mismas fuerzas y que, como en cualquier guerra, hubo muertes.
“Eso es esconder, obliterar, disimular, eclipsar, podemos decir muchas cosas”, enumeró. “Es una operación mucho más sutil que la negación, porque convence”.
Este movimiento de igualar a los dos lados dio origen a la “lucha” por la “memoria completa”. Para Salvi, se trata de una reacción paradójica derivada de las propias políticas de memoria adoptadas por el país. Tras el fin del régimen dictatorial, Argentina no permitió pasar una “goma de borrar” por los acontecimientos, castigando a los torturadores.
Ahora, sin embargo, muchos exigen que la memoria sea completa: que la historia de los crímenes de los guerrilleros también sea contada, como muestra la publicación al lado, hecha en Facebook. Esta enumera supuestas víctimas hechas por los Montoneros y “otros grupos terroristas” en la década de 1970 y afirma que ellos también son “inocentes que esperan hace más de 30 años que sus Derechos Humanos sean reconocidos y garantizados”.
Las declaraciones transgresoras y disruptivas de algunos jóvenes, explica, pasaron a repetir términos usados por los militares durante la dictadura, y ahora hablan de expresiones como la “época del Proceso [de Reorganización Nacional]” y llaman a las víctimas terroristas y asesinos.
Uno de estos grupos es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), vinculado a la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel – uno de los principales exponentes del discurso negacionista en el país. El reportaje encontró al menos dos publicaciones patrocinadas en la Biblioteca de Anuncios de Meta vinculadas al grupo que afirman que “faltan partes” en la historia argentina contada a las personas.
Durante la campaña electoral, en 2023, Villarruel defendió la revisión de las políticas de memoria del país, que tiene un historial de castigo a los agentes de la dictadura. La vicepresidenta argumenta que las memorias preservadas en Argentina serían “incompletas”, ya que no contemplarían a las víctimas de los grupos que luchaban contra la dictadura militar. Se refiere a las guerrillas como grupos “terroristas”.
Entre 2019 y 2024, Villarruel hizo 70 publicaciones en X con variaciones del hashtag “No Fueron 30 mil” – que suman más de 112 mil ‘me gusta’ (ver aquí y aquí). Además de negar el número de desaparecidos, también destaca la importancia de las “víctimas del terrorismo”.
El 24 de marzo, fecha en que se conmemora el golpe militar en Argentina, es llamado por estos grupos en diversas publicaciones en redes sociales el “Día de la Memoria Completa”. Estas publicaciones suelen estar señaladas con algunos hashtags propios del movimiento: “#NoEranJovenesIdealistas”, “#EranAsesinos”, “#NoFueronIdealistasFueronAsesinos”, “#DiadeLaMemoriaCompleta”, “#MemoriaCompleta”, “#LaVerdadCompleta”. Los contenidos reivindican que los grupos guerrilleros estaban compuestos por “asesinos”, y no “jóvenes idealistas”.
En esta fecha, en 2024, la vicepresidenta hizo dos publicaciones negacionistas que suman más de 5 millones de visualizaciones. “Los derechos humanos son para todos. Igual que la memoria. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de esos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000”, escribió en una de ellas.
Las narrativas, sin embargo, no se limitaron solo a la vicepresidenta, sino que se extendieron a la propia Presidencia. En el primer Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del mandato de Javier Milei, fecha que recuerda el golpe de Estado en Argentina, las redes oficiales de la Casa Rosada divulgaron un video con narrativas negacionistas. El contenido plantea la necesidad de una “memoria completa”, que contemple a las víctimas del “terrorismo” de los grupos de resistencia a la dictadura. Niega, además, los 30 mil desaparecidos. En 2025, la fecha fue recordada por el gobierno con un video del mismo tono.
Para la socióloga Valentina Salvi, la derecha y los sectores ligados a los militares han tenido la capacidad de renovar el discurso ligado a la memoria. Resalta que los cambios del gobierno de Milei sobre el 24 de marzo, por ejemplo, muestran que esa renovación de narrativa hace que estos discursos sean esparcidos y adheridos al presente por su resignificación.
La especialista señala que las disputas memoriales en Argentina despuntaron con el inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad y la transformación de la Escuela Superior de la Marina (Esma), lugar que fue usado en la dictadura militar como centro de detención de presos políticos, en un museo.
“Cuando los juicios comenzaron, ellos sabían que la manera de impedir los juicios era luchar en el terreno de la memoria. No era solo para mostrar la ilegalidad atribuida a los juicios, era para mostrar la ilegitimidad de los juicios y traer de vuelta la narrativa de la guerra”, afirmó.
En Uruguay, una red articulada busca deslegitimar la violencia del Estado al atacar a equipos de investigación de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Uno de los blancos es el fiscal especializado en derechos humanos Ricardo Perciballe, que lidera el trabajo de investigar y, eventualmente, solicitar el procesamiento de integrantes de las Fuerzas Policiales o Militares, así como colaboradores civiles.
Los ataques coordinados alegan que la Justicia uruguaya es “injusta” y que los pedidos de procesamiento se hacen “sin pruebas suficientes”, en un intento de minimizar los crímenes practicados por el régimen militar. Entre las acusaciones diseminadas en redes, publicaciones alegan supuestos lazos familiares de Perciballe con integrantes de grupos armados de izquierda.
Estos contenidos se basan en un documento de los archivos de la dictadura que registra las visitas del fiscal a un centro de detención militar incluido en denuncias administrativas. Perciballe, sin embargo, afirma que tuvo un primo que fue preso político – el documento solo registraba su visita.
“Tuve un primo que fue preso político y que yo iba a visitar en la prisión. No tengo problema en reconocer eso. Él no tenía familia en Uruguay porque todos estaban exiliados. Después salió de la prisión, pero nunca hizo denuncia, ni prestó declaración en ningún proceso”, explicó.
En Chile, de forma similar a Argentina y Uruguay, hay una narrativa que busca criticar el trabajo hecho por el Museo de la Memoria, que rememora a las víctimas de la dictadura militar. En las redes sociales, un perfil con más de 30 mil seguidores en X ironiza e invalida el trabajo realizado por la institución oficial, acusándola de ser tendenciosa e incompleta.
El Museo de la Memoria también fue blanco de ataques de figuras políticas. El diputado Johannes Kaiser, dijo que, de ser elegido, cerraría el instituto. Se refirió al centro de memoria como “antro antichileno”.
El abogado Pietro Sferrazza, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, señala que la minimización es una de las formas de negar la violencia de Estado durante la dictadura militar.
“Negacionismo es negar, justificar, minimizar. Me preocupa que, desde ciertos sectores políticos, no se acepten esos consensos mínimos”, dijo.
En Brasil, aunque no existe un movimiento coordinado que pida la “memoria completa”, existen contenidos que diseminan que la dictadura existió solamente para los “bandidos” y los “terroristas”. Estas publicaciones niegan la truculencia y violencia del Estado, que se limitaría solo a aquellos que “merecían”.
Este tipo de narrativa, incluso, ya fue diseminada en espacios públicos, reproducida por autoridades políticas. En un discurso en la Cámara de Diputados el 1 de abril de este año, en el 61º aniversario del golpe, el diputado federal Zé Trovão (PL-SC) afirmó que la dictadura existió solamente para los terroristas.
“¡Es muy fácil para la izquierda, que no tiene el mínimo respeto por esta Casa, quedarse en ese discursito blando, en esa charlatanería de 1964, de dictadura! ¡La dictadura solo existió para vagabundos! ¡La dictadura solo existió para terroristas! ¡La dictadura solo existió para quien explotó una bomba, para quien secuestró, para quien robó un banco! ¡Para quien trabaja no existe dictadura! ¡Para quien lucha por sus derechos nunca existió dictadura en este País!”, afirmó.
Otra estrategia similar que se disemina en Brasil es la de imputar a las víctimas del régimen crímenes que no cometieron. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff (PT) y la periodista Miriam Leitão, por ejemplo, son comúnmente llamadas “asaltantes de bancos” y “asesinas”. Ellas nunca fueron ni siquiera acusadas de esos crímenes.
Negación de lo innegable: de las víctimas, de los crímenes y de la dictadura
En Argentina, hay un enfrentamiento significativo sobre el número de desaparecidos de la dictadura. Organizaciones de derechos humanos contabilizan 30 mil desaparecidos, lo que es contestado por grupos de derecha. El discurso ganó fuerza con el apoyo del presidente Javier Milei, que viene diciendo que el número de desaparecidos es de poco más de 8 mil personas.
En redes sociales, es común que publicaciones que tratan esta disputa sobre los números vengan acompañadas del hashtag “#nofueron30000”. En general, las publicaciones minimizan la cantidad de personas desaparecidas en la dictadura argentina y recalcan que las víctimas no eran “inocentes” o “jóvenes idealistas”. Las publicaciones virales que subestiman los crímenes de Estado suelen resaltar que la violencia, en realidad, habría sido cometida por grupos guerrilleros armados – recurriendo, nuevamente, a la “memoria completa”.
Como explicó Chequeado, la cifra de 30 mil desaparecidos comenzó a circular entre las reivindicaciones de organizaciones de derechos humanos. El número ganó visibilidad pública en septiembre de 1983, durante la tercera “Marcha de la Resistencia”, con la creación de 30 mil carteles con siluetas de personas – lo que representaba los 30 mil desaparecidos.
La agencia de verificación argentina explicó que, en 2006, documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestran que los militares estimaron cerca de 22 mil víctimas entre 1975 y mediados de 1978. Esta cifra incluiría desaparecidos y asesinados.
Para el activista Manuel Gonçalves, secretario de las Abuelas de Plaza de Mayo y uno de los bebés secuestrados durante la dictadura, hay un debate sobre contar o no el número de desaparecidos, pero lo importante es que aquellos que planearon los secuestros digan dónde están esas personas.
“Ellos tienen que decirnos dónde están, cuántos son, y nosotros encontraremos a todos ellos y cada familia podrá guardar luto. Algo que la desaparición forzada no permite que un miembro de la familia haga, que es lamentar la desaparición de un ser querido, así como el robo de bebés”, dijo.
En el intento de descalificar a estos desaparecidos y a sus familiares, algunos grupos atacan a estas personas en redes sociales. Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo son constantemente llamadas “madres de terroristas” o “viejas terroristas”.
En Uruguay, también hay un enfrentamiento en redes sobre el número de desaparecidos. En los primeros años del período democrático, ganó fuerza un discurso que afirmaba que los desaparecidos estaban viviendo en el exterior, o que habían adoptado nuevas identidades para evadir a las autoridades. Este tipo de narrativa buscaba desacreditar las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, y diluir la responsabilidad estatal en los crímenes del terrorismo de Estado.
La elaboración de una primera lista oficial de detenidos desaparecidos solo ocurrió con la instalación de la Comisión para la Paz, creada en 2000 durante el gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado). El trabajo de la comisión representó un hito en el reconocimiento institucional del fenómeno y en las primeras acciones estatales orientadas a esclarecer los hechos. Actualmente, la lista oficial registra 197 personas detenidas desaparecidas, de las cuales al menos 34 fueron desaparecidas en territorio uruguayo, según la documentación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Sin embargo, la existencia de un registro oficial no impidió la persistencia de discursos negacionistas que cuestionan la veracidad del número y promueven la idea de que el Estado uruguayo no sería responsable por la mayoría de los casos. Estas afirmaciones omiten que la mayor parte de las víctimas fueron desaparecidas en países vecinos, fundamentalmente en Argentina, en el ámbito del Plan Cóndor, dispositivo represivo regional del cual participaron activamente fuerzas de seguridad uruguayas.
Además, los relatos de supuesto avistamiento y localización actual de esos desaparecidos no suelen tener base factual. Uno de los casos frecuentemente citados en campañas de desinformación es el de Miguel Ángel Moreno Malugani, uruguayo que actuaba en la Federación Anarquista del Uruguay y en la Resistencia Estudiantil Obrera. Fue secuestrado el 1 de octubre de 1976 junto con María del Rosario Carretero en Argentina. Ambos siguen desaparecidos hasta hoy.
Algunas publicaciones afirman que Moreno habría reaparecido vivo después del terremoto en México en 1985, versión que tiene como única fuente la declaración del coronel José Nino Gavazzo durante el Tribunal de Honor del Ejército en 2006, sin evidencia comprobable. Gavazzo, que murió en 2021, fue condenado a prisión por el asesinato de al menos 29 personas durante la dictadura militar uruguaya.
La minimización del carácter violento de la última dictadura uruguaya es amplificada por actores como el excomandante del Ejército Guido Manini Ríos, que lidera el partido nacionalista de derecha Cabildo Abierto (CA). Ganó notoriedad pública por cuestionar el Poder Judicial y el tratamiento de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario.
En 2020, por ejemplo, Manini Ríos dijo al periódico O Globo que hubo “excesos” por parte de los militares, pero minimizó el carácter violento de la dictadura. Afirmó, por ejemplo, que no hubo “política de aniquilación de opositores” durante el período.
CA llevó al ascenso de diferentes figuras vinculadas a las Fuerzas Armadas. Un ejemplo es Roque García, militar radicado en Ginebra, Suiza, que constantemente alega “desmentir” narrativas sobre la responsabilidad de los militares en el terrorismo de Estado durante la dictadura.
García fue candidato a la Intendencia de Montevideo dentro de la Coalición Republicana, que engloba partidos de derecha como Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto y el Partido Independiente (PI). El militar obtuvo 5.594 votos.
En abril de este año, García clasificó como “jugada de marketing” la Marcha del Silencio – manifestación realizada anualmente el 20 de mayo para rememorar a los desaparecidos durante la dictadura militar. Sobre los detenidos desaparecidos en el período autoritario, dijo que se trata de una “farsa lamentable”.
Consultado para esta investigación, García sostuvo que sería “una canallada” afirmar que él niega “la tragedia de los desaparecidos” y que sería una forma rápida de “silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar la estafa que se montó sobre una tragedia real y dolorosa”
Considera como válida 169 víctimas, surgida de la Comisión para la Paz del año 2000, como un número “frío, concreto y sin militancia”. Considera que luego llegó “la decisión política” de que el Estado indemnizara a 197 familias, a los que se habrían incorporado casos “extremadamente dudosos”, tanto en su origen como en la supuesta responsabilidad del Estado uruguayo.
Asimismo, discrepa en que se contemple a la mayoría de los casos ocurridos fuera del territorio uruguayo, que el Estado responde “por lo que hacen sus agentes dentro del país, y co-responde por lo que hacen en el exterior únicamente si actúan con consentimiento de las autoridades locales”. Consideró que, a las 32 desapariciones forzadas en Uruguay, podrían sumarse responsabilidades por los hechos de Automotores Orletti y otros puntuales en Paraguay, lo que llevaría la cifra “con generosidad” a un total de “70 u 80”.
En Chile, la negación y minimización del número de víctimas y de la violencia sistemática del Estado es una de las estrategias más comunes y más crueles actualmente, y está muy presente en los discursos de políticos. El excandidato a la presidencia Johannes Kaiser suele referirse a los presos desaparecidos como “supuestos”. El partidario declarado de Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce pone en duda no solo la cantidad sino la existencia de desaparecidos.
José Antonio Kast, que disputará la segunda vuelta de la carrera presidencial el próximo 14 de diciembre, dijo en 2021 que en la dictadura “no se detuvo a opositores políticos”. También relativizó los crímenes por los que Miguel Krassnoff —exbrigadier durante el período autoritario, condenado a más de mil años de prisión— fue sentenciado. Declaró “conocer” a Krassnoff y “no creer” en “todas las cosas que dicen sobre él”. Sumado a ello, últimamente incluso ha abierto la posibilidad a indultarlo.
Kaiser, durante un debate presidencial, afirmó que desea “cerrar el capítulo” de 1973–1990 y sugirió que indultaría a los criminales de Punta Peuco, una prisión chilena destinada a crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Afirmó que “no se puede dejar a personas de 80 y 90 años pudriéndose en una prisión solo porque no agradan políticamente”.
En un ejemplo específico de violencia de género, la diputada Gloria Naveillán, del mismo partido de Kaiser, afirmó que las agresiones sexuales cometidas contra mujeres durante la dictadura son una “leyenda urbana”, pues según ella no se realizaron de forma sistemática, y que “esas son denuncias que no están probadas”. La violencia sexual, sin embargo, fue una práctica durante la dictadura, utilizada como una forma de llevar a las víctimas a la sumisión, incluyendo a niñas.
El negacionismo en Chile también es utilizado para atacar políticas públicas fundamentales, como el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa del gobierno de Gabriel Boric cuyo objetivo es localizar a las personas que desaparecieron durante la dictadura. La investigadora Lidia Casas clasifica como la “mayor crueldad” el indicar que la búsqueda se mantiene abierta solo para mantener el tema vivo, conforme a lo sugerido por Kaiser. El dolor que provoca la negación o relativización es profundo, ya que implica la negación persistente de un sufrimiento que es transmitido entre generaciones.
