La Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), entidad dependiente de la Municipalidad de La Serena —cuya alcaldesa es Daniela Norambuena—, presentó una querella en el Juzgado de Garantía de dicha comuna por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, a partir de irregularidades detectadas en el manejo de fondos del Servicio de Bienestar de la Atención Primaria de Salud (APS), unidad que forma parte del departamento de salud de la corporación.
Los hechos investigados se habrían producido entre 2021 y 2023. La querella está dirigida en contra de Paola Quiroga Barrios y Sirly Vicencio González, quienes integraban el Directorio del Servicio de Bienestar APS durante el período observado.
En ese lapso, según expone el escrito, Quiroga Barrios ejercía como presidenta y Vicencio González como secretaria. Ambas habrían tenido acceso a las cuentas bancarias y a la administración de los recursos del comité.
La acción judicial solicita que se investiguen los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y, eventualmente, administración desleal, bajo el argumento de que las responsables de la administración de los fondos habrían incumplido su deber de custodia y correcta gestión.
Asimismo, se solicitó que el Ministerio Público instruya diligencias investigativas, entre ellas una orden a la Policía de Investigaciones de Chile y la citación a declarar, en calidad de testigos, de las actuales integrantes del Directorio del Servicio de Bienestar APS.
La auditoría externa en la corporación
El origen del caso está en una auditoría externa realizada el 30 de marzo de 2023, a la que Fast Check CL accedió, donde se revisaron los movimientos de cuentas bancarias y los registros de caja correspondientes a los años 2021, 2022 y los primeros meses de 2023, con el objetivo de verificar el uso de los recursos destinados a beneficios para los funcionarios adscritos al sistema de bienestar.
De acuerdo con el análisis contable, se detectó un faltante total de $46.433.231, cifra que —según se sostiene en la querella— «no puede ser atribuida a un simple error contable». El informe advirtió, además, una serie de inconsistencias financieras que no contarían con respaldo válido ni documentación suficiente. (Lea la auditoría aquí).
Entre las irregularidades consignadas se mencionan pagos duplicados de bonos a socios, giros mediante cheques que no habrían sido debidamente justificados ni rendidos con posterioridad, traspasos a caja por montos significativos sin documentación que acreditara su entrega efectiva a los beneficiarios, así como desajustes reiterados entre los ingresos registrados y las salidas de fondos declaradas, tanto en caja como en las cuentas bancarias.
Los recursos observados provienen tanto de aportes de los funcionarios como de la propia corporación y, conforme a la normativa vigente, estaban destinados exclusivamente a beneficios sociales para los trabajadores de la salud comunal. Por lo cual, este déficit constituye un perjuicio económico al patrimonio del Comité de Bienestar APS.
En ese sentido, se plantea que la eventual sustracción o distracción de estos fondos afecta no solo al patrimonio institucional, sino también al adecuado funcionamiento del sistema de salud comunal, al comprometer recursos que tenían un destino social específico y previamente determinado.
La mano de Roberto Jacob
Durante una sesión del concejo municipal de La Serena, en marzo del año 2024, se informó el «extravío» de cerca de $50 millones desde el Servicio de Bienestar, hecho que habría ocurrido en marzo de 2023. En dicha instancia, Paola Quiroga Barrios y Sirly Vicencio González fueron señaladas como las presuntas responsables.
En ese contexto, se atribuyó a Roberto Jacob —exalcalde de La Serena entre 2012 y 2024— la responsabilidad en el nombramiento de Sirly Vicencio, antecedente que consta en un decreto alcaldicio fechado en junio de 2021 (vea acá). Jacob no alcanzó a completar su periodo como jefe comunal, luego de ser destituido —en octubre de 2024— por notable abandono de deberes, a raíz del impago de cotizaciones previsionales por parte de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
Esta redacción tomó contacto telefónico con Roberto Jacob para conocer las medidas adoptadas frente al faltante de más de $46 millones en fondos de bienestar, dado que se detectó mientras cumplía su periodo como alcalde. Consultado al respecto, señaló que «no recordaba» los hechos y que prefería no emitir opinión.
Fast Check CL intentó conversar por diversas vías con las querelladas, Paola Quiroga y Sirly Vicencio, con el fin de obtener su versión de los hechos. No obstante, no fue posible establecer contacto con ninguna de ellas.
