Política de corrección (04/01/2026): Fast Check CL informó que no había recibido respuesta de Thiare Chiappa Gómez respecto de las consultas enviadas en el marco de este artículo. Sin embargo, tras una revisión posterior, se constató que la aludida sí había remitido una respuesta dentro del plazo estimado. En consideración a lo anterior, la nota fue actualizada para incorporar su declaración íntegra en el cuerpo del artículo y dejar constancia de su versión sobre los hechos abordados.
En septiembre de 2025, Fast Check CL informó que la Contraloría Regional de Atacama había iniciado un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Copiapó tras detectar infracciones a la Ley de Compras Públicas en adquisiciones realizadas al proveedor Víctor Varela Ávila E.I.R.L., empresa que concentró decenas de órdenes de compra pese a no ofrecer los precios más convenientes en todos los casos.
En dicho artículo, se dio cuenta de que, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la municipalidad emitió 73 órdenes de compra a la empresa de Varela por más de $282 millones, mediante compras ágiles y tratos directos. Además, Fast Check CL constató que el municipio era el único comprador público del proveedor, cuyo representante legal es un exfuncionario municipal.
De acuerdo con registros de Transparencia municipal, Víctor Varela Ávila trabajó a honorarios en la Municipalidad de Copiapó al menos entre diciembre de 2014 y 2017, período en que los jefes comunales fueron Maglio Cicardini —actual alcalde— y Marcos López. Posteriormente, y a pocos días de que Cicardini asumiera nuevamente la alcaldía, la empresa vinculada a Varela comenzó a concentrar compras de diversa naturaleza por parte del municipio, incluyendo servicios, insumos y mobiliario destinados a distintas dependencias municipales, entre ellas la alcaldía.
Ahora, Fast Check CL accedió al Informe Final de Investigación Especial N° 739, emitido por la Contraloría Regional de Atacama el 22 de diciembre de 2025. El documento da cuenta de una denuncia relativa a un vínculo conyugal entre Víctor Varela y una prestadora de servicios del propio municipio. Mientras su esposa era parte del organismo, Varela recibió más de $98 millones en contratos.
Por otro lado, el escrito también trata una fragmentación de una órden de compracontrataciones realizadas por el municipio para la remodelación de la oficina del alcalde.
La empresa y el vínculo conyugal
El Informe Final N° 739 abordó una denuncia relativa a un vínculo conyugal entre el representante legal de la empresa Víctor Varela Ávila E.I.R.L. y la prestadora de servicios municipales Thiare Chiappa Gómez. El antecedente fue planteado por un denunciante como una posible infracción a la prohibición de contratar con parientes de funcionarios o prestadores de la misma entidad.
La Contraloría dejó constancia de que esta situación fue puesta en su conocimiento mediante la respectiva denuncia, sin emitir en esta etapa un pronunciamiento sobre la existencia ni los eventuales efectos jurídicos del vínculo. No obstante, el informe precisa que los antecedentes se derivaron a la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional, con el fin de realizar el análisis legal correspondiente.
Sobre esta materia, Fast Check CL corroboró en certificado de matrimonio de Víctor Varela, donde se constata que desde diciembre de 2012 está casado con Thiarre Chiappa Gómez, quien prestó servicios a honorarios al menos entre marzo de 2015 y fines de abril de 2025.
Las órdenes de compra adjudicadas a Varela se iniciaron en diciembre de 2024 y se extendieron hasta diciembre de 2025. En ese período, la Municipalidad de Copiapó adjudicó a su empresa un total de $597.657.124. En tanto, durante el lapso en que coincidieron la prestación de servicios de Chiappa y las adjudicaciones a Varela, el monto adjudicado al exfuncionario alcanzó los $98.784.268.
En relación con esto, el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, establece que el Estado —a través de cualquiera de sus organismos— no puede celebrar contratos con su propio personal, cualquiera sea su calidad jurídica, «ni con sus cónyuges o convivientes civiles».
Consultada por Fast Check CL, la Municipalidad de Copiapó señaló que «es importante aclarar que la persona mencionada como cónyuge había dejado de ser funcionaria municipal desde el 1 de mayo de 2025, lo cual ocurrió con anterioridad al informe emitido por Contraloría». Agregó que «se han reforzado los sistemas de control de los antecedentes de los proveedores, con el fin de evitar que situaciones como la consultada ocurran al interior del municipio».
Fast Check CL no identificó un medio de contacto disponible para dirigir consultas a Víctor Varela. Pero, se contactó a Thiare Chiappa, quien señaló que:
«Me desempeñé en una oficina externa del Municipio. Debo indicar que en abril del año 2025 se nos informó a todos los funcionarios municipales mediante un Ordinario emitido por la Dirección de Control Municipal, el alcance de la normativa de contratación pública en comento. Ante esto; inmediatamente se solicitó un pronunciamiento a Contraloría para determinar el alcance de la norma en mi situación particular y, antes de obtener respuesta, y pese a no haber sido parte alguna en ningún proceso de contratación de dicho tipo, durante ese mismo mes tomé la decisión personal de renunciar al Municipio, para evitar cualquier irregularidad».
Fragmentación para remodelar la oficina del alcalde de Copiapó
Por otro lado, el informe de Contraloría estableció que hubo una fragmentación de compras para la remodelación de la oficina del alcalde. En específico, el órgano fiscalizador constató que, tras la revisión de dos decretos de pago realizados a la empresa Obras Civiles Integrales R&R SpA por un total de $9.927.799, «es posible advertir que la naturaleza de las órdenes de compra es símil, dada la cuantía que involucra cada proceso de compra y su origen», lo que, a juicio de la Contraloría, evidencia que el municipio «evitó la obligación de realizar un proceso licitatorio».
El informe señala que esta práctica contraviene el artículo 16 del Decreto N° 661 de 2024, que regula los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, norma que define y sanciona la fragmentación de contrataciones.
De igual manera, el órgano fiscalizador segmentó las órdenes de compra cursadas a tres proveedores distintos para la ejecución de la remodelación: Obras Civiles Integrales R&R SpA, GP SpA y Víctor Varela Ávila E.I.R.L por un total de $23.264.299. No obstante, los montos cuestiones corresponden a los decreto de pago N° 538 y 539.
Como resultado de estas observaciones, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Copiapó actualizar su Manual de Procedimientos de Compras en un plazo de 60 días hábiles y dar inicio a un procedimiento disciplinario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del informe, debiendo remitir los antecedentes a la Contraloría Regional para el seguimiento de las medidas adoptadas.
