Formalización por presunto fraude: tribunal fija audiencia y autoriza levantar el secreto bancario a cercanos del diputado Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 11 de febrero de 2026 la audiencia de formalización en la causa que investiga la presunta obtención fraudulenta de casi $26 millones en recursos del FNDR, vinculados a proyectos adjudicados a la Fenats de Aysén. En el proceso serán formalizadas seis personas, entre ellas Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo —quienes también están siendo investigados en la causa que tiene al diputado Miguel Ángel Calisto desaforado— incluyendo además al padre y a la hermana de Cárcamo Catalán. Asimismo, el tribunal también autorizó el levantamiento del secreto bancario de parte de los imputados para reconstruir el flujo de los recursos públicos investigados.
Cárcamo

Roland Cárcamo Catalán, cercano al diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente), enfrenta un nuevo avance judicial en una de las causas que lo mantienen bajo investigación penal. Cárcamo será formalizado por una presunta defraudación de recursos públicos vinculada a proyectos financiados por el Gobierno Regional (Gore) de Aysén, en una causa donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también actúa como querellante.

Cárcamo no es un nombre ajeno al Ministerio Público. Actualmente figura como imputado en al menos dos investigaciones penales distintas: una relacionada con el presunto desvío de asignaciones parlamentarias del diputado Calisto —causa que derivó en el desafuero del legislador— y otra por una supuesta obtención fraudulenta de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Aysén.

En la investigación que involucra a Miguel Ángel Calisto -senador electo por Aysén-, el CDE sostiene que Cárcamo, junto a su esposa y exasesora del parlamentario, Carla Graf Toledo, habría participado en maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines ajenos a la función legislativa. Dicha indagatoria se encuentra radicada en la Fiscalía Regional de Aysén y fue uno de los antecedentes considerados por la Corte Suprema para confirmar el desafuero del diputado.

En paralelo, Fast Check CL reveló que el Ministerio Público indaga a Cárcamo por su rol como tesorero de la Fenats de Aysén, organización que recibió cerca de $26 millones de parte del Gore de Aysén para la ejecución de proyectos que, según la querella del CDE, no se habrían realizado. En esta causa, Cárcamo -exdirigente gremial- es acusado de haber gestionado, cobrado y rendido iniciativas financiadas con fondos FNDR, presentando antecedentes que el organismo querellante califica como «ideológicamente falsos».

La causa FNDR tuvo su origen en una denuncia presentada por Horacio Vargas Cárdenas, entonces presidente regional de la Fenats, quien desconoció su firma en las rendiciones de cuenta y posteriormente llevó los antecedentes ante la Fiscalía de Coyhaique. A partir de esa denuncia, el Ministerio Público inició una investigación que derivó en una querella del CDE por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones.

Con el avance de la indagatoria, ambas acciones —la del CDE y la denuncia original del exdirigente gremial— fueron agrupadas en una sola causa penal. En ese contexto, la Fiscalía solicitó al tribunal fijar la audiencia de formalización e incorporó a dos nuevos imputados: el padre y la hermana de Roland Cárcamo Catalán.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió fijar audiencia de formalización y, además, autorizó una diligencia solicitada por la Fiscalía: el levantamiento del secreto bancario de los imputados.

La eventual participación de los Cárcamo

La causa que investiga el presunto fraude con recursos del FNDR dice relación con tres proyectos adjudicados a la Fenats de Aysén, financiados por el Gore de Aysén por un total de $25.998.000. Según la querella del CDE, las iniciativas fueron cobradas y rendidas como ejecutadas, pese a que no existirían antecedentes que acrediten su realización efectiva.

De acuerdo con el libelo, los fondos fueron aprobados el 31 de mayo de 2023 y transferidos a la cuenta de la Fenats el 8 de junio del mismo año. Ese mismo día, Roland Cárcamo Catalán —en su calidad de tesorero de la organización— habría girado un cheque por $25.970.000, correspondiente a casi la totalidad de los recursos recibidos.

En un comienzo, la querella interpuesta por el CDE incluía a Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo, Sandra Loaiza Henríquez y Fabiola Castillo Bustamante.

Sin embargo, en la solicitud ingresada por la Fiscalía para fijar la audiencia de formalización, el Ministerio Público amplió el listado de imputados e incorporó al padre del exjefe de campaña del diputado Calisto, Roland Cárcamo Garrido, y a su hermana, Natalia Cárcamo Catalán.

El escrito sostiene que Cárcamo Catalán «se concertó con los imputados Roland Cárcamo Garrido, Natalia Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, para defraudar al Fisco de Chile». En ese contexto, la Fiscalía apunta a que los familiares del entonces tesorero de la Fenats de Aysén no habrían tenido un rol secundario, sino que son considerados por el Ministerio Público como «coautores ejecutores directos» del delito investigado.

Cárcamo
Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo

Según la solicitud de formalización, los cuatro imputados habrían gestionado la postulación de los tres proyectos y participado en la presentación de documentos «que daban cuenta falsamente de la realización de reuniones informativas (…) jornadas de reflexión con las beneficiarias, talleres y charlas, a sabiendas de que ninguna de estas actividades fue realizada».

Asimismo, el Ministerio Público afirma que los imputados se habrían contactado con Sandra Loaiza Henríquez y Fabiola Castillo Bustamante para solicitarles la emisión de boletas de honorarios y la facilitación de sus claves del Servicio de Impuestos Internos. De esta manera, ambas son calificadas como «autoras cooperadoras», debido a que, según la Fiscalía, «aceptaron la proposición, a sabiendas de que ellas no iban a realizar ningún trabajo, servicio o prestación efectivo».

Finalmente, el documento judicial consigna que, a cambio de la facilitación de boletas y claves del Servicio de Impuestos Internos, «Natalia Cárcamo depositó a Sandra Loaiza $390.000 y a Fabiola Castillo $200.000» (ver solicitud de Fiscalía acá).

Contactados por Fast Check CL, la defensa de Roland Cárcamo Catalán señaló que están a la espera de que les llegue la carpeta de investigación actualizada. Sobre la autorización del levantamiento del secreto bancario, indicaron que siempre han «estado disponibles para todas las diligencias que el Ministerio Público estime conveniente».

La formalización

En este contexto, la Fiscalía Local de Coyhaique solicitó el 30 de diciembre al Juzgado de Garantía de la comuna la fijación de audiencia de formalización y la autorización para levantar el secreto bancario de los investigados. El tribunal resolvió al día siguiente acoger la solicitud, fijando la audiencia para el 11 de febrero de 2026.

Además de Roland Cárcamo Catalán, la Fiscalía formalizará a su pareja, Carla Graf Toledo; su hermana, Natalia Cárcamo Catalán; su padre, Roland Andrés Cárcamo Garrido; y a Sandra Loaiza Henríquez y Fabiola Castillo Bustamante.

Cárcamo
Fiscalía de Coyhaique

Como parte de las diligencias previas a la formalización, el tribunal autorizó el alzamiento del secreto bancario de diversas cuentas corrientes, vistas y de ahorro mantenidas por los imputados en Banco Estado, BCI, Banco Falabella y la plataforma digital MACH. En específico, la medida fue solicitada respecto de los integrantes de la familia de Cárcamo Catalán, excluyendo a Loaiza y Castillo.

La resolución judicial estableció que las instituciones financieras deberán remitir las cartolas bancarias directamente al fiscal Luis Humberto Contreras Alfaro, a cargo de la investigación. Asimismo, el tribunal advirtió que, en caso de incomparecencia injustificada a la audiencia, los imputados podrán ser conducidos por la fuerza pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal (ver autorización del Tribunal acá).

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