A la par con la investigación de Contraloría General respecto a los viajes realizados en 2023 por el alcalde de Cerro Navia, Mauricio Tamayo, y su jefa de gabinete, Varinia Díaz, a Dubai y Vietnam, la Municipalidad de Cerro Navia se encuentra bajo la lupa por irregularidades relacionadas al área de la salud: una crisis en la gestión administrativa y financiera del Departamento de Salud Municipal.
Fast Check CL revisó el Informe Final N° 169-2025 de la Contraloría, en el que se detallan incumplimientos a la normativa de compras públicas y deficiencias en los mecanismos de control de insumos médicos. La auditoría —que abarca el periodo entre julio de 2023 y diciembre de 2024— se enfocó en fiscalizar las adquisiciones realizadas mediante trato directo y las falencias en el control de medicamentos.
Estos aspectos se reflejaron en hallazgos que evidencian un control interno debilitado, marcado por la inexistencia de manuales de procedimiento, organigramas desactualizados y una insuficiente supervisión jerárquica. Entre las observaciones más relevantes, se consignó la fragmentación de contratos por un total de $480 millones, así como irregularidades en la gestión de medicamentos.
A este escenario se suma la emisión de una orden de compra a un proveedor que, al momento de la transacción, ya había fallecido. Junto a ello, el escrito detectó más de 8 mil medicamentos controlados vencidos —algunos con más de una década de antigüedad— almacenados en el botiquín del CESFAM Adalberto Steeger.
Finalmente, la constatación de irregularidades financieras y de una deuda previsional heredada de CORMUCENA —que al 31 de diciembre de 2024 ascendía a $13.316.845.955— derivó en la instrucción de iniciar sumarios administrativos y procedimientos disciplinarios para establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La fragmentación de compras públicas de Cerro Navia
Entre julio de 2023 y diciembre de 2024 la Municipalidad de Cerro Navia contrató, mediante trato directo, los servicios de arriendo de vehículos para el transporte del departamento de salud. Según el órgano fiscalizador, la contratación se fragmentó en 126 ocasiones, desembolsando $480.035.400 en total. Junto a esto, las diversas contrataciones que provocó la fragmentación quedaron en montos inferiores a 10 UTM, evitando una licitación pública.
Asimismo, entre los hallazgos de Contraloría, se expone que el municipio de Cerro Navia autorizó cuatro tratos directos que sumaron $8.516.700, destinados a servicio de traslado de personal e insumos. Aquello, provocó que se invocara erróneamente -afirma el ente fiscalizador- la causal prevista en el artículo 10, del decreto Nº 250 del Ministerio de Hacienda, la cual establece que se permite la contratación directa de forma excepcional cuando una licitación pública no recibe ofertas o estas son inadmisibles, y la contratación es indispensable para el organismo.
Respecto a lo anterior, la realidad fue que los antecedentes presentados demostraron que las licitaciones habían sido revocadas. Por lo tanto, los actos administrativos carecían de motivación necesaria y no se ajustaban al derecho.
Por último, se suma la emisión de una orden de compra a una persona fallecida. Según el informe, el municipio de Cerro Navia justificó que desde la unidad de abastecimiento y contrataciones fue realizada la solicitud de cotización el 28 de mayo de 2024. Posteriormente, se obtuvo respuesta por parte del proveedor el día 29 de mayo a través del portal Mercado Público, adhiriendo a la compra solicitada.
Sin embargo, la misma auditoría advirtió que el 28 de junio de 2024 ocurrió la emisión del documento por $1.115.030 al proveedor para la adquisición de insumos de cirugía menor. Según el Registro Civil el proveedor había fallecido el 15 de junio del mismo año.
Irregularidades en el control de medicamentos
Otra de las irregularidades mencionadas en el informe tiene relación con el control y gestión de los medicamentos a cargo del Departamento de Salud de Cerro Navia. En una revisión al botiquín del CESFAM Adalberto Steeger, se constató la existencia de 8.027 medicamentos controlados vencidos y no eliminados a la fecha de la fiscalización. Aquellos, correspondian a estupefacientes y psicotrópicos que perdieron su vigencia entre mayo de 2011 y marzo de 2024.
Asimismo, se verificó que de los 436 medicamentos registrados en el sistema de control de inventario del botiquín, 418 estaban valorizados a solo $1. Según el escrito, esta situación distorsiona la información sobre la valorización de las existencias, incumpliendo lo señalado en la resolución N° 3, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.
A las irregularidades en recuento de medicamentos, se suma las diferencias y faltas de cuadración con el sistema RAYEN. El informe evidencia las inconsistencias entre el recuento físico y el registro digital en el sistema para 2.049 medicamentos controlados. Por ejemplo, figuraban 890 comprimidos correspondientes a Metilfenidato clorhidrato, y 54 comprimidos de Morfina, que no se encontraban físicamente en el botiquín.
El sistema RAYEN corresponde a una plataforma de gestión y registro clínico electrónico, utilizada en la Atención Primaria de Salud (APS) y en establecimientos hospitalarios. Su objetivo es centralizar la información de los pacientes, agilizar los procesos administrativos y clínicos.
Por otro lado, el 11 de marzo de 2025 se encontraron 1.105 unidades de Diazepam 10mg/2ml en el stock físico del botiquín. Sin embargo, el sistema RAYEN no tenía ningún registro de ese ingreso ni existencia.
Por último, los hallazgos del informe abordaron irregularidades en el libro de movimientos de medicamentos psicotrópicos, constando que se encontraba desactualizado al momento de la fiscalización. Adicionalmente, no contaba con la visación requerida por el Instituto de Salud Pública (ISP).
La deuda previsional masiva
Uno de los hallazgos más críticos del informe de auditoría es la existencia de una deuda previsional de gran magnitud, originada en la gestión de la disuelta Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia (CORMUCENA). Dicha entidad se eliminó el 1 de julio de 2023 debido a corrupción y malas gestiones “al no conseguir mejorar la atención de salud para la población, ni incrementar la calidad en educación”, explicó Tamayo para La Tercera.
Al 31 de diciembre de 2024, el monto adeudado por concepto de cotizaciones previsionales impagas ascendía a $13.316.845.955. El informe. constatató que parte de estas obligaciones se arrastran desde 2008, lo que implica hasta 16 años de incumplimiento.
De acuerdo con lo señalado en el escrito, el municipio explicó que «solicitó a la Superintendencia de Pensiones aclarar a quiénes corresponden las deudas por cotizaciones previsionales informadas, con el fin de determinar las eventuales acciones judiciales que se adopten en la materia». Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Educación debe asumir esas obligaciones, según lo establece el artículo 34 transitorio de la ley N° 21.040.
Sin embargo, la Contraloría determinó que la Municipalidad de Cerro Navia —a través del Departamento de Salud— debe «pagar las obligaciones y deudas originadas por la prestación del servicio del área de la salud mediante la disuelta CORMUCENA».
Ante la magnitud de la deuda y la falta de regularización, el organismo fiscalizador anunció la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades correspondientes. Además, el informe advierte que las implicancias legales, conforme al artículo 60 de la ley N° 18.695, establecen que el no pago reiterado, íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales podría configurar un notable abandono de deberes por parte del alcalde y del concejo municipal.
La versión del municipio de Cerro Navia
Sobre la fragmentación de 126 contratos, el municipio señaló que durante el periodo auditado se realizaron tres procesos de licitación pública. Sin embargo, los procedimientos fueron declarados desiertos, revocados o con ofertas inadmisibles por factores externos. Asimismo, añadieron que el uso del trato directo fue de carácter transitorio para no interrumpir rondas médicas, visitas domiciliarias ni el traslado de personal. Adicionalmente, aseguraron que «participaron más de 30 proveedores, descartando concentración o favorecimiento a un prestador particular».
En relación con la orden de compra emitida a una persona fallecida, la municipalidad indicó que, al momento de la transacción, el proveedor figuraba como hábil en el Registro Oficial de Proveedores del Estado. En ese contexto, sostuvo que se dio cumplimiento a los procedimientos administrativos vigentes, «sin que existiera información disponible en el sistema de compras públicas que advirtiera el fallecimiento de la persona mientras se tramitaba el proceso».
En cuanto a las inconsistencias detectadas en el sistema RAYEN por errores en el registro de stock de Diazepam, el municipio explicó que el sistema «solo registra el inventario disponible para despacho clínico». La Municipalidad señaló que no incluyó el medicamento en el reporte a Contraloría porque no estaba habilitado para despacho, y que las unidades físicas detectadas eran fármacos vencidos que el sistema había dado de baja previamente, lo que acreditó mediante la bincard enviada al órgano fiscalizador
Finalmente, la valorización de insumos a $1 fue atribuida a una limitación del sistema RAYEN. Según indicó el municipio, «los medicamentos recepcionados en la bodega central de la Dirección de Salud ingresan a RAYEN con su valor unitario. Sin embargo, el Acta de Movimiento no incorpora dicho ítem, por lo que los módulos del botiquín no visualizan el valor real del producto».
