Orlando Durán Ponce, jefe de la División de Atención Primaria (Divap) del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue condenado por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco. La sentencia se conoció tras un intenso juicio oral que revisó pruebas de irregularidades en la gestión de residencias sanitarias durante la pandemia de Covid-19.
El caso surgió en 2020, en plena emergencia sanitaria, cuando el Estado habilitó residencias para aislar a pacientes con Covid-19. En ese marco, la Subsecretaría de Redes Asistenciales —dirigida por Arturo Zúñiga— aprobó un contrato de $205 millones con Hotel Clínico SpA para proveer 40 habitaciones. La empresa había sido constituida apenas dos meses antes y su única socia registrada era Alexandra González Silva, funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Más tarde se reveló que el hotel estaba vinculado a Durán Ponce, compartiendo dirección y teléfonos con su otra firma, Smart Apart. Además, se confirmó que González Silva era su pareja y que un asesor del ministerio intervino para agilizar pagos que beneficiaron directamente a la empresa.
Tras estas revelaciones, el propio subsecretario Zúñiga presentó una querella criminal, que dio inicio a un proceso judicial de cinco años. Finalmente, Durán fue condenado, y la sentencia definitiva —donde se conocerán la duración exacta de la pena y las multas que deberá pagar— está programada para el 16 de febrero.
¿Qué sucedió con las residencias sanitarias?
El 22 de mayo de 2020, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aprobó un trato directo de $205 millones con Hotel Clínico SpA. La empresa debía proveer 40 habitaciones como residencias sanitarias para pacientes con Covid-19. El contrato se firmó apenas dos meses después de que la sociedad fuera constituida legalmente. Su única socia registrada era Alexandra González Silva, funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Una investigación de Interferencia reveló que el Hotel Clínico tenía vínculos con Orlando Durán, entonces jefe de la Divap del Minsal. El hotel operaba en la misma dirección y con los mismos números telefónicos que Smart Apart, una firma hotelera de Durán. La coincidencia generó alertas, dado que la Divap estaba encargada de contratar los hoteles.
Posteriormente, Ciper señaló que Alexandra González era pareja de Durán. Además, el medio conversó con Alexis Flores, asesor cercano de Zúñiga, quien tuvo que dejar su cargo tras confirmarse que intervino para acelerar pagos a residencias sanitarias, favoreciendo al Hotel Clínico SpA.
Flores reconoció que su llegada al Minsal respondía a criterios de militancia política y gestión territorial. Según Ciper, Flores, Durán y Francisco Miranda —director del Servicio de Salud Occidente, donde estaba contratada la pareja de Durán— compartían un historial de cargos en municipios y organismos de salud pública. Este entramado ha sido descrito como una «trenza» política, que permitía a militantes ocupar puestos estratégicos, facilitar empleos a familiares y adjudicar contratos con fondos fiscales.
Las revelaciones provocaron la salida de Durán y Flores del ministerio y motivaron una querella criminal presentada por el propio subsecretario Zúñiga. La auditoría de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad pusieron bajo la lupa no solo al Hotel Clínico, sino a toda la política de contratación de residencias. El escándalo terminó por desmantelar un esquema en el que la urgencia de la pandemia se utilizó para beneficiar a un círculo cerrado de operadores políticos.
La condena a Orlando Durán
El juicio contra Orlando Durán Ponce se extendió por más de cinco años desde que estallara el escándalo en 2020 y culminó tras un intenso proceso oral entre el 23 de enero y el 4 de febrero de 2026. El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago escuchó a la fiscalía, al Consejo de Defensa del Estado y a la defensa, y revisó más de 400 documentos y los testimonios de 38 personas.
Durán Ponce fue declarado culpable de negociación incompatible y fraude al fisco, en grado consumado y frustrado. El tribunal determinó que actuó deliberadamente para favorecer a su círculo cercano. Entre los hechos descritos en la causa se encuentra la transferencia de $10.600.000 a Alexandra González Silva para financiar la boleta de garantía que cerró el contrato con el Estado.
El juicio también expuso irregularidades en la gestión de las residencias sanitarias. La empresa presentó planillas con 145 supuestos pacientes, de los cuales el 88% nunca fue derivado por la autoridad sanitaria. Además, más de 50 huéspedes extranjeros registrados ya habían abandonado el país antes de las fechas en que supuestamente ocuparon las habitaciones.
La condena también incluyó el fraude vinculado a la contratación de su pareja, Alexandra González Silva. Aunque no estaba titulada, Durán certificó que González tenía experiencia en zoonosis, lo que permitió su contratación a honorarios en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Además, se constató que se presentaron informes que atribuían a González trabajos en la Divap que nunca realizó, defraudando así $2.400.000.
Tras conocerse el veredicto el 4 de febrero, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Durán por peligro de fuga ante la inminencia de la pena y sugirió a Gendarmería evaluar un traslado a Capitán Yaber. Se fijó una caución de $7.000.000 para optar a arresto domiciliario nocturno. La sentencia definitiva, donde se conocerán la duración de la condena y las multas que deberá pagar, está programada para el 16 de febrero.
