El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Melipilla donde se devela una red de coimas en la Tenencia de Carreteras de Melipilla. La acción judicial apunta a seis funcionarios de Carabineros y dos civiles por su participación en un esquema de retiro injustificado de vehículos. Según los antecedentes contenidos en el escrito, el grupo de funcionarios policiales trasladaba automóviles exclusivamente al Aparcadero Custodias Nacionales (ACN) en San Bernardo, a cambio de pagos ilícitos.
Los carabineros querellados son: Luis Orrego Reyes, Claudio Aceituno Fuentes, Cristian Gutiérrez Pérez, Francisco Marrot Martínez, José Romero Cordero y Francisco Palma Huerta. Por su parte, los civiles corresponden a Francisco Cortez Loveras y José Luis Carreño Zenteno.
Testigos dentro de la propia institución —conforme a lo descrito en la querella— relataron haber presenciado reuniones en la oficina del Jefe de Tenencia donde se manejaban fajos de billetes, seguidas de comentarios de los funcionarios involucrados como «permiso que me voy a pagar». Además, chats de WhatsApp revelaron que carabineros llegaban a reclamar cuando el intermediario no se acercaba a entregar el dinero pactado.
La querella del CDE estima que los hechos —producidos principalmente entre 2019 y 2020— revisten el delito de cohecho agravado en el caso de los carabineros, y como soborno para los dos civiles que presuntamente pagaban las coimas. El escrito sostiene que los funcionarios omitieron intencionalmente el registro de los vehículos en las plataformas oficiales.
Los cimientos de estos antecedentes se remontan a cuando el Ministerio Público formalizó por los delitos de cohecho y asociación ilícita a funcionarios y altos mandos de Carabineros desplegados en distintas comunas de la Región Metropolitana, investigación que pasó a ser conocida como el «Caso Grúas» en 2021. En tanto, por la empresa ACN, José María Williamson Poblete y Francisco Cortez Loveras también fueron formalizados. El nombre de Cortez Loveras vuelve a aparecer en esta causa.
El modus operandi con el aparcadero
El fraude, según relata la acción judicial, consistía en un procedimiento destinado a eludir la fiscalización de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de supervisar el flujo vehicular y peatonal en tiempo real.
Según el testimonio de una sargento —cuya identidad para este artículo se mantendrá en reserva—, el personal policial informaba de manera reglamentaria solo el primer retiro de vehículos de cada jornada. Una vez cumplido ese registro inicial, los uniformados procedían a sacar de circulación otros automóviles de forma irregular, los que no eran incorporados a la cuenta diaria. Este mecanismo permitía que las grúas del aparcadero operaran a plena capacidad sin dejar constancia en las plataformas oficiales.
La querella consigna que, al término de las fiscalizaciones, los propios efectivos comentaban sus actuaciones con frases como «necesitabas plata que retirarse tanto vehículo».
En el escrito se identifica a José Luis Carreño Zenteno, alias «Coke», como el principal vínculo entre la policía y el aparcadero privado. Carreño concurría, apunta el CDE, dos veces al día a la unidad policial para retirar las actas y las llaves de los vehículos incautados, entregando a cambio sobres con dinero en efectivo directamente en la oficina del jefe de Tenencia. Los montos estaban previamente establecidos: fuentes judiciales confirman pagos de «$40.000 por camión y $20.000 por automóvil» retirado.
El pago de esas coimas derivó en procedimientos arbitrarios, que incluyeron la desaparición de permisos de circulación vigentes entregados por los conductores, con el fin de justificar la infracción y el traslado al corral. Un testigo protegido declaró haber encontrado uno de estos documentos en un recipiente de basura al interior de la unidad.
Fast Check envió preguntas a través de una dirección de correo electrónico facilitada por Carabineros, con el objetivo de conocer las medidas tomadas en contra de los seis carabineros. No hubo comentarios hasta la publicación de este artículo.
Las pruebas de coordinación
El cómo operaba esta red en Melipilla quedó expuesto en diversos testimonios internos. La querella explicita que en una oportunidad, mientras el intermediario «Coke» se reunía con funcionarios que portaban fajos de billetes, un testigo escuchó al cabo segundo Marrot Martínez decir, en voz alta y entre risas: «permiso que me voy a pagar».
Este patrón se habría extendido, además, a presiones ejercidas sobre otros carabineros para que firmaran las infracciones, con el objetivo de evitar que los nombres de los principales involucrados aparecieran de forma reiterada en los reportes de retiro.
Las pruebas recabadas por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros terminaron por consolidar los antecedentes en contra de los querellados. En el teléfono de Francisco Cortez Loveras, gerente de operaciones de ACN y exfuncionario de Carabineros, se encontraron —supuestamente— conversaciones de WhatsApp en las que el sargento Romero Cordero gestionaba influencias ante el Departamento de Tránsito en favor del aparcadero ACN.
Además, la presión por los pagos también habría quedado reflejada en los mensajes enviados por carabineros:
«Los colegas están reclamando mucho q el hombre no se acerca a entregar $».
En otro intercambio, ante la consulta por un bono solicitado por el carabinero apodado «Palma», el propio gerente preguntaba quiénes más exigían ese tipo de pagos extraordinarios.
Fast Check envió preguntas a ACN para recabar sus explicaciones respecto de esta querella. Hasta el cierre de este artículo, no obtuvimos respuesta.
El excarabinero Cortez Loveras
En el año 2022 se registraron las primera condenas del «Caso Grúas», por las que fueron condenados -por delitos de cohecho y soborno- Ricardo Barriga (exprefecto del Maipo), Ismael Cid (ex comisario de 6ª Comisaría Recoleta), Sebastián Pazo Rodway (excomisario de 3ª Comisaría Rancagua), Marco Meneses (exjefe de Gabinete de la Secretaría General de Carabineros) y José Williamson Poblete (uno de los dueños de ACN) a 5 años, multa de $23.460.000 y accesorias.
De acuerdo a documentos judiciales, y contrario a algunos condenados, la defensa de Francisco Cortez Loveras desistió del procedimiento abreviado. En los últimos movimientos de la causa, Cortez Loveras continúa como imputado en el origen del «Caso Grúas».
Francisco Cortez Lovera integró las filas de Carabineros, pero fue dado de baja en 2008 tras su participación en un robo con intimidación en la comuna de Colina. De acuerdo con un reportaje de Ciper, la institución policial tenía conocimiento y mantenía bajo monitoreo los antecedentes vinculados al «Caso Grúas» desde, al menos, 2014.
Según el citado medio, basado en un informe interno de Carabineros, Cortez Loveras mantenía vínculos con personal de la 49ª Comisaría de Quilicura, donde existían filmaciones de cámaras de seguridad que lo exhibían en oficinas de su aparcadero conversando con funcionarios activos de dicha unidad.
