Esta semana, el club Universidad de Chile recibió severas sanciones por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, siendo sentenciado a jugar tres fechas con publico reducido y limitación en la entrada a la Galería Sur del Estadio Nacional.
El veredicto se da a conocer luego de graves incidentes ocurridos en el mismo coliseo. Hinchas azules protagonizaron altercados con la policía y quemaron butacas en lo que fue el arranque del Campeonato Nacional.
Los desmanes, dejaron más de 10 detenidos y 25 prohibiciones de admisión a los estadios del país. No obstante, las sanciones fueron menos gravosas «en el sentido que las medidas de prevención adoptadas por el club Universidad de Chile» estaban en regla, según el fallo.
«Esto no se trata simplemente de la tarea que tiene que hacer el Estado, sino que también los clubes y quienes participan o hacen negocios con el fútbol», dijo la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tras los incidentes. Algo que ahondó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmando que «hemos estado en una política de exigir más a los clubes».
Cifras oficiales –a las que accedió Fast Check vía Ley de Transparencia–, sugieren que esta es la dirección correcta, pero aún queda mucho camino por delante.
Según datos del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, los «incidentes graves en partidos de fútbol profesional» aumentaron 154% entre 2015 y 2025.
Pese a ello, los datos señalan que hubo una disminución de 17% en el último año, lo cual rompió una tendencia alcista que se mantenía desde 2022 y coincide con la mayor exigencia del gobierno hacia los clubes.
Según la Ley de Violencia en los Estadios (19.327), los organizadores deben garantizar la seguridad del público en sus encuentros, y así –como señaló la ministra Vallejo–, «proteger a las familias que quieren ir a disfrutar con sus hijos».
«La crisis del fútbol tiene un impacto evidentemente activo en los problemas de seguridad», complementa el exgeneral de Carabineros, Aldo Vidal, enfatizando en la relevancia de los datos.
Incidentes disminuyeron, pero aún así se mantienen altos
El Departamento de Orden Público y Eventos Masivos especifica que los partidos que percibieron faltas o delitos subieron de 26 a 76 en el periodo 2015-2025. No obstante, se aprecia un descenso en los años de pandemia por los partidos que se jugaron sin público ante los confinamientos masivos.
Los incidentes graves pasaron de 137 a 348 –un alza de 154% en los desórdenes deportivos–, en tanto, la tasa de disturbios por encuentro aumentó de 0,23, en 2015, a 0,41 en 2025.
No obstante aquello, desde 2024 a 2025 se aprecia una baja en los incidentes de 17%, algo que destaca el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao.
«Lo anterior es destacable por cuanto el año pasado asistieron a los estadios de fútbol profesional casi 3,7 millones de personas, cifra que no solo supera a 2024 sino que se enmarca dentro de las mejores asistencias anuales de la década».
Los clubes que presentaron más desórdenes –jugando de local– fueron Colo-Colo (124), Universidad de Chile (80) y Universidad Católica (49), lo que es proporcional al número de público que perciben.
Entre los incidentes que más se repiten y han aumentado en el periodo de análisis se encuentran el ingreso no autorizado de lienzos, el uso de fuegos artificiales y los traspasos o escalamientos, que ponen en riesgo la seguridad de los asistentes.
Al menos tres hinchas cayeron desde el techo del Estadio Monumental en 2025. Uno de ellos falleció.
Falta de inversión en seguridad
Según expertos que han seguido de cerca el fenómeno delictual en los estadios, la falta de inversión en seguridad es una constante entre los organizadores.
El académico y director del Magíster en Finanzas de la Universidad de Valparaíso, Alejandro Torres, reveló que gastan solo 0,98% de su presupuesto en este ámbito.
«Los clubes ya no están disponibles a invertir en seguridad, no están disponibles para concretar formalmente el Registro Nacional de Hinchas», sostiene Aldo Vidal, que hoy es vocero de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (ASEVA).
Algo que complementa Cristóbal Silva, administrador público que analizó el extinto Plan Estadio Seguro:
«Hoy por hoy los clubes no tienen mayor incentivo o interés en invertir en seguridad y, como se puede ver en el caso de Colo-Colo o Universidad Católica (…) saben que independiente de lo que suceda van a llenar al estadio».
Agrega que «muchas veces no son dueños del mismo estadio» –como Universidad de Chile–, por lo que no tienen «un real incentivo a intervenir la infraestructura si ya cumple con la normativa vigente».
De todas formas, existen avances en materia de control biométrico en el Estadio Nacional y en el Monumental, que también registro disturbios el año pasado.
«Las coordinaciones continuaron, las exigencias aumentaron, el seguimiento a los compromisos se redobló, y el diálogo con los organizadores y su ente rector han permitido acuerdos que hoy pueden verse reflejados en el incremento evidente de las medidas de seguridad e inversiones de algunos clubes de alta convocatoria en seguridad», afirma el subsecretario Collao.
Las compañías de seguridad en los estadios
Pese a lo anterior, aún quedan materias pendientes. Desde noviembre pasado se encuentra en implementación la nueva Ley de Seguridad Privada, que crea una categoría especial para guardias en eventos masivos exigiendoles cursos de espacialización.
Esta medida adquiere relevancia considerando que los clubes deben adquirir servicios de particulares para mantener el control de sus eventos. Carabineros se mantiene en los alrededores desde 2012, pero no ingresan a menos de que se lo soliciten.
Datos oficiales evidencian que aún queda camino por avanzar en esa materia.
Fast Check accedió a 81 infracciones cursadas por Carabineros (O.S.10) a empresas seguridad privada en partidos de Colo-Colo y Universidad de Chile –los clubes con mayor cantidad de incidentes–. La prefectura detectó incumplimientos reiterados en materias como la cantidad requerida de guardias o la capacitación adecuada de los mismos.
Cabe agregar que estas imputaciones deben ser ratificadas por juzgados de Policía Local en las comunas de respectivas (Macul y Ñuñoa).
Según el O.S.10, cada infracción «no hace más que vulnerar las condiciones de seguridad de la instalación, con afectación clara a la función coadyuvante de la seguridad pública».
Los documentos se concentran principalmente en las empresas Degama Asesorías y Prestaciones Spa. (14), High Security y Compañía Limitada (12) y Emannuel Soto Mardones (8). Pese a ello, la última figura entre los «proveedores preferentes» de Azul Azul y Blanco y Negro.
Degama Asesorías y Prestaciones Spa.
Degama ha trabajado para ambos organizadores, acumulando 14 infracciones entre 2019 y 2025. Es administrada por el exjefe de seguridad de Palestino, Daniel Gangas Manríquez.
En el superclásico de Colo-Colo y Universidad de Chile —de agosto pasado—, se le anotó por no prevenir la muerte de un hincha que cayó del techo.
Solo unos días antes, en el juego de los azules contra Unión Española, se le acusó de «no brindar seguridad y protección de los asistentes al no impedir el ingreso de elementos prohibidos». En el mismo partido hubo riñas y destrozos.
Fast Check intentó contactar a Degama a partir del número que dispone en su página web. Sin embargo, la persona que contestó afirmó que el número era equivocado. El resto de las compañías no cuentan con una vía de contacto accesible.
Emmanuel Soto Mardones
Emmanuel Soto Mardones (ESM) presenta ocho infracciones, principalmente por no contar con la cantidad exigida de guardias. Para un partido internacional entre Colo-Colo y Estudiantes de la Plata, en 2019, llegó con 285 de los 330 agentes mandatados por la Directiva de Funcionamiento. Afortunadamente, no hubo disturbios, pero su suerte cambiaría el 10 de abril de 2025.
Ese día, se llevó a cabo el infame partido entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil –el cual registro dos fallecimeintos y la destrucción de barreras de acríclico en Sector Arica–. Según Carabineros, ESM no logró prevenir destrozos e «ingresos no autorizados» a la cancha.
Tar Chile Spa.
La compañía era apoyada en ese encuentro por Tar Chile Spa., que al momento de los incidentes tenía cuatro meses constituida y acumulaba tres infracciones –una más considerando esta fecha–.
La compañía es administrada por Rafael Leiva Alvarado, ingeniero que antes registraba emprendimientos únicamente en productos electrónicos (1,2)
Por los graves hechos ante Fortaleza, Carabineros consignó que Tar incumplió al «No Mantener el orden de los espectadores de los sectores internos del recinto deportivo».
Entre las faltas están asistir con menos guardias de lo solicitado (92 de 100) y no contar con supervisores de seguridad. En ambas fechas -27 de marzo y 2 de abril–, barristas escalaron y cayeron del techo del Estadio Monumental, teniendo que ser trasladados a centros asistenciales (1,2).
Comercial y Servicios L&R SPA.
Comercial y Servicios L&R SPA. es otra empresa que provee seguridad a Blanco y Negro, administradora de Colo-Colo. Su representación legal recae en el otrora jefe de seguridad de la misma sociedad anónima, Luis Urzúa.
Fue desvinculado en 2023 por mal desempeño en una serie de partidos, no obstante, ha seguido encargado de resguardar partidos del Club Popular.
Entre abril y agosto de 2025, L&R registra al menos cuatro infracciones. La primera por presentarse con menos guardias de lo pedido (260 de 280) y las otras tres por permitir ingresos no autorizados de lienzos y bengalas (1,2,3,4).
L&R debía garantizar el orden en el superclásico entre Colo-Colo y Universidad Católica celebrado el 31 agosto. No obstante, un proyectil hirió al mediocampista Alfred Canales en pleno juego y hubo riñas entre los asistentes.
Una nueva gobernabilidad para la seguridad en el fútbol
Con el cierre de Estadio Seguro en abril pasado, el subsecretario Collao destacó la «nueva gobernanza» que surge en torno a la seguridad del fútbol. Desde entonces, la institucionalidad se redistribuyó en tareas de programación de los eventos y de seguridad.
«Mientras que todas las labores de prevención y coordinación de seguridad en los estadios del fútbol profesional pasan al Departamento de Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública, las labores de programación quedan lideradas por el Ministerio de Interior», explica Collao, agregando que la «autorización definitiva de los encuentros de fútbol profesional recae en las delegaciones presidenciales regionales y provinciales», que reciben insumos de su estamento.
Además, Collao adelanta que, a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública, quedará una Fuerza de Tarea de Seguridad, conformada por los ministerios del Interior, Transportes, del Deporte, Fiscalía, Carabineros, dirgentes del fútbol profesional, del fútbol amateur y sindicatos de jugadoras y jugadores.
Esta mesa de coordinación velará por «definir criterios de seguridad, seguimiento de acuerdos, exigencias y mediciones en el fútbol como evento masivo», indica el subsecretario.
«Será esta Fuerza de Tarea la que, sin ir más lejos, este año tendrá como foco de cumplimiento, especialmente, en la operación de los recursos de seguridad por parte de los clubes, es decir, el refuerzo de la identificación de quienes asisten a los espectáculos de fútbol, y el seguimiento de los compromisos de tecnología de los organizadores».
