«Él ejerció un rol como diputado, como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario».
Así entregó su respaldo el presidente electo, José Antonio Kast, a quien a partir de marzo se convertirá en el subsecretario de Seguridad: Andrés Jouannet. Esto luego de que un artículo de La Tercera diera cuenta de las sociedades que mantuvo con personas imputadas en el caso tragamonedas y apuestas online.
Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de Andrés Jouannet, tanto en su calidad de diputado como en su condición de candidato a parlamentario y presidente de Amarillos. En los últimos cinco años —desde 2021 a la fecha— el próximo subsecretario de Seguridad no consignó ni transparentó esas sociedades comerciales.
La última DIP disponible en la que el próximo subsecretario Jouannet transparentó sociedades es en el cese de funciones de 2016 como intendente de la región de La Araucanía, durante la administración de Bachelet II.
Este medio intentó comunicarse telefónicamente con Andrés Jouannet para consultar si, en la próxima Declaración de Intereses y Patrimonio que deberá presentar al asumir la Subsecretaría de Seguridad, incluirá sus sociedades comerciales. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.
Las sociedades cuestionadas del próximo subsecretario
Entre las sociedades de Andrés Jouannet figuran dos reveladas por Ciper: Empresa Forestal Comercial y Servicios Sur de Chile SpA y Labs Latin America Business Strategy SpA, ambas compartidas con el empresario chino Bo Yang —Emilio, en español—.
Yang aparece como imputado en una causa que indaga un presunto delito de tráfico de influencias, vinculada a la senadora electa Karol Cariola. La primera de las firmas fue constituida en 2019, mientras que la segunda se creó en 2021.
Otra sociedad que ha levantado cuestionamientos es Impresiones Quizapú Limitada, constituida en el año 2015, cuyos socios del próximo subsecretario son Alberto Hadad Abuhadba, vinculado al rubro de tragamonedas y formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas; y Sebastián Salazar, empresario del rubro de tragamonedas y representante de la casa de apuestas online EstelarBet. Se autodenunció en la investigación sobre operaciones de casinos online.
Las otras sociedades del subsecretario
Tras el cese de sus funciones como intendente de la Región de La Araucanía en noviembre de 2016, Andrés Jouannet presentó su DIP con fecha del 28 de febrero de 2017, en la que informó la propiedad de derechos en cinco sociedades constituidas. La cartera de sociedades del próximo subsecretario, abarca diversos sectores económicos, incluyendo la construcción, servicios gráficos, capacitación y agricultura.
De acuerdo con el documento (vea aquí), la participación de mayor cuantía corresponde a la Sociedad Constructora y Comercial Calfunahuen Ltda., constituida en 2016, donde Jouannet posee el 50% de los derechos.
En contraste, el exintendente ejerce el control total, con el 100% de la propiedad, sobre dos empresas bajo el régimen de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.): Impresiones Gráficas y Diseños y la Sociedad Agrícola Comercial y Servicios, ambas registradas con su nombre.
El patrimonio societario se completa con una participación del 50% en la Sociedad de Capacitación Emprender Ltda. La otra entidad informada —y que posteriormente fue omitida en las declaraciones como diputado y presidente de Amarillos— es Impresiones Quizapú Ltda., la cual comparte con Alberto Hadad y Sebastián Salazar.
De acuerdo con registros del Diario Oficial, la última empresa constituida por Andrés Jouannet fue creada en 2020. En esa sociedad figura como socio de Óscar Aroca Méndez, quien se desempeñó como asesor cercano del próximo subsecretario desde, al menos, su etapa como intendente de La Araucanía.
Fast Check constató que estas sociedades, al igual que las vinculadas con Bo Yang, Hadad y Salazar, no registran inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
¿Quién fiscaliza las declaraciones?
Respecto a la sociedad de Jouannet con Bo Yang, desde su entorno señalaron a La Segunda que esa empresa solo fue inscrita en notaría y no se registró ante el SII. «Por eso no se incluyeron en la declaración, porque ya no funcionan», explicaron al medio. Asimismo, el citado medio consignó que situación no se consideró como un impedimento político para nombrarlo, producto de que las sociedad nunca tuvieron actividad ante el SII.
Pero, ¿quién se encarga de fiscalizar las DIP de los parlamentarios? Fast Check revisó la Ley 20.880 sobre Probidad de la Función Pública —que regula las DIP— en donde se establece que estas son fiscalizadas por la Contraloría General de la República. No obstante, esto es distinto para los parlamentarios.
En este sentido, Fast Check revisó «Manual para el Proceso de Declaraciones de Intereses y Patrimonio» de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual consigna que «la Comisión de Ética y Transparencia velará por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley y la aplicación de eventuales sanciones».
Asimismo, esta redacción constató que ni en la Ley 20.880 ni en el Manual de la Cámara Baja se estípula que un funcionario o parlamentario puede eximir de su declaración las sociedades que hayan iniciado actividades. Al contrario, el documento que regula la situación de las Diputadas y Diputados, indica expresamente que se:
«Debe informar toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tengan en comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile o en el extranjero».
Consultados por esta redacción, desde la Cámara de Diputadas y Diputados indicaron que actualmente se encuentran de vacaciones, por lo que —de momento— no pueden entregar una respuesta sobre estos hechos.
“Está mostrando que en su estándar da lo mismo tener este tipo de conflictos de interés”
Para Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, la falta de actualización en la DIP de Andrés Jouannet es un síntoma de un sistema con poca capacidad de castigo. El abogado explica que «incumplir las declaraciones de intereses y patrimonio prácticamente no tiene ningún tipo de sanción», lo que facilita que este tipo de situaciones ocurran.
Bajo su análisis, la omisión del parlamentario es un acto «groseramente ilegal», enfatizando que el objetivo de esta herramienta no es opcional: «El tema es transparencia y mostrar realmente cuál es tu patrimonio», recalca.
Respecto a la defensa de Jouannet sobre la inactividad de las sociedades ante el SII, Leturia desestima el argumento. «Es tan tonto como decir que si tú no has pagado la patente del auto o lo tienes en el garage, no tienes que ponerlo en tu declaración de interés y patrimonio, aunque sea un Rolls-Royce», ejemplifica. Además, sostiene que si una empresa no tiene movimiento, el parlamentario igual podría declararla y en los comentarios aclarar que no ha iniciado actividades.
El expresidente del CPLT también pone el foco en los círculos societarios no declarados con figuras cuestionadas, especialmente para un cargo de seguridad. Leturia cuestiona la señal pública de nombrar a una persona que «oculta» estos vínculos. En su visión, ocultar estos nexos es crítico, pues «tú constituyes una sociedad para hacer algo y eso supone confianza (…) tener una relación significativa previa».
Finalmente, Leturia desplaza el peso de la responsabilidad política hacia el presidente electo, José Antonio Kast. Según el abogado, este episodio «habla mucho más de Kast (…) supuestamente venía a renovar a la derecha, [y] está mostrando que en su estándar da lo mismo tener este tipo de conflictos de interés». Al respecto, el expresidente de la CPLT afirma que: «Si ese es el estándar, yo quisiera más».
