Los tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la condición de refugiado político a Galvarino Apablaza Guerra el 14 de febrero de 2026. Con esta decisión judicial, el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quedó en condiciones de ser extraditado a Chile para enfrentar las acusaciones que lo sitúan como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro del empresario Cristián Edwards.
Este lunes, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, señaló que «la Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios» para realizar el traslado. No obstante, explicó que para llevarlo a cabo «formalmente requiere un acto del ejecutivo» y que «podría ser hoy, podría ser mañana».
Apablaza reside en Argentina desde 2003, según La Nación. En 2010, Chile solicitó su extradición, pero ese mismo año el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó asilo político, lo que detuvo el proceso judicial que buscaba su retorno para enfrentar a la justicia chilena.
Posteriormente, durante la administración de Mauricio Macri, en 2017 la Comisión Nacional para los Refugiados resolvió revocar ese estatus. Sin embargo, la situación continuó siendo objeto de litigios en tribunales argentinos, hasta la reciente decisión judicial que vuelve a situar al exlíder del FPMR en condiciones de ser extraditado a Chile.
El “Comandante Salvador”
Galvarino Apablaza, conocido dentro del FPMR como el «comandante Salvador», fue uno de los principales dirigentes de la organización armada surgida en la década de 1980. Apablaza integró la dirección del Frente y, tras el retorno a la democracia, pasó a desempeñar un rol de conducción dentro de la estructura que continuó operando de forma autónoma.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, en ese período habría tenido un rol de dirección en distintas operaciones del FPMR. Por esta razón, la justicia lo vincula como autor intelectual de dos de los hechos más emblemáticos atribuidos a la organización a comienzos de los años noventa: el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards, delitos por los que Chile busca su extradición desde Argentina.
El asesinato de Jaime Guzmán
El 1 de abril de 1991 fue asesinado el senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, luego de dictar una clase de Derecho Constitucional en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Cuando se retiraba del lugar y abordaba su vehículo, fue atacado por dos miembros del FPMR, quienes le dispararon en las afueras del recinto universitario. Tras el atentado, Guzmán fue trasladado al hospital, donde falleció producto de las heridas.
La investigación judicial estableció que los autores materiales del ataque fueron los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete. Palma Salamanca, conocido como «el Negro» dentro del FPMR, fue condenado en Chile en 1994 a presidio perpetuo por el crimen. Sin embargo, en 1996 se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en un escape en helicóptero y posteriormente salió del país. Actualmente reside en Francia, donde obtuvo asilo político y desde donde se rechazó su extradición a Chile.
Escobar Poblete, conocido como «comandante Emilio», permaneció prófugo durante años hasta ser detenido en México en 2017 por otro caso de secuestro. En 2021 fue extraditado temporalmente a Chile para enfrentar el juicio por el asesinato del senador. En 2022 fue condenado a 18 años de presidio por este crimen y posteriormente fue devuelto a México para continuar cumpliendo la condena que mantiene en ese país.
En la investigación judicial del caso, la justicia chilena también estableció que Galvarino Apablaza Guerra habría participado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.
El secuestro de Cristián Edwards
El 9 de septiembre de 1991, el empresario Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, fue secuestrado en Santiago por integrantes del FPMR. El hecho ocurrió cuando Edwards se dirigía a su lugar de trabajo y fue interceptado por un grupo armado que lo mantuvo retenido durante varios meses.
El secuestro se extendió por cerca de cinco meses, durante ese período el FPMR exigió el pago de un rescate para su liberación. Finalmente, Edwards fue liberado el 1 de febrero de 1992, luego de que su familia accediera al pago de una suma millonaria.
En la investigación judicial del caso, la justicia chilena estableció la participación de miembros del FPMR en la planificación y ejecución del secuestro. En ese contexto, Galvarino Apablaza Guerra fue vinculado como uno de los presuntos responsables de la operación.
De esta manera, el «comandante Salvador» se mantiene como requerido por la justicia chilena, a la espera de que se concrete su extradición para enfrentar cargos por este caso y por el asesinato del senador Jaime Guzmán, donde se le imputa participación como autor intelectual.
