El 17 de marzo, el gobierno de José Antonio Kast puso urgencia en el Congreso a 20 proyectos de ley vinculados a la migración irregular. Entre ellos se encuentra una iniciativa que busca restringir el acceso de migrantes en situación irregular a beneficios financiados con recursos fiscales.
El proyecto fue aprobado el 24 de marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora continuará su tramitación en el Senado.
La iniciativa propone modificar algunos artículos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. En términos prácticos, establece que para acceder a beneficios sociales financiados por el Estado los extranjeros deberán presentar una cédula de identidad chilena con RUN, lo que implica contar con una situación migratoria regular.
Durante la discusión parlamentaria, se planteó que el proyecto busca priorizar a los ciudadanos chilenos en el acceso a ciertos servicios públicos. Así, en la Comisión de Gobierno Interior, el exdiputado Juan Fuenzalida Cobo —autor del proyecto— incorporó el artículo 17 bis, que establece que «se podrá priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo a favor de nacionales, frente a extranjeros en condición migratoria irregular».
Sin embargo, durante la discusión en comisión también expusieron representantes del Ministerio de Salud (Minsal), del Ministerio de Educación (Mineduc) y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). En sus presentaciones, entregaron cifras que indicaban que la población migrante irregular representa una proporción acotada del uso de servicios públicos.
Los datos entregados en las comisiones
La Comisión de Gobierno Interior sesionó para discutir y votar este proyecto de ley durante seis jornadas en 2025, entre mayo y octubre. En estas sesiones expusieron representantes del Minsal, el Mineduc y la Junji, quienes presentaron cifras sobre la presencia de migrantes irregulares en distintas prestaciones sociales.
Salud: el 1,8% de usuarios irregulares en Fonasa
El Minsal presentó cifras relacionadas a la inclusión de migrantes tanto regulares como irregulares en el sistema de salud que muestran que su presencia en el sistema es reducida. Según expuso la jefa del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas del Minsal, Alicia Arias-Schreiber, de los casi 17 millones de beneficiarios de Fonasa la población extranjera en situación irregular representa apenas el 1,8%, equivalente a unas 307.589 personas.
La proporción también es baja en el uso de prestaciones. Datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) indican que, de 24,5 millones de consultas médicas registradas en 2024, apenas el 1,6% correspondió a extranjeros. En los egresos hospitalarios —atenciones de mayor complejidad— la cifra llegó al 4,01%, lo que implica que más del 95% de las hospitalizaciones corresponden a pacientes nacionales.
En su presentación ante la comisión, Arias-Schreiber advirtió que «es más costoso restringir el acceso oportuno a servicios de salud para este grupo poblacional que facilitar su inclusión temprana». La expositora también desmintió la creencia de que el sistema de salud actúe como un factor atractivo para la migración, argumentando que «no existe evidencia científica que respalde esta idea».
Educación escolar: estudiantes con IPE representan el 4,3% de la matrícula
En el debate legislativo, también se abordó la idea de que estudiantes extranjeros estarían desplazando a los chilenos de las escuelas públicas. Sin embargo, la entonces jefa de la División de Educación General, Flavia Fabianne, señaló que los alumnos con Identificador Provisorio Escolar (IPE) —es decir, sin RUN definitivo— representan solo el 4,3% de la matrícula nacional: 150.628 estudiantes de un universo superior a 3,5 millones.
Desde la cartera también señalaron que no existe un déficit de cupos atribuible a la población migrante. Incluso en regiones con mayor presencia de estudiantes con IPE, como la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta, el sistema mantiene vacantes para alumnos con RUN. Sobre las dificultades de matrícula expuso que «se ha visto afectada no tanto por la migración extranjera, sino por el desplazamiento de familias chilenas durante la pandemia».
Durante la presentación, también recalcaron que el IPE es una herramienta administrativa para garantizar el acceso a la educación y no entrega prioridad en la admisión, ya que el Sistema de Admisión Escolar «no contempla la nacionalidad como criterio de selección».
Junji: la matrícula extranjera llega al 2,8%
Durante la discusión en general, la diputada republicana, Chiara Barchiesi, indicó que «las mamás jóvenes que cuando van a pedir un cupo para su hija en el jardín de la Junji le dicen: “Pero si usted es chilena, no va a tener un cupo”». Sin embargo, en medio de la comisión de Gobierno, la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Daniela Triviño, informó que los niños y niñas extranjeros representan solo el 2,8% de la matrícula nacional de la institución.
Durante su exposición, Triviño se refirió al proceso de priorización para determinar el acceso a las vacantes disponibles. En este sentido, explicó que el sistema de selección considera distintos factores de vulnerabilidad —como pertenecer al Registro Social de Hogares o vivir en hogares monoparentales—, por lo que en la práctica muchos niños chilenos acumulan más criterios de prioridad que los menores en situación migratoria irregular.
En cuanto a la disponibilidad de vacantes, la institución informó que el sistema opera con cerca de un 82% de ocupación, lo que deja alrededor de 36 mil cupos disponibles en salas cuna y jardines infantiles a nivel nacional. Sin embargo, indicó que «existen comunas donde la demanda supera la oferta, lo que dificulta responder a la totalidad de las solicitudes en ciertas localidades».
Posturas frente al proyecto
El senador Miguel Becker (RN), uno de los firmantes de la moción cuando era diputado, sostuvo a Fast Check que el objetivo de la iniciativa es enviar una señal institucional frente al ingreso por pasos no habilitados. Según explicó, el proyecto busca «impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal a extranjeros en condición irregular para desincentivar ese ingreso ilegal».
El parlamentario agregó que, aunque los datos nacionales puedan mostrar una incidencia acotada, el fenómeno debe analizarse también desde su impacto territorial. «Aunque el porcentaje nacional parezca acotado, el Estado tiene el deber de priorizar a los chilenos y a quienes están regularmente en el país cuando los recursos son escasos», señaló.
Fast Check también se contactó con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), quienes indicaron que la evidencia internacional muestra que el impacto que tienen los beneficios sociales «en la decisión de migrar es mínimo». Según la organización, «factores como redes familiares, oportunidades de empleo y proximidad geográfica» suelen tener un peso mucho mayor en la decisión de migrar.
El organismo también planteó reparos jurídicos a la iniciativa. Según señalaron, el proyecto vulnera «la igualdad ante la ley» consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, que no distingue nacionalidad. Además, indicaron que los tratados internacionales ratificados por Chile obligan a respetar «el principio de progresividad y de no regresividad» de los derechos sociales, lo que implica no retroceder en estándares mínimos de protección ni discriminar en su acceso. (ver respuesta completa aquí)
El debate sobre el impacto en niños y niñas
Otro punto de la discusión es el impacto en niños, niñas y adolescentes migrantes. La Defensoría de la Niñez advirtió que la iniciativa «vulnera derechos fundamentales» al condicionar el acceso a servicios básicos. «Este no es un debate técnico: es decidir si protegemos o excluimos a los más vulnerables», señalaron, insistiendo en que el Estado debe garantizar prestaciones «sin discriminación, independientemente de la situación migratoria de sus padres».
Sobre la prioridad nacional, calificaron como una «señal muy preocupante» la idea de poner a un niño «primero en la fila» por su origen. Alertaron que esto fomenta la estigmatización y transmite el mensaje de que «hay niños que valen menos que otros», lo que termina «castigando a los menores de edad por la situación administrativa de sus padres». (ver respuesta completa aquí)
Sobre este aspecto, el senador Miguel Becker afirmó que en la tramitación del proyecto debe «resguardarse expresamente el interés superior del niño». No obstante, sostuvo que esa protección no debe implicar tolerar la irregularidad de los adultos. «Ningún niño tiene la culpa de la situación administrativa de sus padres», puntualizó.
Becker también hizo referencia a los datos expuestos en la comisión, indicando que no existe evidencia de una prioridad generalizada de niños migrantes irregulares por sobre chilenos en jardines de la Junji. En ese sentido, planteó que «el debate no debe basarse en caricaturas, sino en reglas claras» y se mostró partidario de resguardar la protección de niños y adolescentes, sin renunciar al objetivo de fondo «que es ordenar la migración y cerrar incentivos a la ilegalidad». (ver respuesta completa aquí)
