Aunque José Antonio Kast instaló durante su campaña la expulsión de migrantes irregulares como una de sus principales propuestas, hasta ahora su gobierno no ha concretado ninguna. En paralelo, desde el Servicio Nacional de Migraciones se han registrado 26 desvinculaciones de funcionarios de la institución.
La migración irregular fue uno de los ejes de campaña del presidente José Antonio Kast. Durante ese período, el entonces candidato comenzó a instalar una cuenta regresiva cada vez que era consultado por el tema.
En el debate de Canal 13 de octubre de 2025 señaló: «quedan 133 días para que asuma un nuevo gobierno y son 133 días que tienen los inmigrantes irregulares para partir». Posteriormente el conteo pasó a «111 días», «102 días» o «63 días». La cuenta regresiva apuntaba a que los migrantes en situación irregular «se vayan del país voluntariamente» antes de la llegada del nuevo gobierno.
Tras asumir la presidencia, en una entrevista con ARCHI el 31 de marzo, Kast fue consultado sobre eventuales expulsiones. El mandatario respondió: «expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión».
Las desvinculaciones en el Servicio Nacional de Migraciones
Fast Check CL conversó con Francisca Rivas, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (AFUNAMIG), quien nos señaló que que el viernes 27 de marzo pasado, sostuvo una reunión con el director nacional del servicio, el exdiputado Frank Sauerbaum.
En la reunión, el nuevo director de Migraciones le habría señalado a Rivas que no se realizarían despidos. Sin embargo, de acuerdo con Rivas, ese mismo día que le negaron que harían despidos, fueron desvinculadas 27 personas, de las cuales 24 se desempeñaban bajo modalidad «a contrata» y tres que habían sido seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Fast Check CL conversó con el Servicio Nacional de Migraciones, quienes indicaron que las desvinculaciones correspondieron a 26 funcionarios: 24 a contrata y dos con cargos ADP.
La primera semana de abril, Rivas —la dirigente del Servicio— volvió a reunirse con Sauerbaum para consultarle por lo ocurrido. En esa ocasión, según su versión, el director le habría señalado que «todos estaban en evaluación y pueden haber más despidos».
Rivas agregó que le planteó al director del servicio que algunas de las desvinculaciones podrían terminar en tribunales y derivar en indemnizaciones, ante lo cual Sauerbaum habría respondido que lo hicieran, ya que eso «lo pagan las arcas fiscales».
Fuentes consultadas por Fast Check señalaron que la justificación entregada para los despidos fue una «reestructuración interna». Esta se habría reflejado en cambios en el organigrama del servicio, entre ellos la incorporación de una Dirección de Fiscalización y Expulsión.
Según estas fuentes, los funcionarios eran citados a reuniones con el jefe de Gabinete, la jefa de Personas y el director de Administración y Finanzas para informarles de su desvinculación. En el caso de quienes se encontraban en teletrabajo, la notificación se habría realizado por teléfono.
La situación en la Dirección de Territorio e Inclusión
Las mismas fuentes relataron además una situación distinta respecto del director de Territorio e Inclusión, quien se encontraba de vacaciones cuando le habrían retirado su teléfono y computador institucional para llevarlos a inventario.
No obstante, desde el Servicio Nacional de Migraciones señalaron que «respecto de inventarios, estos se realizan en la misma oficina sin necesidad de remover los elementos», agregando que «quedan donde mismo»..
