CDE se querella por estafa contra empresa a cargo de estacionamientos en la FIDAE 2024

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de estafa contra Daniel Soto, representante legal de la empresa Integral Security System SpA, por un eventual perjuicio superior a $56 millones relacionado con la explotación de estacionamientos durante la FIDAE 2024. Según la acción judicial, la empresa habría pagado el uso del espacio mediante un cheque que fue posteriormente protestado por falta de fondos, mientras que la garantía presentada tampoco pudo ser cobrada.
FIDAE

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella penal por el delito de estafa en grado consumado contra Daniel Soto Amigo, representante legal de la empresa Integral Security System SpA, por un presunto fraude relacionado con la explotación de estacionamientos durante la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024, organizada por la Fuerza Aérea de Chile.

Según el libelo, el perjuicio fiscal ascendería a $56.859.298, monto que correspondería al pago que la empresa debía realizar por el derecho a explotar comercialmente los estacionamientos habilitados para el público en dependencias de la II Brigada Aérea durante el desarrollo de la feria.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, la empresa se habría adjudicado la licitación para el arriendo de los espacios de estacionamiento, «aparentando (…) una supuesta solvencia» financiera. Asimismo, el CDE sostiene que el representante de la firma habría entregado un certificado de fianza que posteriormente no pudo ser cobrado, ya que la «garantía (…) no pudo ser ejecutaba por falta de fondos».

La querella también detalla que la empresa explotó comercialmente los estacionamientos entre el 9 y el 14 de abril de 2024. En este sentido, menciona que Integral Security System SpA habría entregado un cheque del Banco de Chile para pagar la renta correspondiente por el uso del terreno, pero que —el 15 de abril— el documento «fue declarado protestado (…) por la causal de falta de fondos».

Posteriormente, relata la acción judicial, un coordinador de la empresa identificado como Carlos Soto envió un correo electrónico a los organizadores de la FIDAE en el que ofrecía disculpas por la situación y solicitaba un plazo de 30 días para regularizar el pago pendiente. Sin embargo, el CDE señala que ese compromiso nunca se concretó y que la deuda se mantuvo impaga.

Por último, el CDE solicitó al tribunal la realización de diversas diligencias investigativas, entre ellas levantar información patrimonial del imputado y de la empresa, como la búsqueda de inmuebles, vehículos y participaciones societarias. Asimismo, pidió citar a declarar en calidad de imputado a Daniel Soto Amigo, representante legal de la empresa.

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