La Tesorería General de la República (TGR) inició el proceso de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2025, el pasivo total acumulado por este concepto alcanzaba los cuatro billones de pesos. Según la entidad, existen más de 550 mil personas en mora, lo que implica que el Estado debió asumir el pago ante los bancos y posteriormente iniciar las gestiones de cobranza.
Desde la TGR señalaron que el plan de cobro contempla un enfoque segmentado. En ese marco, se ofrecerán convenios de pago a quienes registren una renta bruta mensual entre $1,5 millones y $5 millones. En esta categoría están unas 70 mil personas morosas cuya deuda asciende a $738 mil millones.
En cambio, el organismo comenzó los procesos de cobro judicial, sin acceso a convenios, contra quienes perciben ingresos mensuales superiores a $5 millones. De acuerdo con lo informado por The Clinic, 1.833 personas se encuentran dentro de este segmento.
La notificación del cobro judicial
Fast Check CL accedió a una de las notificaciones enviadas por la TGR a una persona con deuda del CAE. El documento fue remitido por correo electrónico y señala que «por este acto le notifica y requiere de pago de la demanda por Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias por impuestos y/o créditos fiscales morosos».
Junto al mensaje se adjunta una nómina de deudores/as morosos/as y el mandamiento de ejecución y embargo, donde se detalla la información correspondiente a cada persona deudora. Asimismo, se incorpora un certificado del Tesorero Provincial, que acredita que la persona notificada mantiene una deuda morosa asociada al CAE.
Posteriormente, el documento resuelve: «Despáchese mandamiento de ejecución y embargo en contra de las personas antes individualizadas y procédase a notificarlas y requerirlas de pago por correo electrónico o por carta certificada (…) a fin de queenteren en arcas fiscales el monto de las deudas antes detalladas, más sus reajustes, intereses y multas correspondientes».
Además, se advierte que, en caso de no concretarse el pago de lo demandado, «se procederá a trabar embargo sobre bienes suficientes de propiedad de cada uno de los/las deudores/as que conforman la nómina». El texto agrega que, si existe oposición al embargo, «procédase a requerir la fuerza pública (…) con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario».
