La Moneda activó un control de daños tras la controversia generada por la declaración conjunta suscrita el lunes en Buenos Aires por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei. La reacción se produjo luego de que el senador Alejandro Kusanovic se pronunciara a través de su cuenta en X.
«La proyección de los “espacios marítimos adyacentes” de islas del Mar Austral reclamadas por Argentina se superpone con territorio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, incluyendo zonas al sur del Cabo de Hornos», afirmó el parlamentario.
El canciller Francisco Pérez Mackenna, en tanto, relativizó estos cuestionamientos y sostuvo que «se trata de una política de Estado que no ha tenido modificaciones en 35 años», restando peso a lo planteado por Kusanovic.
En este contexto, Fast Check conversó con Juan Ignacio Ipinza, abogado, cientista político y especialista en límites fronterizos entre Chile y Argentina. A su juicio, «persistir en el error desde 1992 no significa que sea correcto. Existe una superposición en la zona del Cabo de Hornos y un conflicto activado en la comisión de conciliación del Tratado de Paz y Amistad».
Sin embargo, esa superposición —que Ipinza considera relevante— queda en segundo plano frente a otro tema en el que ha centrado su trabajo: la delimitación del Campo de Hielo Sur. El especialista publicó recientemente, en coautoría, «El límite internacional en Campo de Hielo», obra en la que expone lo que define como una problemática de fondo: una eventual cesión de soberanía nacional.
— ¿Podría explicar, en palabras simples, cuál es el meollo del problema del Campo de Hielo Sur?
Estamos hablando de uno de los errores más grandes de todo el siglo XX respecto al Campo de Hielo Sur. Se abrió una negociación sobre nuevos límites en una superficie de aproximadamente 1.803 kilómetros cuadrados, correspondientes a las zonas A y B del acuerdo de 1998. Si comparamos esto con la proyección de la Antártica o la plataforma continental, no dimensionamos el error histórico y diplomático que tenemos pendiente.
— ¿Cómo surge ese problema?
Este problema nace de las declaraciones conjuntas entre los presidentes Aylwin y Menem en 1990 y 1991. Antes de eso, ya hubo pérdidas dolorosas como el arbitraje de Laguna del Desierto, que fueron unos 400 kilómetros cuadrados, frente a los 1.800 kilómetros cuadrados que están en juego ahora. Esto dejaría a Magallanes como un verdadero enclave, con un corte virtual del territorio.
— ¿Estamos hablando que ese acuerdo de 1998 cede territorio?
Sí. En la zona A, la más austral, se habrían perdido aproximadamente 466 kilómetros cuadrados. En la zona B, el máximo posible de pérdida sería de unos 1.337 kilómetros cuadrados si el límite se corre hacia el cordón Mariano Moreno. Ese acuerdo de Chile- Argentina de 1998 permite que cedamos 1.800 km del Campo Hielo Sur.
— ¿En qué pie estamos?
Es un problema geopolítico enorme y no entiendo cómo no es una prioridad en Chile, considerando que hablamos de la continuidad territorial y de una de las reservas de agua más importantes del planeta después de la Antártica y Groenlandia. Para Argentina, esta situación ya está resuelta y así lo publican en sus mapas, mientras que en Chile seguimos con el “cuadrito” de zona pendiente.
Además, hay otros temas ocultos, como el Decreto 256 del año 2010 de Argentina, que establece que los barcos que van a las Islas Malvinas o Georgias del Sur deben contar con autorización argentina al pasar por la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Chile aceptó esto, violando la neutralidad del Estrecho.
— Sobre la declaración conjunta reciente entre Chile y Argentina y la eventual superposición de plataformas, la justificación es que esto se reafirma desde hace 35 años.
Persistir en el error desde 1992 no significa que sea correcto. Existe una superposición en la zona del Cabo de Hornos y un conflicto activado en la comisión de conciliación del Tratado de Paz y Amistad. Las declaraciones de las autoridades producen efectos jurídicos y prácticas que después pueden jugar en contra en el derecho internacional. ¿Vamos a esperar 30 años más para cambiar esta política o para perder definitivamente esos 1.800 kilómetros cuadrados? Esas son las preguntas que la ciudadanía debe hacerse.
