Durante la mañana de este jueves se realizó una audiencia en la Corte de Apelaciones de Coyhaique para revisar las medidas cautelares reales decretadas contra el senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco asociado a asignaciones parlamentarias.
En primera instancia, el Juzgado de Garantía de Coyhaique había ordenado la prohibición de vender o transferir propiedades vinculadas al parlamentario y a otros imputados, incluyendo inmuebles en la Región Metropolitana, la Región de Aysén y otras zonas del país.
Estas medidas fueron solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado con el objetivo de «asegurar bienes suficientes para responder de las indemnizaciones civiles derivadas del delito y evitar que el perjuicio patrimonial fiscal se agrave por la dispersión de activos». Según el organismo, el perjuicio fiscal estimado en la indagatoria alcanza $103.664.697.
La resolución de la Corte de Apelaciones aún no está disponible en el sitio del Poder Judicial, sin embargo fuentes cercanas a la causa indicaron a Fast Check que la Corte acogió parcialmente los argumentos de la defensa y resolvió acotar la medida cautelar respecto del senador, limitando la prohibición de enajenar a un solo inmueble junto a su bodega.
En concreto, la cautelar quedó circunscrita a un departamento y su bodega ubicados en la comuna de Providencia, inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020. El departamento registra un avalúo fiscal aproximado de $117.000.657, mientras que la bodega asociada alcanza los $1.428.164.
Con esta modificación, quedaron fuera de la medida cautelar el resto de las propiedades que habían sido inicialmente afectadas, incluyendo inmuebles en la Región de Aysén. Entre ellos, las parcelas ubicadas en Coyhaique —identificadas previamente en un reportaje de Fast Check CL— que estuvieron en el centro de la investigación por el presunto uso de asignaciones parlamentarias en su adquisición.
En esa línea, los lotes 9 y 10, vinculados al senador y a su exasesora Carla Graf, ya no se encuentran sujetos a prohibición de enajenar. Cabe consignar que el lote 8, originalmente asociado a Graf, no fue incorporado en la cautelar inicial, debido a que ya había sido transferido a un tercero identificado como Juan Muñoz antes de la dictación de la medida.
La investigación por presunto fraude al Fisco continúa en curso.
