La Defensoría de la Niñez presentó la Nota Técnica N°6 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en niñas y adolescentes. Según datos del Ministerio de Salud, entre agosto 2018 y septiembre de 2025, un total de 560 niñas y adolescentes iniciaron este procedimiento en Chile. El informe destaca que el 86% de los casos corresponde a la causal de violación.
A más de ocho años de la vigencia de la Ley N°21.030, la institución identificó 20 desafíos estructurales en su implementación. Además, advierten que existen «importantes brechas, especialmente en casos vinculados a la causal de violación» y menciona como obstáculos la «victimización secundaria, adultocentrismo y acciones obstructoras de algunos agentes» del sistema.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que el objetivo es asegurar un proceso «respetuoso de su dignidad, bien tratante y especializado» para las víctimas de violencia sexual. En ese contexto, la Defensoría formula recomendaciones orientadas a «revisar aspectos normativos y administrativos», particularmente en materia de plazos y mecanismos de reclamo.
Predominio de la causal por violación
Desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2025, un total de 560 niñas y adolescentes ingresaron al procedimiento de IVE. De ese total, el 45% corresponde a menores de 14 años y el 55% a adolescentes entre 14 y 17 años. En comparación con la población adulta, la causal de violación alcanza el 86% en este grupo, mientras que en mujeres mayores representa el 21%.
En el caso de las niñas menores de 14 años, la Nota Técnica advierte que «casi la totalidad de casos es por la causal de violación». De las 253 niñas en este rango, 251 iniciaron el proceso por esta causa. En contraste, se registra un caso por riesgo vital de la madre y uno por inviabilidad fetal.
Para las adolescentes entre 14 y 17 años, si bien se observa mayor presencia de otras causales, la violación continúa siendo la principal razón de ingreso, con 229 casos. En este grupo también se contabilizan 40 casos por inviabilidad fetal y 38 por riesgo vital de la gestante.
Barreras en la red de salud
El informe identifica 20 desafíos estructurales que afectan el acceso y la implementación del procedimiento. Uno de los principales es la objeción de conciencia: a octubre de 2025, el sistema público registraba 2.430 profesionales objetores, de los cuales el 43% corresponde a médicos obstetras.
De ese total, 1.148 de las objeciones son por la causal de violación. En la región de Arica y Parinacota, la objeción de conciencia para esta causal alcanza al 39% del personal, lo que provoca una «discontinuidad en los turnos, suspensión de prestaciones individuales y derivaciones tardías». Estas condiciones inciden en la oportunidad del acceso al procedimiento.
Fallas en calidad y tiempos judiciales
El documento también expone deficiencias en la calidad clínica, señalando que el 18,2% de las interrupciones por violación aún utiliza el «legrado uterino». Esta técnica está desaconsejada por estándares internacionales, y la norma técnica del Ministerio de Salud señala que «la habitual técnica de dilatación y raspado (legrado, curetaje) debiera eliminarse progresivamente de las prácticas asistenciales en el país».
En el ámbito judicial, el informe advierte una respuesta tardía en los procesos de niñas bajo medidas de protección, cuya tramitación promedia 248 días. Si bien la autorización judicial específica para una IVE promedia 3,6 días en casos voluntarios, la excesiva duración de las medidas de protección generales puede retrasar la detección del embarazo.
Desigualdad territorial
El acceso a este derecho presenta diferencias territoriales a nivel nacional. Al analizar la incidencia por cada 100.000 niñas y adolescentes, las regiones con mayores tasas son «Aysén (54), Arica y Parinacota (53), Atacama (47) y Antofagasta (41)».
La Defensoría concluye que el déficit de especialistas en salud mental, particularmente «en el ámbito de psiquiatría infanto-juvenil», y las condiciones de infraestructura inciden en la experiencia de atención. El informe señala que las pacientes pueden ser expuestas a espacios no adecuados, como salas de espera generales.
En algunos casos, además, deben permanecer en «salas de maternidad donde otras pacientes adultas esperan con sus bebés», lo que da cuenta de la falta de espacios que garanticen privacidad y una atención acorde a su edad y condición.
