La Contraloría General de la República (CGR) fijó un plazo de diez días hábiles para que Presidencia responda por la comida organizada en dependencias del Palacio de La Moneda por el presidente José Antonio Kast. El oficio del organismo se produjo tras el requerimiento presentado por tres parlamentarios de oposición.
Se trata de los legisladores socialistas: la senadora Daniella Cicardini y los diputados Nelson Venegas y Daniel Manoucheri. En ese contexto, Fast Check conversó con el diputado Manoucheri para abordar la polémica de la semana y las explicaciones entregadas desde Presidencia.
«Tuvimos una elección hace cuatro meses con un contundente respaldo. Tuve casi 100,000 votos, siendo el diputado más votado de la historia de mi región y del Partido Socialista. La senadora Cicardini fue la primera mayoría nacional porcentual. Por tanto, nuestro actuar cuenta con una tremenda legitimidad ciudadana que no será mermada por ningún opinólogo de turno», afirma el parlamentario.
Manouchehri: “La imagen de la ministra escapando de los periodistas simboliza con mucha fuerza la posición del gobierno”
— La explicación oficial que se ha dado es que la comida la pagó el propio presidente Kast de su bolsillo. ¿Esto zanja la polémica?
Creo que la respuesta del gobierno es poco creíble. No obstante, eso no termina de resolver los cuestionamientos que existen al evento realizado en La Moneda. Solo resuelve el tema de la comida, pero no aspectos importantes relacionados con los funcionarios públicos que participaron en este «banquetazo» que el presidente le dio a sus amigos.
Estos funcionarios, como garzones y personal de cocina que trabaja en La Moneda, no son empleados particulares del presidente, sino funcionarios que dependen del estatuto administrativo. Son funcionarios del Estado que estuvieron al servicio de un acto privado. Por lo tanto, creemos que la respuesta del gobierno obedece más a una estrategia de marketing que a una respuesta seria a un cuestionamiento real.
— La respuesta inicial de la ministra fue que se respondería vía institucional. Contraloría acaba de dar diez días para dar respuesta al Gobierno. ¿Es prudente esperar ese tiempo para esclarecer cómo se ejecutó esa comida?
La ministra Sedini demuestra y simboliza el nerviosismo del gobierno. Se ve un gobierno que improvisa y que no tiene la capacidad de responder con certeza a preguntas específicas. La imagen de la ministra escapando de los periodistas simboliza con mucha fuerza la posición del gobierno ante estas polémicas. Estamos frente a situaciones de respuesta simple: si hubo o no recursos públicos involucrados en la fiesta del presidente en La Moneda. Ante eso, el gobierno debería simplemente señalar si los hubo o no. Al contrario, la ministra (Sedini) ha respondido con evasivas.
Responder a la Contraloría es su obligación legal, pero también tiene una obligación de responderle al país. Debe dar respuesta a las preguntas le haga la prensa y los periodistas. El trabajo de ella (Sedini) es justamente responder, si ella no responde, ya no se justifica su trabajo.
— Respecto a la residencia del presidente en La Moneda, ¿no cree que esto seguirá siendo un flanco abierto? El riesgo de ir directamente allí y que signifique un conflicto de interés o una omisión a la Ley del Lobby.
El presidente pernocta en La Moneda, pero La Moneda no es su casa, no es su propiedad. Por tanto, debe respetar la ley, la cual señala que cualquier reunión debe ser registrada en la Ley del Lobby. La ley establece que los recursos públicos no pueden destinarse a actividades sociales de carácter privado.
Si rompemos esa regla, el día de mañana no habrá posibilidad de impedir, por ejemplo, que un alcalde celebre el cumpleaños de sus hijos con recursos municipales en el municipio. O el día de mañana, un ministro quiere poner a disposición de su familia las dependencias del ministerio para una actividad social. Eso no puede acontecer. Esperamos un pronunciamiento fuerte de la Contraloría.
— Se ha hablado de las «jugarretas del diputado Manoucheri» y ha recibido críticas por otros requerimients. ¿Cuáles son sus descargos ante las cuestionamientos que se le han hecho?
Cumplo con mi deber de fiscalizar. No hemos realizado ninguna acción que se encuentre fuera de la ley. Si alguien quiere modificar las atribuciones de los parlamentarios, tiene derecho a plantearlo, pero no se puede intentar restringir el legítimo derecho a fiscalizar. Cuando fiscalizo, cumplo con mi deber.
Me parece vergonzoso ver a políticos y periodistas justificar el uso indebido de recursos públicos y atacar a quienes legítimamente fiscalizan al poder. Si nuestra fiscalización está incomodando a una pequeña porción poderosa de este país, es porque estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalizar el cumplimiento estricto de la ley.
— ¿Qué tan bien encaminadas ve las propuestas del Plan de Reconstrucción Nacional?
Vemos un plan construido en base a un relato de datos económicos falsos con un claro foco de favorecer al 1% más rico. Esta es una reforma regresiva que busca favorecer a una minoría a costa del 99% de los chilenos. No tiene nada positivo y está planteada como un «turbazo legislativo» donde se intentan mezclar normas que no tienen relación entre sí para tapar un plan que beneficia a los más ricos.
— ¿Ve rigidez en el ministro Quiroz al discutir este plan y poco margen para debatir las propuestas?
El ministro Quiroz ya carga con haber encarecido la vida de millones de chilenos. Sus decisiones con el «bencinazo» hicieron que la vida fuera más cara; nunca habíamos visto a un ministro que, con la sola firma de un decreto, aumentara el IPC en Chile.
