En febrero de este año, Fast Check reveló una denuncia anónima ingresada ese mismo mes ante la Contraloría General de la República (CGR) en contra de Verónica Oporto González, madre de la senadora por la región de Valparaíso, Camila Flores (RN).
Según recabó este medio, Oporto se desempeña en Gendarmería de Chile en la división regional de Valparaíso, como administrativa grado 12. En ese contexto, la presentación sostiene que habría utilizado licencias médicas fraudulentas para trasladarse a Futrono, región de Los Ríos.
La propia denuncia sostiene que esta práctica habría sido conocida al interior de Gendarmería; sin embargo, debido al vínculo familiar con la parlamentaria, se habría optado por guardar silencio. A partir de estos antecedentes, la CGR ofició al servicio para solicitar información y avanzar en la elaboración de una respuesta.
Sumario en curso contra la madre
Fast Check confirmó que Gendarmería informó a la CGR, el pasado 25 de marzo, el inicio de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de Verónica Oporto. Para ese proceso, el órgano contralor fijó un plazo de veinte días para concluir la investigación.
Lo anterior se funda en el artículo 135 inciso dos de la Ley 18.834, el cual estipula que «(…) la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de vente días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento (…)».
Una vez finalizado el sumario, Gendarmería deberá remitir la resolución a la CGR para -si se ajusta a legalidad- su toma de razón.
No obstante, fuentes señalaron a Fast Check que es probable que se solicite una prórroga, considerando que este tipo de procesos suelen extenderse más allá de los plazos iniciales.
Este medio intentó obtener una versión oficial de Gendarmería -servicio encargado de adoptar las sanciones, en caso de ser necesario-, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a las consultas.
La “cuota Flores”
La senadora Flores, paralelamente, está en el centro de una investigación penal liderada por la Fiscalía de Valparaíso, en el marco de una denuncia por eventual fraude al fisco o malversación de caudales públicos. El presunto delito todavía no es definido.
Según antecedentes revelados por T13, la indagatoria apunta a un presunto mecanismo —denominado informalmente como «cuota Flores»— mediante el cual asesores parlamentarios habrían debido devolver parte de sus remuneraciones, financiadas con asignaciones públicas.
La causa, originada a partir de una denuncia anónima, está actualmente en etapa desformalizada y bajo reserva. La senadora ha señalado que ha actuado conforme a la ley, descartando irregularidades.
