El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presento el 6 de mayo una querella penal en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra el contratista César Miño Martínez. El libelo apunta a los delitos de uso malicioso de instrumento público y obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes.
Según la acción judicial, Miño Martínez suscribió contratos con 59 personas beneficiarias del subsidio habitacional DS1 para la construcción de sus viviendas. Para cobrar los montos correspondientes, habría presentado ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana una serie de documentos públicos falsificados.
Los papeles —supuestamente emitidos por distintas municipalidades— daban cuenta de permisos de edificación y certificados de recepción final de obras. Sin embargo, de acuerdo con el escrito, las viviendas estaban inconclusas o ni siquiera habían sido construidas. Por este motivo, el CDE estima un perjuicio fiscal de $742.183.283.
Además, Fast Check CL identificó que César Miño Martínez fue condenado en 2023 por dos casos similares, en los que se apropió de subsidios y ahorros de personas beneficiarias mediante la falsificación de documentos públicos. En ese proceso, el contratista admitió su responsabilidad y recibió una pena de presidio menor en su grado mínimo. Cabe señalar que estos dos casos también están incluidos en la querella presentada por el CDE.
¿Qué es el DS1?
El DS1 es un subsidio habitacional entregado por el Estado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro. Está destinado a sectores medios y se divide en tramos que determinan los montos y requisitos específicos para acceder al beneficio.
Este subsidio permite comprar una vivienda ya construida o financiar la construcción de una. En este último caso, el beneficiario puede postular mediante proyectos colectivos —como cooperativas o entidades patrocinantes— o bien contratar directamente a un constructor o contratista.
Cuando se opta por esta vía, se firma un contrato entre el beneficiario y el constratista. Así, se endosa el subsidio al profesional, quien queda habilitado para cobrarlo una vez finalizada la obra. Para ello, debe presentar ante el Serviu correspondiente los documentos que acrediten la ejecución de la vivienda, como el permiso de edificación y la recepción definitiva de obras, ambos emitidos por la municipalidad respectiva.
El supuesto modus operandi
La querella apunta a que César Miño entraba en contacto con los beneficiarios del subsidio habitacional, quienes lo contrataban para que contruyera sus viviendas. En ese contexto, le endosaban el DS1, permitiéndole cobrarlo cuando la obra estuviera finalizada.
Para acceder al pago, Miño presentaba ante el Serviu Metropolitano documentos como el Permiso de Edificación y el Certificado de Recepción Definitiva de Obras, supuestamente emitidos por las direcciones de obras municipales correspondientes. En algunos casos, asevera la querella, también gestinó el retiro de los ahorros habitacionales de las víctimas.
Sin embargo, el escrito esgrime que los documentos habrían sido falsificados y que las viviendas estarían inconclusas o sin ser construidas. Con estos antecedentes, el CDE acusa a Miño de los delitos de uso malicioso de instrumento público y el de obtención fraudulenta de prestaciones.
Los más de $742 millones
La acción judicial sostiene que César Miño Martínez cobró 59 subsidios habitacionales sin haber cumplido con la construcción ni entrega de las viviendas, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $742.183.283. No obstante, la querella advierte que esta cifra podría ser aún mayor, en caso de que el Serviu hubiese tenido que reintegrar los ahorros habitacionales que Miño supuestamente retiró de las libretas de los beneficiarios.
Un análisis realizado por Fast Check CL, a partir de los antecedentes contenidos en la querella, muestra que los montos defraudados fueron disminuyendo con el tiempo: en 2016, Miño se habría apropiado de $372.285.741; en 2017, la cifra bajó a $187.183.751; y en 2018, a $182.713.791.
De los 59 casos mencionados, en tres no se entrega información detallada, por lo que el fraude total podría ser aún mayor. Adicionalmente, es importante destacar que los montos señalados por el CDE corresponden exclusivamente a los recursos públicos defraudados. En varios casos, los beneficiarios también realizaron copagos adicionales al subsidio, lo que implica un perjuicio económico directo para las familias afectadas.
Por otro lado, en lo que respecta a la falsificación de documentos, la querella identifica que en 37 casos —de los 56 con información detallada— Miño presentó documentos presuntamente falsificados de la Municipalidad de Melipilla. Le siguen Paine, con 6 casos; Isla de Maipo, con 3; Pedro Aguirre Cerda y Padre Hurtado, con 2 cada uno; y otras seis comunas con un caso cada una.
Respuesta del Serviu
Fast Check CL se contactó con el Serviu Metropolitano, organismo encargado de verificar que las viviendas estuviesen construidas antes de autorizar el pago a César Miño. Desde la institución explicaron que dicha función recae en una sección del Departamento de Aplicación de Subsidios Habitacionales, responsable de validar los antecedentes para liberar los fondos.
Según relataron, las irregularidades fueron detectadas internamente en 2018, luego de que una beneficiaria advirtiera que su ahorro había sido girado desde la libreta de ahorro para la vivienda, pese a que su casa no había sido construida. Así, el Serviu relató que:
«Al revisar los registros, se le informó que la operación asociada al pago de su subsidio fue autorizada conforme a la normativa vigente, a lo que la afectada indicó que su vivienda no fue construida, con lo cual este Servicio toma conocimiento de la irregularidad existente. Posteriormente se le dio aviso al CDE, remitiendo todos los antecedentes del caso».
En consecuencia, el Serviu presentó una querella penal contra César Miño en 2018, centrada en dos casos concretos que hoy figuran también como parte de la acción judicial interpuesta por el CDE.
Asimismo, indicaron que el Subdirector de Operaciones Habitacionales Subrogante del Serviu solicitó en 2018 la instrucción de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades internas. Consultado por el resultado de dicha investigación, el organismo señaló que «se aplicó la medida disciplinaria de censura» por falta de diligencia. El Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 121 explica que:
«La censura consiste en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente».
La querella previa contra César Miño
Fast Check CL tuvo acceso a la querella presentada por el Serviu Metropolitano en 2018 ante el Juzgado de Garantía de Talagante contra César Miño Martínez. En el documento se detallan dos casos en los que el contratista se habría apropiado de subsidios habitacionales y ahorros de beneficiarias, sin haber finalizado la construcción de sus viviendas, y presentando documentación municipal falsificada.
Entre los antecedentes del caso figuran los documentos que Miño Martínez entregó al Serviu Metropolitano para acreditar la supuesta entrega de las obras y solicitar el pago de los subsidios. (Ver aquí)
En abril de 2023, el tribunal resolvió que Miño Martínez era culpable de los delitos imputados. No obstante, la pena fue fijada en 540 días de presidio menor en su grado mínimo, considerando que el acusado reconoció los hechos, colaboró con el esclarecimiento de la causa y su «irreprochable conducta anterior». (Ver sentencia acá).
Dado lo anterior, no fue condenado a cárcel efectiva, sino que cumplió la pena bajo régimen de remisión condicional, con firma periódica ante Gendarmería entre mayo de 2023 y noviembre de 2024. Actualmente, según consta en el informe de egreso, Miño Martínez ya cumplió su condena y no está sometido a ninguna medida judicial. (Ver informe de egreso)
Fast Check CL intentó contactar a César Miño Martínez, pero no fue posible dar con un medio de contacto directo. Asimismo, se envió un correo electrónico al defensor público que asumió su representación durante el proceso judicial, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
