«Vislumbramos un problema, el que la fundación (ProCultura) con la recepción del circuito (de Lota), la creación del museo de Chaitén, con la administración de las iglesias de Chiloé, con la administración del cine en Porvenir (…) debíamos generar un modelo de sostenibilidad de estos espacios, la experiencia había sido el tiempo que habíamos estado con Lota, y no queríamos quedar sin tener un modelo de gestión».
Este es el testimonio de Francisco Fuentes, exdirector de Patrimonio Natural y Sustentabilidad de ProCultura y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que en palabras de Fuentes, justificó ese nuevo modelo de sostenibilidad para los proyectos de la fundación creada por Alberto Larraín,
No era estrictamente de ProCultura, pero tercerizaba sus funciones.
Anteriormente, Fast Check CL reveló que esta empresa recibió más de $24 millones en compras ágiles con organismos públicos para la venta de entradas, en el periodo que comprendió la administración de parte de ProCultura del Circuito de Lota.
La utilidad de esta empresa no es baladí, como señalan diversas declaraciones tomadas por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación de ProCultura. La sociedad constituida por Fuentes en junio de 2021 habría servido para ampliar el «objetivo social» de la fundación, facturar actividades comerciales y pagar las defensas legales que surgieron tras el escándalo del caso Convenios.
Alberto Larraín, en sus declaraciones, negó tener conocimiento de los movimientos que esta sociedad realizaba, llegando a decir: «No sé nada respecto a esa empresa, ya que esto lo llevaba Francisco Fuentes». Pero testimonios del propio Fuentes y María Constanza Gómez -contenidos en la carpeta investigativa- contradicen su versión.
Sobre el testimonio de Fuentes, la PDI concluyó: «Dado que no era posible ampliar el objeto social de la fundación, surgió la idea de constituir la “Agencia de Turismo Patrimonial” con el propósito de gestionar y facturar actividades comerciales vinculadas al patrimonio, generando así flujos de recursos entre la Fundación y la nueva sociedad».
Fast Check CL llamó al número personal de Alberto Larraín, con el objetivo de complementar su versión. Pese a nuestras insistencias, no hubo respuesta.
El origen
Según declaró Fuentes el 13 de febrero de este año, buscar la sostenibilidad de ProCultura era relevante para efectos de que la fundación siguiera operando. Por ende, dentro de las opciones que se barajaron -«como que cada entidad permanente tuviera su propia estructura jurídica»-, estaba la de ampliar el giro. Para esto, se consultó al abogado de la ONG, Marcelo Goldsmith, qué se podía hacer.
«Se le encargó al abogado (Goldsmith) que se modificara los estatutos de Fundación para darle más funciones con el objeto que pudiese desarrollar las que no podía, estas después de un año no se realizaron», declaró Francisco Fuentes.
Esta redacción intentó obtener una versión del abogado Goldsmith, limitándose a señalar: «Efectivamente, presté asesoría jurídica externa a la fundación (ProCultura). No conozco detalles de esta lamentable situación y en todo caso pondré la información que se me requiera por los conductos regulares, si fuera del caso».
Posteriormente, María Constanza Gómez -afirma Francisco Fuentes- instruyó a Goldsmith para analizar la posibilidad de ampliar ProCultura con una sociedad por acciones, por lo que se debía elevar la consulta al Ministerio de Justicia, cartera que supervigila el funcionamiento básico de las fundaciones. No obstante, a pesar de que la «consulta se realizó a través de la oficina de partes o portal de transparencia», no habría existido respuesta.
Fast Check CL consultó al Ministerio de Justicia si desde ProCultura se elevó la consulta para constituir un brazo comercial a través de una sociedad por acciones, informándonos que no existe constancia de que la fundación haya ingresado una consulta formal entre 2020 y 2021. Tras revisar su sistema interno de registros (SISID) correspondiente a esos años, la cartera señaló que «no se verifica el ingreso de una solicitud en este sentido».
Respecto de una eventual autorización o pronunciamiento en caso de que la consulta se haya realizado, la cartera precisó que no está dentro de sus competencias entregar informes en derecho ni autorizar la creación de este tipo de estructuras jurídicas.
La facultad fiscalizadora que ejerce el Ministerio de Justicia consiste en velar porque las fundaciones «cumplan con sus estatutos y objeto social. Esto es, la facultad de fiscalización se ejerce respecto de personas jurídicas sin fines de lucro, no respecto de personas naturales, ni respecto de personas jurídicas con fines de lucro, como la empresa citada. En efecto, actualmente se desarrolla un procedimiento de fiscalización a la referida Fundación ProCultura, proceso que se encuentra en una avanzada etapa», indicaron desde Justicia.
La tercerización
En 2020, ProCultura asumió en urgencia la concesión del Circuito de Lota -conferido por Corfo- tras la quiebra de la otrora concesionaria, fundación Baldomero Lillo. Fuentes relató a la PDI que la administración comenzó con complicaciones tras la agudización de la pandemia, encareciendo los productos y servicios en un 25%, junto con la solicitud de los trabajadores para aumentar los sueldos.
Ahí es cuando aparece Agencia Turismo Patrimonial, pues es a través de esta empresa es donde termina recayendo la responsabilidad de explotar comercialmente el Circuito de Lota. Por tanto, para mantener a flote este recorrido turístico: los trabajadores seguían a cargo de ProCultura «para efectos de la subvención», siendo la sociedad de Francisco Fuentes la encargada de los gastos de arriendo de vehículo, gastos básicos, pasajes en avión y otros costos asociados.
Sin embargo, respecto a lo señalado anteriormente, Fuentes declara que los gastos indicados no correspondían necesariamente al Circuito de Lota, dado que Agencia Turismo Patrimonial SpA también habría recibido gastos de otros proyectos que manejaba ProCultura.
Un caso ilustrativo ocurrió en 2023, cuando se denunció una presunta triangulación de recursos públicos y cobros inflados tras la asignación directa de fondos por parte del Gobierno Regional de Magallanes para la ejecución de un mural en la Costanera del Estrecho, en Punta Arenas. Según consignó el medio El Pingüino, $23 millones de los $23.689.999 entregados habrían ido a parar a la empresa Agencia Turismo Patrimonial.
“Simplificar la ley de donaciones”
A lo anterior, se suma que en enero de 2022, mediante una reunión por Zoom en la que participaron Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Jesús Poch, Ronnie Radonich y José Tomás Gatica; se discutió el proyecto impulsado por ENEL titulado «La cultura me ilumina en la pandemia», acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
El plan original buscaba, relató Fuentes, beneficiar a organizaciones culturales mediante la condonación de sus boletas de electricidad durante la pandemia, para luego valorizar esos montos como donaciones culturales ante el Consejo de la Ley.
«La idea que tenía Alberto era que ENEL condonara las deudas de electricidad de estas organizaciones culturales y patrimoniales (…) ese monto iba a ser pasado a través de la Ley de Donaciones como aporte a la cultura con el fin de obtener el certificado de la ley», declaró Fuentes. Sin embargo, el Consejo de la citada ley rechazó esa modalidad, lo que llevó a reformular el proyecto y enfocarlo en la producción de cápsulas audiovisuales patrimoniales para el canal cultural NTV (señal cultural de TVN).
Durante la misma reunión, según el testimonio de Fuentes, Alberto Larraín propuso que la Agencia de Turismo Patrimonial asumiera la gestión administrativa del proyecto.
«Alberto había definido que la Agencia se iba hacer cargo de este proyecto administrativamente, contratando a los profesionales audiovisuales, pagando honorarios, pagando los servicios de los proveedores, ver los gastos de producción», afirmó Fuentes. Para ello, se determinó que la agencia emitiría facturas a ProCultura, respaldadas por estados de pago. De acuerdo con el declarante, Larraín justificó esta fórmula señalando que su propósito era «simplificar la rendición de dinero para la Ley de Donaciones».
Fuentes declaró que María Jesús Poch coordinaba las transferencias desde la cuenta de la Agencia de Turismo Patrimonial SpA hacia distintas organizaciones culturales. Para ello, presuntamente le enviaba por correo electrónico la información correspondiente y compartía una planilla Excel alojada en un drive, donde se indicaban los montos, fechas de transferencia y números de transacción. «En dicha planilla completaba los campos de fechas de transferencia y N° de transacción», especificó Fuentes.
Fuentes explicó que el flujo de recursos seguía un orden específico: los fondos donados por ENEL eran transferidos primero a la fundación ProCultura, que a su vez enviaba a la agencia los montos correspondientes a cada organización beneficiada. Luego, la agencia realizaba las transferencias finales. «Se enviaban los comprobantes de las transferencias dando cuenta de los pagos», indicó. Conforme a testimonio, los fondos entregados por ENEL cubrieron en su totalidad los costos del proyecto.
Órdenes desde ProCultura
La representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, declaró ante la PDI entre el 19 y 21 de febrero de este año. En su declaración, se refuerza la idea de que Agencia Turismo Patrimonial SpA se originó con el objetivo de ser un brazo ejecutor de la fundación.
Al responder sobre la creación de la empresa, la representa legal de la fundación señaló que la existencia de esta sociedad fue una decisión del fundador de ProCultura. «La decisión de la creación de la agencia a través de Francisco Fuentes Araya fue de Alberto Larraín Salas», declaró ante la PDI. La justificación, según explicó, era evitar que la ONG recibiera directamente los ingresos del circuito de Lota, lo que —según advertencia del abogado Marcelo Goldsmith— podía estar en conflicto con su carácter sin fines de lucro.
Palabras similares tuvo María Jesus Poch, directora regional de ProCultura en la Región Metropolitana, quien el 25 marzo pasado ante la PDI afirmó: «(…) La idea de facturar con el nombre de la empresa de FUENTES ARAYA, fue idea de Alberto LARRAIN (sic)».
A pesar de tratarse de una entidad separada, Agencia Turismo Patrimonial operaba siguiendo órdenes internas: «La manejaba Francisco Fuentes, por instrucciones emanadas desde ProCultura», dijo Gómez. También, precisó que ella —en su rol de representante legal— instruyó el pago de la defensa legal requerida por la ONG:
«Las únicas instrucciones que se le dieron a través de mi persona como representante legal, consistieron en facilitar los recursos para el pago de los abogados contratados para la defensa de la fundación, desconociendo si Alberto Larraín entregaba instrucciones paralelas que yo desconozca».
La defensa legal de ProCultura
Según el testimonio de María Constanza Gómez, el estudio jurídico liderado por Susana Borzutzky advirtió a los miembros de ProCultura que sus honorarios no podían ser pagados con fondos provenientes de proyectos financiados por el Estado, y que debían ser cubiertos con recursos del patrimonio propio de la entidad. Para cumplir con esa exigencia, los directivos de la fundación optaron por utilizar a la Agencia de Turismo Patrimonial SpA, como vía para gestionar esos pagos.
En concreto, la estrategia consistió en utilizar los ingresos generados por la explotación del circuito de Lota, que eran percibidos por la agencia y cuya disposición —según el convenio con Corfo— era considerada de libre uso por parte de la fundación. Así, se habrían cubierto los honorarios del estudio jurídico mediante transferencias electrónicas, en un monto estimado entre $30 y $40 millones, según lo relatado.
Gómez aseguró que el vínculo con el estudio Barruel Borzutzky se estableció por recomendación de María Eugenia Sabbagh, quien sugirió a Susana Borzutzky como abogada penalista ante el complejo escenario judicial que enfrentaba ProCultura. En la primera reunión con el estudio participaron, además de Borzutzky, Alberto Larraín, Sabbagh y la propia Gómez.
El estudio de abogados fue contratado para representar a la fundación, con una cotización inicial de $70 millones, que incluía las dos querellas en curso hasta ese momento, así como una denuncia presentada por la fundación al Ministerio de Vivienda. Sin embargo, cuando la fiscalía comenzó a citar como imputados a varios colaboradores, Borzutzky resolvió que la representación penal se enfocaría en Alberto Larraín y en la propia Gómez, como aseguró esta última en la declaración.
Posteriormente, al aumentar el número de querellas —ya en la etapa de cierre de la fundación—, el estudio amplió su representación a todas las causas, lo que elevó el presupuesto total a $100 millones, detalló la exdirectora.
A principios de octubre de 2024, Susana Borzutzky renunció a la defensa de ProCultura, quien argumentó diferencias con sus clientes en cómo se estaba llevando adelante la defensa legal. De acuerdo a El Mostrador, también abandonó la representación de Alberto Larraín y María Constanza Gómez.
