A través de redes sociales, diversas usuarias denunciaron no haber podido comprar sus anticonceptivos debido a la solicitud de receta médica para acceder a dichos medicamentos. Pese a que existieron dudas en torno a esta medida, el Instituto de Salud Pública (ISP) junto al Ministerio de Salud (Minsal) corroboraron la información.
Las entidades públicas señalaron que desde ahora en adelante será obligatorio que al momento de compras de pastillas anticonceptivas las farmacias soliciten una receta médica emitida por un especialista.
Esto ha levantado dudas, ya que se trata de medicamentos ampliamente comercializados, a los que sus usuarias suelen acceder sin mayores dificultades. Fast Check CL se puso en contacto con el ISP para consultar respecto a las directrices que regirán esta regulación y los desafíos a abordar.
¿Cómo va a funcionar la venta de anticonceptivos?
Desde el ISP, Verónica Vergara, jefa de fármaco y cosmetovigilancia comentó que «desde siempre los anticonceptivos se venden en farmacias bajo receta extendida por profesionales sanitarios autorizados», por lo tanto médicos y matronas pueden recetarlos. Sin embargo, hasta ahora los comercios no habían solicitado este requerimiento al momento de la venta.
«En la actualidad, las recetas que indiquen expresiones como uso crónico, uso permanente y otras similares, las dispensaciones podrán realizarse hasta cumplido un año desde la fecha de emisión de la receta», señala Vergara.
Asimismo, explica que la nueva propuesta busca hacer coincidir el control médico para renovar la receta de anticonceptivos con el examen de prevención del cáncer de cuello uterino. De esta forma, la receta tendría una validez de tres años, al igual que el Papanicolaou.
¿Por que la exigencia de recetas médicas?
En conversación con Teletrece, la Directora del ISP, Dra. Catterina Ferreccio, ahondó en la importancia y las razones de esta normativa, argumentando que estos medicamentos pueden llegar a tener importantes efectos secundarios.
Ferreccio indicó que los anticonceptivos son «una hormona que actúa en todo el cuerpo que puede tener reacciones adversas». Por esta razón desde el ISP y el Minsal apelan a un control constante para que cada paciente pueda acceder al medicamento adecuado con la combinación de hormonas correspondientes a su situación.
Especialistas como Pamela Eguiguren, matrona y académica del Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública Uchile, destacan como principal beneficio de esta medida ayudar a erradicar la automedicación. Así como también permitir que las usuarias «a través de su asistencia a los controles también puedan tener acceso a nueva información».
Eguiguren enfatiza en la importancia de que se garantice el correcto acceso a anticonceptivos a todas aquellas usuarias del sistema de salud pública, pues «el acceso a la anticoncepción es un derecho fundamental», señala.
Eguiguren advierte que el acceso a horas médicas puede ser una posible desventaja si la normativa no se aplica de manera óptima. En el caso de «las mujeres trabajadoras remuneradas, por sus limitaciones horarias, es súper importante que no haya retraso ni dificultades para acceder a la atención». La experta señala que, en caso de que el sistema público falle en ese aspecto, la normativa «podría afectar negativamente, particularmente a la población más vulnerable».
Fiscalización y futuros desafíos de la normativa
Desde el ISP señalaron a Fast Check CL que realizan una fiscalización constante de farmacias en la Región Metropolitana «para cumplir con la normativa que exige el código sanitario». Por otro lado, en el caso de las regiones, esta labor la realizan las Seremis de Salud.
Asimismo, en cuanto a la posibilidad del surgimiento de un mercado negro a causa de esta normativa, el ISP asegura que «los métodos anticonceptivos son bienes universales de salud pública, por lo que son de acceso para todas las personas que lo requieran», sin costo a través de los servicios de salud pública.
A lo anterior, Pamela Eguiguren complementa que hay que considerar los casos de población con capacidad de gestar que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+, como personas transgénero. En ese sentido, plantea que «hay que asegurar que no haya discriminación en el acceso a la atención y eso implica esfuerzos adicionales».
