A pocos días de que se cumplan 23 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico de Valparaíso vive un profundo deterioro que amenaza no solo su valor cultural, sino también la calidad de vida de sus habitantes.
Así lo sostiene el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien presentó una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), calificando la situación de Valparaíso como un «ecocidio».
Manríquez argumenta que factores el progresivo abandono de la ciudad, el alza de la delincuencia y la falta de acciones concretas por parte del Estado han generado un daño sistémico al entorno natural, social y patrimonial de la ciudad puerto.
En conversación con Fast Check CL, el abogado explica que su denuncia solicita que el organismo internacional asuma un rol más activo a través de una «averiguación en terreno sobre la vulneración de derechos fundamentales».
La acción ha sido respaldada por el Colegio de Abogados de Valparaíso y diversos actores del ámbito académico y cultural. Desde el municipio, la alcaldesa Camila Nieto respondió haciendo un llamado a todos los sectores a colaborar en la protección del patrimonio, reconociendo que se trata de una situación límite.
“Si se mira cómo estaba esto cuando se inauguró hace 23 años, a como está hoy día, da pena”
— A más de 20 años de la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, ¿cómo evalúa usted el estado actual del casco histórico y su deterioro sostenido?
En la zona particular del casco histórico se ha ido notando un despoblamiento que no es voluntario, sino forzado, a propósito de las condicionantes que se han ido instalando como falta de vigilancia, aumento de la delincuencia, deterioro progresivo de los edificios. En definitiva, todo eso va destruyendo el tejido social familiar y vital de las personas que deciden desempeñarse en este lugar.
Es una zona sujeta a especial protección patrimonial de UNESCO, situación que no solo es una declaración de buenas intenciones, sino que implica y produce efectos jurídicos demandables que pueden tener consecuencias internacionales como un mayor control sobre los traspasos de dinero o que se haga una investigación en terreno. Lo que sería una gran tragedia, es perder la nominación de sitio patrimonio cultural de la humanidad, que no queremos que eso ocurra.
— En particular, ¿qué es lo que piden a través de esta demanda ante la UNESCO?
Nosotros hemos pedido que UNESCO, conforme a una directiva particular que tiene, inicie una averiguación en terreno sobre la vulneración de derechos fundamentales de la gente que ha decidido vivir allí y que ha tenido que ir saliendo obligadamente.
Por otro lado, requerir la modificación de textos legales para establecer una causal de destitución de gobernadores, ministros de cultura, encargados de los sitios y alcaldes que no cumplan con sus deberes de cuidado o prevención del deterioro. En términos generales, eso es lo que estamos buscando más que meras sanciones.
— Usted ha calificado esta situación como un «ecocidio» ¿Qué fundamentos lo llevan a utilizar ese concepto y qué consecuencias legales podría tener esa calificación?
Un ambiente patrimonial que se descuida o se destruye, ya sea por acción o por una negligencia extrema o grave, es también una forma de ecocidio porque destruye los elementos esenciales de la interrelación de la vida del hombre con su entorno y de las comunidades.
Bajo ese punto de vista, uno no puede quedarse con una mirada estrecha y decir: «Mira, esto jamás podría llegar a ser un ecocidio porque no se está destruyendo ningún ecosistema». Claro que se está destruyendo, porque la gente que decidió vivir allí y desarrollar su vida, tiene que irse. Eso implica otra vulneración a los derechos fundamentales, lo que de acuerdo a los tratados que se llama «desplazamiento forzado».
“Si no se hace nada, se podría llevar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por dejar de cumplir compromisos internacionales”
— ¿Por qué decidieron dar este paso jurídico directamente ante la UNESCO antes de optar a alguna instancia local?
Porque se habría quedado convertido en un simple oficio dando vueltas, y habríamos tenido mesas de conversaciones y minutas sin resultados reales. Entonces, cuando no se encuentra lo que se denomina un remedio efectivo en un plazo razonable, lo que hay que hacer es ir inmediatamente al organismo internacional que tiene el deber de hacer que estas cosas pasen.
— De esa forma se genera más presión para lograr una resolución efectiva.
Más que presión, lo que queremos es que ocurran efectos reales y tangibles en un plazo razonable. Hay que recordar que el próximo mes se cumplen 23 años desde la declaración de patrimonio, y si se mira cómo estaba esto cuando se inauguró hace 23 años, a como está hoy día, da pena.
— ¿Considera que ha existido negligencia por parte del Estado chileno o autoridades locales?
Sí creo que ha habido desidia y sí creo que hay negligencia. Ha habido un tratamiento demasiado superficial del tema. Custodiar el sitio patrimonial o el desarrollo no significa solo gastar plata en pintura cada cierto tiempo y creo que ha habido una mirada bastante poco comprometida con integrar políticas públicas más eficientes y efectivas.
Durante estos 20 años, lo único que ha ocurrido es que, incluso la gente que no es de Valparaíso, cree que yendo a Valparaíso va a hacer lo que se le ocurra. Rayar, pintar, destruir, cometer insivilidades en la calle porque nunca ha pasado nada y a nadie le pasa nada. Claro. Eso sí es negligencia, desidia y responsabilidad del Estado.
— ¿Y qué riesgos jurídicos enfrentaría el Estado chileno en caso de que organismos internacionales concluyan que aquí se están pasando a llevar derechos humanos?
Lo primero que sería pedirle cuentas al Estado. Rendir cuentas económicas de los fondos traspasados, establecer en un corto plazo reparación, restauración y no repetición. Y si no se hace nada, se podría llevar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por dejar de cumplir compromisos internacionales, o sea, al amparo de convenciones internacionales voluntariamente aceptadas.
— ¿Y eso se traduciría en sanciones monetarias?
No necesariamente, pero sí podría ser una intervención más directa o incluso diluir varios de los órganos formales que, en teoría debieran estar a cargo del patrimonio, si es que internacionalmente y nacionalmente se llega la convención de que han sido ineficientes.
Juan Carlos Manríquez: “Esperamos que no quede solo en un gesto, sino que se convierta en realidad”
— Ha planteado modificar la Ley de Monumentos Nacionales ¿Qué aspectos considera obsoletos y cuáles serían los cambios más urgentes para garantizar una protección efectiva?
Primero, el funcionamiento de su consejo, de las tramitaciones y de las evaluaciones es extremadamente lento, engorroso y burocrático. Segundo, las áreas de protección entre monumentos nacionales, zona típica, zona de interés histórico están desfasadas. Lo tercero consiste en generar un sistema de transparencia para poder tener la trazabilidad del dinero, el origen, destino y gasto completamente claro y a vista de todo el mundo.
Y cuarto, lo más importante es que esto tiene que estar dirigido por personas realmente comprometidas que no reciban un pago y que tengan inhabilidades de proponer o contratar amigos, cercanos u otros. En definitiva que eso esté asociado al mejor nivel técnico posible, sin intromisión política ni de los ministerios de cultura, gobiernos, cores y municipios.
— En ese sentido, también ha propuesto evitar el traspaso directo de fondos internacionales a los gobiernos regionales o municipios ¿Qué riesgos detecta en esta intermediación?
Porque, lamentablemente, esas intermediaciones directas a veces suelen acotarse en cuantiosas listas de contrataciones que van cambiando de gobierno en gobierno, de grupo en grupo, de proyecto en proyecto. Así van dando vueltas y solo producen minutas, nada más.
— ¿Qué consecuencias tendría para Valparaíso la pérdida de su estatus de sitio patrimonial? ¿Cómo ve usted ese escenario?
No, no me quiero poner en ese escenario, porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra. Creemos que, si seguimos como estamos, probablemente se puede perder, pero si hacemos algo como lo que estamos proponiendo, debiera ser al revés.
— ¿Ha recibido apoyo de parte de autoridades o entidades estatales, cómo se han manifestado al respecto?
El municipio se ha manifestado públicamente apoyando la iniciativa, lo cual a nosotros nos parece algo altamente valioso. Hemos visto a la señora alcaldesa preocupada, eso es una muy buena señal para los porteños que esperamos que no quede solo en un gesto, sino que se convierta en realidad.
El senador Lagos Weber y algunos otros concejales son personas que han manifestado un compromiso expreso. Yo creo que ahora tienen la oportunidad de que eso se convierta en hecho.
