Coyhaique: auditoría revela que municipio no aplicó multas pese a graves falencias en concesión de estacionamientos

Una auditoría interna a la concesión de estacionamientos en Coyhaique —a la que accedió Fast Check CL— reveló múltiples incumplimientos en el servicio de parquímetros de la comuna. El informe, confirmado por la Contraloría Regional de Aysén, advirtió retrasos en pagos, errores de cálculo, boletas de garantía fuera de plazo y deficiencias operativas que pudieron justificar multas o incluso la terminación anticipada del contrato, lo que no ocurrió. Finalmente, la concesión terminó por problemas financieros de los concesionarios. Posteriormente, se convocó una nueva licitación, pero fue declarada desierta al no presentarse oferentes.

Un informe de control interno de octubre del año 2024 de la Municipalidad de Coyhaique —al que Fast Check CL tuvo acceso— identificó incumplimientos en distintas fases de la «Concesión de Estacionamientos de Vehículos en la Vía Pública controlados por Parquímetro». El pasado 14 de agosto, esta redacción publicó: «Regulariza» y «reconoce»: El mecanismo con el que la Municipalidad de Coyhaique ejecutó $4,4 mil millones sin regularización previa.

La auditoría fue realizada por la Dirección de Control de la Municipalidad como parte de su Programa de Mejoramiento Interno 2024, luego de un preinforme emitido en agosto de ese año. Según el reporte, la mayoría de las observaciones no fueron subsanadas por la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Entre los elementos identificados se recalca que pese a los incumplimientos, el municipio no efectuó las multas que debieron ser aplicadas.

Se trata de una licitación que comenzó en octubre de 2023, adjudicada a la Unión Temporal de Proveedores (UTP), conformada por Servicios Generales Carlos Patricio Ulloa Heisohn E.I.R.L. e Inmobiliaria AYMA Ltda., a través de un decreto alcaldicio fechado el 15 de enero de 2024, el cual estipulaba una duración de cinco años, con 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) como monto mensual, y 12.000 UTM como monto total de la concesión.

De acuerdo Mercado Público, una UTP es un mecanismo que permite a un conjunto de empresas de menor tamaño asociarse para presentar una oferta conjunta. Pese a esta unión y al proceso licitatorio, el servicio se vio interrumpido: el 28 de marzo de este 2025, Ulloa Heisohn informó que no continuaría con la concesión, aduciendo razones económicas, principalmente por la baja recaudación. Finalmente, la concesión dejó de operar en junio pasado.

Carlos Ulloa no es un desconocido en política: fue candidato a diputado en la región de Los Ríos —sin resultar electo— por la Democracia Cristiana, mismo partido del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. Ulloa, oriundo de La Unión, comenzó su militancia en 1986 (lea perfil en el Diario Panguipulli). Pero la relación entre Ulloa y el municipio de Coyhaique no se remiten solo a la concesión de los estacionamientos.

De acuerdo a una resolución final de un sumario administrativo instruido en la Municipalidad de Coyhaique, al que accedió Fast Check CL, el municipio también contrató a Carlos Ulloa con el objetivo de proveer de mano de obra para el servicio de áreas verdes, barridas de vías públicas y mantenimiento de señaléticas; siendo efectuado mediante trato directo a través de un decreto alcaldicio.

La contratación de dicho servicio, ascendente a $635.801.211, comenzó el 1 de agosto de 2022 y terminó en febrero de 2023. Sin embargo, la Contraloría consideró que la contratación resultó improcedente, según la invocación realizada por el municipio —en «casos de emergencia, urgencia o imprevisto»—, lo que en este caso no se ajustaba a la normativa.

Las fallas críticas de la concesión de estacionamientos

En el documento interno de 60 páginas, revisado por Fast Check CL, se identifican cuatro puntos críticos en la «Concesión de Estacionamientos de Vehículos en la Vía Pública controlados por Parquímetro»: desde la licitación, adjudicación, contratación y ejecución del contrato.

En el proceso licitatorio, el informe constató el incumplimiento de la fecha de apertura electrónica de ofertas, realizada el 20 de noviembre de 2023 en lugar del 16 de noviembre de 2023, infringiendo las bases administrativas. También detectó la falta de publicación en www.mercadopublico.cl del acta de apertura generada por el sistema y firmada por la comisión de apertura y evaluación.

Se observó, además, un retraso en la evaluación de ofertas: el informe se emitió el 22 de diciembre de 2023, superando el plazo máximo del 6 de diciembre de 2023.

El documento especifica un error en los criterios de evaluación contemplado en las bases administrativas, que asignaba el mayor puntaje (25%) a la oferta de menor monto cuando debió ser a la de mayor valor de ingreso mensual para el Municipio; aunque la comisión asignó correctamente el puntaje a la oferta de mayor ingreso, esto no quedó consignado en el informe de evaluación. 

La boleta de garantía y las fallas en los pagos de la concesión

Respecto de la boleta de garantía por el fiel y oportuno cumplimiento, se registró la entrega fuera de plazo: el adjudicatario presentó la fianza el 13 de febrero de 2024, pese a que la adjudicación se comunicó el 18 de enero de 2024 y el plazo de entrega era el quinto día hábil. La unidad técnica no cobró la garantía por la seriedad de la oferta, a pesar de que las bases lo estipulaban, devolviéndola al adjudicatario.

En esa línea, el documento precisa que en el proceso de contratación, se suscribió tardíamente el 15 de febrero de 2024, cuando debía haberse firmado a más tardar el 9 de febrero de 2024 (15 días hábiles desde la notificación de adjudicación del 18 de enero de 2024). Las bases administrativas establecían que, si el proponente no firmaba por causas imputables a él, la Municipalidad podía dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, por lo que en consecuencia se podía adjudicar al siguiente mejor evaluado o declarar desierta la licitación.

Otro punto es el Acta de Inicio de la Concesión, firmada de manera extemporánea al 19 de marzo de 2024, sin detallar la fecha en que el Director (S) de Tránsito tomó conocimiento, cuando debió suscribirse a más tardar el 29 de febrero de 2024; sin justificarse la extemporaneidad. El Decreto Alcaldicio N° 1069 que designó al Inspector Técnico del Contrato (ITC) ,se dictó el 14 de marzo de 2024, un mes después del inicio de la concesión de parquímetros (15 de febrero de 2024), constatándose que un funcionario ejerció como ITC sin decreto de nombramiento.

En materia financiera, se detectaron errores de cálculo en los pagos de la concesión por uso incorrecto del valor de la UTM en varios períodos (por ejemplo, valor de marzo para un período de febrero, julio para junio y agosto para julio), generando diferencias a favor del concesionario, en infracción al punto 25 de las bases que obliga a usar el valor de la UTM del mes vencido. Pero, indica el documento, no se acreditó regularización ni devolución de diferencias.

Las multas sin aplicar

El informe de auditoría interna sobre la concesión de estacionamientos y parquímetros consignó un retraso en el pago de la concesión correspondiente al periodo entre el 15 febrero de 2024 y el 29 de febrero del mismo año.

Las bases administrativas establecían una multa de 5 UTM por cada día de atraso, con tope de 10 días corridos dentro de 12 meses; por lo tanto, correspondía aplicar multa de 50 UTM y, además, evaluar el término anticipado del contrato por incumplimiento grave al haberse superado ese tope, indica el documento. Sin embargo, no se encontró evidencia de que la unidad técnica hubiera determinado o analizado iniciar el proceso de aplicación de multas por este concepto, ni que hubiese analizado el término anticipado del contrato.

Respecto de la documentación laboral, se constató la entrega extemporánea de copias de contratos de trabajo, pero solo se adjuntaron copias de cédulas de identidad de trabajadores contratados en julio y agosto de 2024, faltando las correspondientes a períodos anteriores a julio de 2024 que debieron incorporarse en cada informe mensual de cumplimiento.

La no presentación de todos los contratos con firmas y copias de cédulas de identidad configuraban una multa de 2 UTM diarias, con tope de 15 días hábiles en 12 meses; pero —sostiene la auditoría— no hay evidencia de que la unidad técnica haya iniciado el cobro de estas multas. Si los días de incumplimiento superaron los 15 días hábiles, debió haberse propuesto el término anticipado del contrato por incumplimiento grave.

Adicionalmente, la auditoría acreditó el incumplimiento de una instrucción expresa del Inspector Técnico del Contrato (ITC): se había ordenado demarcar y pintar calzos de estacionamientos en las áreas concesionadas (Alta y Baja) con plazo hasta el 30 de septiembre de 2024, pero en visitas del 1, 2 y 3 de octubre de 2024 se mantuvieron sectores sin demarcar, entre ellos la calle Freire entre Prat y Cochrane y el entorno de la Plaza de Armas. El informe indica que la inspección técnica debió cuantificar los días de incumplimiento e iniciar el proceso de aplicación de multas por no acatar las instrucciones del ITC.

En materia de asistencia del personal, no hay evidencia de verificación por parte del ITC de la existencia del libro de asistencia ni de fiscalización del porcentaje de asistencia de los trabajadores. Dado que la ausencia injustificada por sobre el 10% del personal ofertado constituye causal de multa, la falta de revisión y análisis impidió evaluar si correspondía aplicar sanciones en este ítem. Finalmente, en visitas a terreno, la auditora interna constató la ausencia de operarios y de tickets de entrada en 16 tramos del área concesionada.

Esta situación infringían directamente las bases técnicas que exigían cobertura operativa de ambas zonas (Alta y Baja), estando sujeta a multas; sin embargo, no se encontró evidencia de fiscalización específica de este incumplimiento ni de acciones correctivas por parte de la unidad técnica.

Estacionamientos y el oficio de Contraloría

Fast Check CL accedió a un informe especial (ver aquí) emitido por la Contraloría Regional de Aysén (CGR), tras fiscalizar la concesión del servicio de estacionamientos y parquímetros controlados en Coyhaique, adjudicada a Servicios Generales Carlos Patricio Ulloa Heinsohn E.I.R.L. e Inversiones e Inmobiliaria AYMA Ltda. El documento surgió de un oficio enviado por el concejal de la comuna, Sebastián Vera, quien solicitó una indagación respecto a la interrupción del servicio.

El marco legal de la fiscalización se sustentó en la Ley N° 18.695, el Decreto Alcaldicio N° 4.488 que regula la concesión, y la Ley N° 19.886 sobre procedimientos administrativos. En particular, se destacó que basado en estos cuerpos legales, existía margen para que la Municipalidad de Coyhaique efectuara la terminación anticipada por mutuo acuerdo o incumplimiento. Además, corroboró que las bases de licitación contemplaban multas por faltas graves como la entrega extemporánea de la garantía de fidelidad.

De acuerdo al documento del ente contralor, la empresa ITC solicitó el 29 de octubre de 2024 poner fin anticipado al contrato por pérdidas económicas. Sin embargo, la Municipalidad de Coyhaique dispuso la continuidad del servicio hasta el 31 de marzo de 2025 para preparar un nuevo proceso licitatorio. Finalmente, el 28 de marzo del presente año se firmó un addendum para extender el contrato hasta esa fecha, acuerdo que fue aprobado por el Concejo Municipal.

La fiscalización revisó el Informe de Control Interno N° 10/2024, citado previamente por Fast Check CL, el cual detalla los incumplimientos graves por parte de la concesionaria de estacionamientos. Entre ellos, la entrega fuera de plazo de la garantía de fidelidad, retraso en pagos, errores en cálculos de montos, incumplimiento en la entrega de documentos de trabajadores, ausencia de informes previsionales y laborales, incumplimientos en demarcación, capacitación, horario de funcionamiento y fallas operacionales.

La CGR advirtió que el municipio no adoptó medidas frente a las irregularidades detectadas, lo que impidió aplicar multas y evaluar la terminación anticipada del contrato. Además, recalcó que la ausencia de la garantía de fidelidad agravó la situación al dejar sin respaldo económico a la municipalidad frente a los incumplimientos. Por ello, instó al municipio a garantizar la continuidad del servicio público y a iniciar los procedimientos administrativos necesarios.

Sin respuesta

Fast Check CL hizo llegar un cuestionario a la Municipalidad de Coyhaique por lo constatado en la auditoría interna. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.

De acuerdo a Mercado Público, el 29 de mayo de 2025 se publicó una nueva licitación para la concesión de estacionamientos controlados por parquímetros en Coyhaique. Pese a ello, según el último movimiento del 18 de julio pasado, no hubo oferentes que se presentaran en el concurso, por lo que se declaró desierta (ver aquí).

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