El pasado sábado 4 de octubre, Fast Check CL publicó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por Paulo Gómez, reveló que existieron transferencias de parte de Carla Graf, exasesora del diputado Miguel Ángel Calisto, a Américo Soto y Hugo Soto. El primero fue parte del equipo de Calisto, mientras que el segundo tuvo negocios con Roland Cárcamo, esposo de Graf.
En esa oportunidad, Paulo Gómez afirmó: «Pero hay otras transferencias que también se detectaron en la carpeta de investigación, que dice relación con don Hugo Soto y don Américo Soto. Al primero $16.760.000 y al segundo $9.928.000 y fracción».
Aunque Gómez sostiene que «estas transferencias son reembolsos de gasto de campaña y de gestión territorial», desde la defensa de Carla Graf argumentan que nada dice relación con campañas políticas, y que se deben a depósitos por convenios particulares.
En esa línea, Fast Check CL detectó que en la misma audiencia donde se confirmó el desafuero del diputado Calisto —en la que el CDE reveló las transferencias a los Soto—, el Ministerio Público dio cuenta de una serie de antecedentes que, hasta ahora, eran desconocidos: las licencias médicas de Carla Graf, sus viajes al extranjero y la concentración de transferencias dirigidas al grupo cercano del parlamentario que competirá por un escaño en el Senado.
Las revelaciones de la Fiscalía
El fiscal Eugenio Campos inició sus alegatos señalando la relación de confianza entre Roland Cárcamo, Carla Graf y el diputado Miguel Ángel Calisto, indicando que cuentan con años de amistad. Posteriormente, se adentró en la relación laboral que hubo entre el parlamentario y Graf, expresando que las remuneraciones recibidas por esta última podían alcanzar la suma de $3,1 millones.
Seguidamente, la Fiscalía profundizó en la tesis que sostiene en la causa: que estos pagos provenientes de asignaciones parlamentarias habrían sido utilizados para triangular fondos destinados a campañas o gastos personales, entre ellos, la parcela adquirida por Calisto y Graf. Como muestra de lo anterior, Campos afirmó:
«Más del 85% de los montos de transferencias por honorarios de doña Carla Graf fueron a parar a terceros o al círculo más cercano del diputado Calisto, entre ellos el propio diputado, quien propuso a doña Carla Graf como la gran asesora parlamentaria estratégica».
Según el Ministerio Público, Carla Graf recibió un total de $103.664.697 sin haber elaborado, entregado o desarrollado ningún informe, estudio o trabajo que respaldara las funciones por las cuales fue contratada, ni haber prestado apoyo efectivo al diputado en labores parlamentarias o territoriales. Por ende, el 85% de las transferencias a su entorno cercano asciende a poco más de $88 millones.
En línea con lo anterior, el fiscal ejemplificó que el 30 de abril de 2021 Carla Graf recibió un pago por $2.801.025, y que «el mismo día, $2.800.000 fueron transferidos de la cuenta corriente de doña Carla Graf a la cuenta corriente del diputado Calisto».
Posteriormente, señaló que Carla Graf es profesora de educación diferencial que trabaja 40 horas semanales, con una remuneración aproximada de $1.100.000. De esta manera, comparó esa situación con la remuneración que percibía paralelamente como asesora del parlamentario, que «sin horarios, sin cumplir nada, recibía entre $900.000 y $3.160.000».
De este modo, el persecutor recalcó que Graf recibió dichos honorarios incluso cuando estuvo con licencia médica. Así, indicó que de los cuatro años en los que se desempeñó como asesora de Calisto, «a lo menos más de dos años, doña Carla Graf estuvo con licencia médica con reposo absoluto. Y no obstante aquello, su excelentísima, recibió fondos del Estado de Chile».
La exasesora: licencias médicas y viajes al extranjero
El relator de la Corte Suprema, Sebastián Pérez-Gazitúa, señaló que en la carpeta investigativa existen antecedentes que indican que Carla Graf «tuvo licencia médica desde julio de 2020 por pre y postnatal, y que posteriormente esta se extendió casi hasta mayo de 2022 por motivos de salud mental».
En ese contexto, el fiscal Eugenio Campos explicó que dichas licencias fueron presentadas ante el establecimiento educacional donde Graf se desempeñaba como educadora diferencial. No obstante, subrayó que el hecho de que, en paralelo, percibiera remuneraciones como asesora del diputado Calisto vulnera el artículo 55 del Decreto N.º 3 sobre licencias médicas. Dicha normativa establece que corresponde el rechazo o invalidación de la licencia en el caso de que el trabajador incurra en: «La realización de trabajos, remunerados o no, durante el período de reposo dispuesto en la licencia».
Por otro lado, el fiscal Campos también centró su exposición en las supuestas labores desempeñadas por Carla Graf como asesora parlamentaria. Al respecto, indicó que el propio Miguel Ángel Calisto, en su declaración, reconoció que los informes de los trabajos realizados por Graf «no existen, no existen materialmente ni existe forma de corroborarlos en la práctica». Posteriormente, el parlamentario habría explicado que esto se debía a que los informes eran entregados de manera verbal.
En esta línea, el fiscal recordó que la audiencia en la Corte Suprema había sido fijada originalmente para el 22 de septiembre, pero fue suspendida. Tres días antes de la nueva fecha, la defensa de Calisto presentó nuevos antecedentes: documentos que describen las supuestas funciones de Graf y la compraventa de la parcela.
No obstante, Campos advirtió inconsistencias en esos materiales:
«Lo que se acompañaron fueron unos papeles escaneados que no tienen firma, no tienen remitente, no tienen destinatario, no tienen cargo, no tienen nada».
Incluso si se consideraran válidos, los informes presentados tendrían contradicciones, advirtió el persecutor. En uno de ellos, Graf consignó haber realizado reuniones en Coyhaique, pese a que se encontraba en Estados Unidos: viajó el 5 de julio de 2019 y regresó el 19 del mismo mes. Lo que también consta en una publicación en su Facebook del 13 de julio de ese año.
La versión de Calisto y Graf
Respecto del reposo médico de Carla Graf, el abogado defensor del diputado Miguel Ángel Calisto, César Ramos, explicó en la audiencia ante la Corte Suprema —realizada el 29 de septiembre— que:
«Se trata de muchas licencias médicas y, por lo tanto, que necesita una remuneración y por eso está este contrato supuestamente ideológicamente falso, o lo que quiere afirmar el Ministerio Público es que estas licencias médicas constituyen un impedimento para desarrollar su función».
Ramos defendió que «por un lado, las licencias fueron aprobadas y pagadas y por lo tanto, necesidad remuneratoria adicional no existía. Y por otro lado, estamos hablando de licencias médicas, primero por salud mental, la primera en tiempos de pandemia; la segunda, un pre y postnatal en tiempos de crianza protegida. Aquella pre y postnatal extendido por la Ley 21.427, por lo tanto, desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 7 de agosto de 2021, y finalmente otra licencia por salud mental».
Sobre el punto en particular, Ramos aseveró: «Desde ese punto de vista, estas licencias de hecho refuerzan la mayor disponibilidad de tiempo de la señora Graf para prestar sus servicios de asesoría».
“Se aparta del proceso penal”
Por su parte, desde la defensa de la exasesora parlamentaria —representada por Guillermo Briceño—, calificó como «poco pertinente» la referencia de la Fiscalía a las licencias médicas de su representada durante la audiencia de desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto. Según explicó, ese asunto «se aparta del proceso penal» y corresponde ser resuelto «en sede administrativa».
Además, subrayó que «las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de licencias médicas no han detectado infracciones a la ley» ni la Cámara de Diputados realizó observaciones al respecto.
Respecto de las transferencias bancarias que el fiscal Eugenio Campos vinculó al entorno del parlamentario, la defensa sostuvo que «las transferencias por sí solas no configuran un delito». Afirmó que, revisadas en su contexto original, estas operaciones «tienen justificación en actos civiles y comerciales entre privados», los cuales constan en la carpeta investigativa.
«Cuando se mira el panorama completo, las dudas planteadas por la Fiscalía se disipan y la inferencia es otra», añadió.
En cuanto a los informes cuestionados por el Ministerio Público, el abogado defensor precisó que la defensa no estuvo presente en la audiencia donde se formularon esos reparos, ya que «se trataba sobre el desafuero y no sobre Carla». Aseguró, no obstante, que «las asesorías expresadas en documentos o en otros soportes están, fueron aceptadas por su jefe y visadas por la Cámara de Diputadas y Diputados».
Finalmente, la defensa acusó al Ministerio Público de abordar materias que no le competen, aludiendo a temas médicos, administrativos y electorales que «corresponden a instituciones especializadas como COMPIN, la Cámara y el Servel». En ese sentido, afirmó que la Fiscalía «ha tomado para sí el rol de fiscalizar instituciones públicas» y reiteró su confianza en que la evidencia «despejará las dudas planteadas con orden y trazabilidad documental».
