La Contraloría Regional de Ñuble emitió un informe final que confirma una serie de irregularidades en el Departamento de Salud Municipal (Desam) de Pemuco, a raíz de la ausencia masiva de médicos ocurrida en mayo de 2025, hecho que dejó sin atención al único Cesfam de la comuna. El documento no solo ratifica la emisión coordinada de licencias médicas irregulares, sino que además establece perjuicios patrimoniales e incumplimientos administrativos.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó formalmente a la persecución judicial del caso mediante la presentación de una querella penal contra diez médicos —siete del Cesfam de Pemuco y tres externos— por delitos de emisión y obtención de licencia médica falsa, fraude en la obtención de prestaciones estatales y, en algunos casos, ejercicio ilegal de la profesión. La acción fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Yungay en diciembre de 2025.
El caso de Pemuco había sido previamente informado por La Tercera, que dio cuenta tanto del inicio de la investigación de Contraloría como de la posterior formalización penal de los profesionales involucrados. Esas publicaciones revelaron que los médicos se habrían coordinado para autoemitirse licencias tras la eliminación de una asignación especial que redujo sus remuneraciones, paralizando de facto la atención de salud en la comuna.
Además de constatar la emisión de licencias falsas, el informe final de la Contraloría y la querella del CDE —revisados por Fast Check CL— incorporan nuevos antecedentes, entre ellos viajes al extranjero durante períodos de reposo médico, contrataciones que no cumplían los requisitos legales, pagos por horas no trabajadas y un detalle del perjuicio económico ocasionado al municipio.
Fast Check CL se contactó con la Municipalidad de Pemuco y envió preguntas, sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuestas.
La ausencia masiva en el Cesfam de Pemuco
La ausencia simultánea de los siete médicos del único Cesfam de Pemuco, registrada a fines de mayo de 2025, derivó en la paralización de la atención de salud en la comuna y motivó la apertura de una investigación especial por parte de la Contraloría Regional de Ñuble, iniciada a comienzos de junio tras una denuncia presentada por concejales.
En el marco de ese proceso, y con el avance de las diligencias penales, el Ministerio Público formalizó en septiembre de 2025 a parte de los profesionales involucrados por los delitos de emisión y obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones, fijándose además un plazo de investigación y medidas cautelares respecto de algunos imputados.
Meses después, en septiembre, el Ministerio Público formalizó a parte de los profesionales involucrados por los delitos de emisión y obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. En esa instancia se dio a conocer que los médicos se habrían coordinado para emitirse permisos de reposo entre ellos, como respuesta a la eliminación de una asignación especial transitoria acordada por el Concejo Municipal de Pemuco, medida que redujo sus remuneraciones.
De esta manera, el Ministerio Público investiga a siete médicos que prestaban servicios en el Desam, por su presunta participación en la emisión y obtención de licencias médicas falsas. Se trata de Norelys Portal Farías, Lorena Morales Quinteros, Anny Tomas Ulacio, Keilen Sánchez Ríos, María Jaime Grimont, Héctor Plaza Moreira y Febres Andara Medina.
Asimismo, la investigación incluyó a otros tres médicos pertenecientes a distintos establecimientos, a quienes se les imputa la emisión de licencias médicas falsas. Estos son Linda Castellanos Ojeda, del Cesfam Rancagua; Víctor Pachay Castro, del Hospital San Juan de Dios de San Fernando; y Eduardo Estrella Macías, del Centro Médico Inmunomédica de Chillán.
Los hallazgos de Contraloría
El Informe Final N° 579, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la Contraloría Regional de Ñuble, concluyó que en el Desam de Pemuco «se constató que durante el año 2024 y 2025 los médicos (…) se emitieron licencias médicas reciprocamente» y que estas fueron «otorgadas mediante mecanismos informales».
En ese marco, el órgano contralor constató que varias licencias médicas fueron emitidas mediante mecanismos informales, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o videollamadas, sin respaldo clínico suficiente. En ese sentido, el informe indicó que no se evidenció la «realización de exámenes físicos, diagnósticos verificables, ni registros en sistemas de atención», además del uso indebido de perfiles institucionales del Cesfam para la emisión de licencias entre colegas.
La Contraloría también verificó incumplimientos a la normativa de reposo médico, al constatar que «3 médicos que otorgaron licencias médicas a los mismos médicos del citado departamento, se encontraban con reposo médico al momento de otorgarla». El informe no individualiza a los responsables, pero según los antecedentes penales revisados por Fast Check CL, los profesionales a los que se hace referencia serían Lorena Morales Quinteros, Keilen Sánchez Ríos y María Jaime Grimont.
Asimismo, el informe consignó la salida del país de dos médicos durante 2025, pese a mantener licencias médicas con «reposo laboral total», registrándose viajes a Colombia y Brasil. Aunque la Contraloría mantiene las identidades tachadas, de acuerdo con los antecedentes analizados por esta redacción, uno de los casos correspondería a Norelys Portal Farías, quien figura en el listado de funcionarios públicos que registraron salidas al extranjero mientras se encontraban con licencia médica vigente.
En materia de contratación, la auditoría detectó que un médico fue contratado a plazo fijo por el Desam pese a mantener una «situación migratoria irregular» y «sin contar con autorización para efectuar actividades remuneradas en el país». El informe da cuenta de que el profesional no había aprobado la totalidad del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) ni contaba con autorizaciones excepcionales de la autoridad sanitaria.
Según los antecedentes revisados por Fast Check CL, el funcionario al que se refiere Contraloría correspondería a Febres Andara Medina, quien aprobó el EUNACOM con posterioridad a los hechos investigados.
Finalmente, el Examen de Cuenta permitió establecer un perjuicio patrimonial por $5.651.476, asociado al pago de remuneraciones por horas no trabajadas. Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó al municipio concluir los sumarios administrativos, gestionar el reintegro de los montos observados y remitir los antecedentes al Ministerio Público y al CDE para las acciones legales correspondientes.
La querella del CDE sobre los hechos de Pemuco
La querella criminal presentada por el CDE fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Yungay en representación de la Municipalidad de Pemuco y declarada admisible en diciembre de 2025. La acción se dirige contra los siete médicos del Desam de Pemuco y los otros tres profesionales externos.
En el escrito, el CDE imputa a los querellados los delitos de emisión y obtención de licencia médica falsa y fraude en la obtención de prestaciones estatales. Apuntando a todos los querellados como «autor» y calificando las acciones denunciadas «en grado consumado».
Adicionalmente, en algunos casos, el libelo incorpora la figura de «ejercicio ilegal de la profesión de médico-cirujano», atendido que Lorena Morales Quinteros, Anny Tomas Ulacio y Febres Andara Medina, habrían ejercido funciones y emitido licencias médicas sin cumplir con las exigencias establecidas en la normativa vigente, ya que -al igual que con Febres Andara- aprobaron el EUNACOM con posterioridad a los hechos investigados.
Respecto del perjuicio económico, el CDE cuantificó el «perjuicio al erario municipal» en $3.822.933, debido a que los querellados habrían utilizado los permisos médicos para «mantener y percibir la integridad de sus remuneraciones del mes de mayo del año 2025 (…) a pesar de que las licencias en cuestión eran falsas». El detalle en la siguiente tabla:
Junto con la persecución penal, el CDE anunció el ejercicio de acciones civiles tendientes a la recuperación de los fondos públicos presuntamente defraudados. Para ello, solicitó diligencias destinadas a identificar bienes muebles e inmuebles de los imputados, incluyendo el oficio al Conservador de Bienes Raíces y al Registro Civil.
El estado actual de la causa
Tras la presentación de la querella del CDE y su declaración de admisibilidad, la causa continuó su tramitación ante el Juzgado de Garantía de Yungay. A la fecha, nueve de los diez médicos imputados se encuentran formalizados y sujetos a medidas cautelares, entre ellas arraigo nacional, arresto domiciliario parcial nocturno y suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, según corresponda a cada caso.
Entre los imputados, la situación de Febres Andara Medina presenta un desarrollo distinto. El tribunal declaró «la rebeldía del imputado» luego de que no compareciera a la audiencia de formalización y se constatara la imposibilidad de diligenciar su orden de detención. En consecuencia, el 18 de noviembre de 2025 se decretó su «sobreseimiento TEMPORAL», manteniéndose vigente la orden de detención y su incorporación al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
Respecto de los demás imputados, en algunos casos las medidas cautelares han sido revisadas en instancias superiores. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Chillán revocó la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas respecto de la profesional externa, Linda Castellanos Ojeda, manteniendo únicamente la medida de arraigo nacional.
Posteriormente, el mismo tribunal dejó sin efecto la totalidad de las medidas cautelares impuestas a Anny Tomas Ulacio —arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de emitir licencias médicas—, sustituyéndolas por la «obligación de presentarse ante la unidad policial correspondiente a su domicilio una vez al mes».
En los demás casos, las medidas cautelares decretadas en primera instancia se mantienen vigentes.
En cuanto a los próximos movimientos del proceso, el 9 de enero de 2026 se discutió la ampliación del plazo de investigación. En dicha instancia se autorizó la comparecencia remota de los abogados del CDE y de la defensa de una de las imputadas.
