Al mediodía de este viernes, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció –a través de su cuenta de X– la revocación de visas de ingreso al país a tres funcionarios del Gobierno de Chile.

Según la autoridad norteamericana, la medida se impuso a «funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional».

El presidente Gabriel Boric se refirió a los hechos esta tarde, asegurando que «nuestro gobierno jamás ha realizado actividades que socaven la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país», rechazando la acción.

Cancillería emitió un comunicado expresando «sorpresa» por el anuncio y señalando «que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial».

De la misma forma, exigió que se confirmara oficialmente a los funcionarios con visa revocada.

«El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos».

Ministro Muñoz confirmó la sanción

El medio Ex-Ante publicó, poco después del anuncio, que los sancionados serían el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. –que refrenda las declaraciones de Rubio–, indica que las sanciones fueron para quienes «brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio».

Además, el documento envía duras críticas al actual Ejecutivo, aseverando que «el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno».

En ese sentido, expresa esperanzas de «avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast».

Muñoz lamentó que se le haya impuesto esta sanción, considerando su cercanía con EE.UU. –ya que allí estudió y conformó a su familia–. La medida se le hizo llegar vía correo electrónico.

«Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente», confirmó en horas de la tade Muñoz, agregando que «durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile».

Además, Muñoz destacó que «nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito. En ese sentido, estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional».

El proyecto que provocó la incomodidad de EE.UU.

El proyecto que habría provocado la incomodidad de la administración de Donald Trump fue Chile-China Express, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Valparaíso y Hong Kong.

Dicho proyecto se viene desarrollando desde al menos agosto de 2025, e implica la colaboración entre la estatal chilena Puerto Valparaíso en conjunto con la empresa británica de servicios marítimos y agencias portuarias Inchcape Shipping Services (ISS); la firma brasileña de servicios marítimos EGS, y las asiáticas China Mobile (CMI) y Huawei Marine Networks (HMN) Technologies.

Las últimas corresponden a la más grande compañía telefónica del gigante asiático y la división de desarrollo de cables submarinos de Huawei. Estas se reunieron en julio de 2025 para ver la presentación del proyecto.

A finales de 2025, el representante de CMI en Chile, Shuai Liu, sostuvo reuniones con el subsecretario Araya y su jefe de gabinete, con propósitos de «presentar los proyectos en marcha» de la compañía y hablar del «marco normativo chileno en Telecomunicaciones».

Una crónica anunciada

La movida del gobierno estadounidense se enmarca en la competencia global con el gobierno chino por el control de zonas geopolíticamente claves.

El embajador de la potencia norteamericana en Chile, Brandon Judd, ya había advertido sobre los riesgos en ese sentido que implicaba el cable submino.

Tras una reunión sostenida con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el pasado 12 de febrero, Judd declaró en redes:

«La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt».

Humboldt refiere a un cable de fibra óptica que se encontrará operativo en 2027 y que actualmente se encuentra en desarrollo entre la chilena Desarrollo País –mediando al gobierno–, y la gigante tecnológica Google.

Originalmente, seguiría la ruta del Chile-China Express, pero presiones políticas de Estados Unidos llevaron que se redireccionara a Sydney, Australia.