La Contraloría General de la República declaró que la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de San Joaquín (Innova San Joaquín) «no se ajustó a derecho» en su constitución, a cargo del municipio de esa misma comuna. Por lo tanto, el órgano contralor determinó que la entidad –presidida por el alcalde Cristóbal Labra– debe ser disuelta en un plazo de 30 días hábiles.
Fast Check accedió al dictamen de Contraloría que argumenta que la corporación estaba ejecutando atribuciones que por ley radican exclusivamente en la municipalidad. Entre lo expuesto, se menciona la administración de bienes nacionales de uso público y la ejecución de infraestructura urbana, tareas que no pueden ser delegadas a terceros.
La resolución no sólo mandata la expiración de la Corporación Innova, sino que también instruye una fiscalización sobre el uso de recursos públicos en programas de ayuda social. De acuerdo al Registro de Colaboradores del Estado, la Municipalidad de San Joaquín ha transferido $1.391.820.981 a esa corporación, entre los años 2022 y 2026.
En este sentido, fue una denuncia anónima la que expuso los hechos e instó a que Contraloría tomará una determinación. Según el dictamen, la denuncia también apuntaba a una posible falta de transparencia y el uso de la corporación para fines políticos y electorales. No obstante, el documento del órgano contralor se limitó a abordar el aspecto de su estructura estatutaria, anunciado que se efectuará el inicio de una fiscalización.
El alcance de este dictamen se podría extender a otras corporaciones de derecho privado. Fast Check comparó los estatutos administrativos de la entidad de San Joaquín con una creada con anterioridad y que comparte su mismo nombre: la Corporación Innova de Recoleta.
El dictamen sobre la corporación
La Corporación Innova, entidad de derecho privado y sin fines de lucro, fue constituida el 7 de marzo de 2022. Su directorio es presidido por el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, y lo integran Carol Espinosa como secretaria; Eduardo Guzmán como tesorero; y Rebeca Acevedo, Andrea Vargas y Tatiana Reyes como directoras.
Según el último documento disponible, esta corresponde a la composición vigente del directorio. De acuerdo con sus estatutos, el objeto de la corporación es, en términos generales, el «fomento de obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico y social (…)».
Sin embargo, a casi cuatro años de su creación, la Contraloría General de la República determinó que la Corporación Innova deberá disolverse. Fast Check accedió al dictamen, fechado el 30 de enero de 2026, en el que el organismo concluye que la Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a derecho al constituir dicha entidad, tras constatar que sus funciones contravienen el marco legal vigente.
El proceso administrativo se inició a partir de un reclamo presentado bajo reserva de identidad, en el que se cuestionó que la organización desarrollaba labores que la Constitución y las leyes asignan de forma exclusiva a las municipalidades, señala el dictamen.
En ese contexto, la Contraloría recordó que, conforme a los artículos 129 y 130 de la ley N.º 18.695, los municipios solo pueden participar en corporaciones de derecho privado destinadas a la promoción del arte, la cultura y el deporte, así como al fomento del desarrollo comunal y productivo.
El análisis técnico de los estatutos permitió al organismo identificar que varias de las funciones atribuidas a la Corporación Innova corresponden a labores «que suponen el ejercicio de potestades propiamente municipales».
Esto ocurre —según detalla el ente contralor— especialmente en aquellas funciones relacionadas con acciones de «diseño, construcción, renovación, rehabilitación, reconstrucción, descontaminación y conservación de edificaciones, infraestructuras o equipamientos», además de la «administración de edificaciones, recintos, instalaciones o bienes nacionales de uso público».
«Por consiguiente, de conformidad con la normativa y jurisprudencia expuestas, esta Contraloría General concluye que la Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a derecho al constituir la corporación de la especie, por lo que deberá adoptar las medidas tendientes a su disolución, dando cuenta de ello a esta Entidad Contralora en el plazo de 30 días hábiles administrativos, contado desde la recepción del presente oficio», concluye el organismo.
Por último, el dictamen de la Contraloría también informa que el organismo iniciará una acción de fiscalización destinada a revisar en detalle diversas materias vinculadas a la denuncia presentada bajo reserva de identidad.
Según precisa el documento, la revisión abarcará antecedentes relacionados con la administración de bienes inmuebles municipales y la gestión de condominios sociales, particularmente en lo referido a la recaudación de gastos comunes. Asimismo, el proceso considerará el funcionamiento de un banco de alimentos y eventuales incumplimientos de la ley de transparencia y de la ley de lobby.
También se investigará un supuesto uso de la corporación para fines políticos y electorales.
La similitud en los estatutos en Recoleta
La Corporación Innova de San Joaquín fue creada en marzo de 2022 y tomó como referencia el diseño de una entidad de derecho privado constituida previamente: la Corporación Innova de Recoleta, fundada en septiembre de 2018.
Fast Check revisó los estatutos de ambas organizaciones y constató que los documentos presentan una redacción prácticamente idéntica. No solo comparten un nombre similar, sino que la corporación de San Joaquín también replicó facultades que la Contraloría General de la República determinó posteriormente que no se ajustan a derecho, al atribuir «labores que competen exclusivamente a las entidades edilicias».
Según expone el órgano contralor, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que los municipios pueden constituir corporaciones de derecho privado «destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo».
Sin embargo, en ambos estatutos —particularmente en su artículo tercero— se consignan objetivos más amplios que los contemplados en esa normativa, incorporando ámbitos como «innovación, tecnología, capacitación, trabajo, educación, salud, vivienda».
El dictamen también menciona una serie de literales que detallan las atribuciones conferidas a la corporación. Tras analizarlos, la Contraloría concluyó que estas funciones suponen «el ejercicio de potestades propiamente municipales», dado que se vinculan con la administración de bienes municipales y bienes nacionales de uso público, es decir, «labores que competen exclusivamente a las entidades edilicias».
En la revisión documental, Fast Check constató además que la Corporación Innova San Joaquín replicó de forma textual los literales cuestionados presentes en los estatutos de Innova Recoleta:
La respuesta del municipio sobre la corporación
El municipio de San Joaquín, en respuesta por escrito a Fast Check, sostuvo que las iniciativas impulsadas a través de esa entidad —la Corporación Innova— buscan abordar problemáticas reales de la comuna, particularmente en materias como la organización comunitaria y la administración de condominios sociales. Según indicaron, se trata de ámbitos en los que actualmente «no existe otro organismo del Estado actuando», por lo que la administración comunal decidió intervenir.
En esa línea, desde la municipalidad plantearon que «cuando un problema afecta la vida de las comunidades, la autoridad local no puede permanecer pasiva», justificando así la creación y funcionamiento de la corporación.
Respecto del dictamen emitido por la Contraloría, la administración comunal afirmó que el oficio fue impugnado mediante un recurso de reposición, por lo que —según indicaron— aún no existe una resolución definitiva. Asimismo, enfatizaron que el proceso «no dice relación con faltas a la probidad ni con uso indebido de recursos públicos», sino con observaciones vinculadas a la redacción de ciertas disposiciones estatutarias.
En ese contexto, añadieron que situaciones similares en otras comunas se han resuelto mediante ajustes administrativos, sin necesidad de disolver corporaciones. Por lo mismo, desde el municipio manifestaron preocupación por la forma en que el caso ha sido expuesto públicamente.
«Resulta preocupante (…) que esfuerzos orientados a enfrentar problemas concretos de los vecinos y vecinas estén siendo presentados públicamente a partir de antecedentes parciales y en medio de una estrategia política que busca instalar cuestionamientos que, con toda probabilidad, responden más a intereses electorales que al bienestar de San Joaquín», indicaron.
Finalmente, la Municipalidad de San Joaquín reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, señalando que continuará ejerciendo las acciones administrativas y legales que correspondan «hasta que exista una resolución definitiva sobre esta materia».
- Lea la respuesta completa de la Municipalidad de San Joaquín aquí.
