En el programa Estado Nacional Joaquín Lavín se refirió nuevamente al escándalo en el que se vio envuelto en 2011 por, a través de una inmobiliaria, obtener ganancias de la Universidad del Desarrollo cuando la ley prohibía el lucro en la educación superior. Fast Check CL en este explicativo te entrega las principales claves para comprender cómo funcionaba este negocio y de qué manera estuvo involucrado el actual candidato presidencial.
Si tienes poco tiempo:
- Este domingo 4 de julio en el programa Estado Nacional el actual candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió a la polémica en la que se vio envuelto en 2011 y aseguró: «estoy orgulloso de haber creado a la Universidad del Desarrollo (UDD), no hubo lucro y hubo una investigación que lo dejó clarísimo».
- Sin embargo, los fundadores de la UDD, entre ellos el actual candidato presidencial, contrataron servicios de arriendo a las inmobiliarias de las cuales eran dueños. De esta manera, los recursos financieros que obtenían en la universidad los invertían en las sociedades, obteniendo así ganancias financieras.
- El caso de la UDD terminó en la Fiscalía junto con otras once casas de estudio. Pero, finalmente se archivó, ya que la situación antes mencionada no es constitutiva de delito en nuestro país.
- Luego de este caso se trató de prohibir este tipo de prácticas, pero el artículo que lo impedía se declaró inconstitucional, por lo que, actualmente no se considera ilegal.
Por Isidora Osorio
Este domingo 4 de julio en el programa Estado Nacional el actual candidato presidencial, Joaquín Lavín, se refirió a la polémica en la que se vio envuelto en 2011 por obtener ganancias de la Universidad del Desarrollo (UDD), a través de empresas inmobiliarias que entregaban servicios de arrendamiento al establecimiento educacional, lo que para algunas personas fue considerado como una evasión a la ley que prohíbe el lucro en las universidades.
—«Hubo una investigación judicial, no solo del caso de esta universidad, sino también de otras y se vio que no había nada irregular (…) Estoy orgulloso de haber creado la universidad, no hubo lucro y hubo una investigación judicial que lo dejo clarísimo“— aseguró Joaquín Lavín en el programa del domingo en TVN.
—«La justicia no estableció delito, pero sí acreditó que existía un mecanismo para burlar la ley para hacer lo que la ley expresamente prohibía que era retirar dinero, es decir, lucrar»— respondió la periodista Constanza Santa María.
—«Si tu tienes una casa y esa casa se arrienda a precios de mercado, un millón de pesos, si tu se la arriendas a alguien a dos millones de pesos obviamente estás extrayendo utilidades, estás lucrando y eso obviamente no corresponde»— contestó el candidato presidencial.
—«¿Y eso no se hizo?» retrucó Santa María.
—«No, absolutamente no, eso no se hizo» finalizó Joaquín Lavín.
El comienzo de la polémica
Toda la polémica del lucro en la educación superior, se desató el año 2011 con las manifestaciones estudiantiles que se llevaron a cabo por distintas problemáticas de la educación en Chile, entre ellas el lucro. En esa oportunidad, el actual abanderado de la UDI, era el ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera.
Según consignó El Mostrador, en ese mismo año, el ministro Lavín, fue cuestionado por los vínculos que tenía con la Universidad del Desarrollo, incluso los estudiantes de la Universidad de Chile acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que lo investigara por el eventual conflicto de intereses e inhabilidad vigente que tendría en materias relacionadas a la educación superior.
«Consideramos que debe entrar un nuevo ministro a la cabeza de la cartera, un ministro que no sea dueño de las universidades como es Lavín en la Universidad del Desarrollo, en este caso, un ministro que esté limpio de participación en entidades privadas como son las universidades o los liceos, que no sea sostenedor de ninguna universidad y de ningún liceo», aseguró el entonces vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo Vielma.
¿Cuáles eran los vínculos entre Lavín y la Universidad del Desarrollo?
En el libro «Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas de Chile», de la periodista María Olivia Monckeberg, se explica que en 1990, Joaquín Lavín junto con cuatro profesionales fundaron la Universidad del Desarrollo en la ciudad de Concepción y solo un año después constituyeron la inmobiliaria Ainavillo, la cual obtenía ganancias del establecimiento educacional por medio de los servicios que le prestaba de arrendamiento.
«Con un capital total de 36 millones 500 mil pesos, la inmobiliaria Ainavillo Limitada fue constituida el 2 de agosto de 1991 por los mismos fundadores de la Universidad (del Desarrollo). La siguiente era la participación con que empezaron: Joaquín Lavín Infante, 16,6 por ciento; Ernesto Silva Bafalluy, 16,6 por ciento; Cristián Larroulet Vignau 16,6 por ciento; Federico Valdés Lafontaine, a través de Inversiones El Estribo Limitada, 12,5 por ciento; Alfredo Valdés, a través de Feval Limitada, 20,8 por ciento» detalla Monckeberg en su libro.
«Esta figura de la inmobiliaria “anexa” es el principal mecanismo que han encontrado las
universidades privadas para saltarse la disposición legal que teóricamente impide a
fundaciones y corporaciones tener fines de lucro. El caso de la Universidad del Desarrollo
es ilustrativo, pero es sólo una muestra de lo que ocurre en este negocio que mueve
millones de dólares al año», agrega.
De igual manera, Ciper explicó que además de esta sociedad los fundadores de la universidad también tenían otra llamada «Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda., que funcionaría igual que la inmobiliaria, aunque en vez de bienes raíces, su negocio estaría en la adquisición, arriendo y subarriendo de bienes muebles», como sillas, escritorios, teléfonos, etc.
«Al año siguiente (1992), la propiedad de ambas sociedades se modificó, aunque sólo en el papel. En vez de continuar con su participación directa como personas naturales, los socios cedieron sus porcentajes a distintas sociedades que ellos mismos controlaban. En el caso de Lavín, el traspaso se lo hizo a Estudios Económicos Ltda., la sociedad de inversiones que creó junto a su hermano en 1988 y donde además participan su esposa y uno de sus hijos», añade.
En la misma investigación se explica que Ainavillo en 2006 se habría dividido en dos sociedades, ambas vinculadas a la Universidad del Desarrollo. Estas serían: Inmobiliaria Ainavillo, el mismo nombre de la anterior, y Desarrollo Educacional La Concepción S.A.
Entonces, los fundadores de la universidad lo que hacían era contratar los servicios de las sociedades que ellos mismos habían creado. De esta manera, los recursos financieros que obtenían en la UDD los invertían en las sociedades de ellos, obteniendo así ganancias financieras. A esto se le denominó «sociedades espejo».
Las ganancias de Joaquín Lavín
Como bien mencionamos antes cuando los fundadores crearon la inmobiliaria Ainavillo cada uno aportó con un porcentaje para lograr una suma total de $36.500.000, en el caso de Joaquín Lavín fueron más de 6 millones de pesos.
Ciper demostró que «el 5 de marzo de 2010, Joaquín Lavín puso fin definitivo a su participación en una de las empresa relacionada a la UDD (Desarrollo Educacional La Concepción Ltda.), llevándose $48 millones restantes antes de asumir como ministro».
«De Inversiones Mobiliarias Trinitarias Lavín se retiró en la misma fecha enajenando el 17,21% que le correspondía de un capital social de sólo $2 millones», agrega.
Pero quedó la duda de cuánto dinero obtuvo de la Inmobiliaria Ainavillo, ya que en este caso no se pudieron obtener los datos.
De todas maneras, en una entrevista de Chilevisión realizada en 2010 el periodista Matías del Río le preguntó cómo había recuperado su inversión en la universidad a lo que Lavín respondió: «No en la universidad, porque allí no hay inversión. La inversión está en la sociedad inmobiliaria que construyó edificios y evidentemente cuando me desprendí de la participación, me salí de ahí. Vendí las acciones. La inmobiliaria le arrendaba los edificios a la UDD a precios de mercado».
Investigación de Fiscalía
El caso llegó a ser investigado en la Fiscalía, ya que se descubrió que la Universidad del Desarrollo no era el único establecimiento de educación superior que habría realizado este tipo de prácticas, a ella también se sumó la Universidad del Mar, Universidad de las Américas, Universidad Andrés Bello y otras nueve casas de estudio.
Sin embargo, dicha práctica no llegó a ser sancionada, ya que, según explicó en 2016 el entonces fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, lo que se pudo «establecer es la existencia de pagos importantes de universidades a sociedades relacionadas a los controladores, pero el hecho que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada, no es constitutivo de delito en nuestro país».
¿Actualmente esta situación se puede volver a repetir?
Frente a estos casos se hizo una reforma educacional y se incluyó el artículo Nº63 a la Ley 21.091, el cual prohibía específicamente que entes con fines de lucro controlaran institutos profesionales, universidades y centros de formación técnica.
Sin embargo, este artículo fue declarado inconstitucional, porque según el Colegio de Abogados «la norma es contraria a la Constitución, porque se transgrede el artículo 19, N° 2, inciso segundo de la Constitución: la igualdad ante la ley».
Por lo tanto, con el actual artículo nº 63 sí es posible que se pueda dar la situación antes descrita, ya que se declara que las instituciones de educación superior «podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior».
Según Educación2020 este artículo buscaba «prohibir que empresas (personas jurídicas con fines de lucro) fueran controladoras de universidades. La intención del artículo era evitar que existiera el riesgo de que se retiren ganancias de la universidad, como si se tratara de una empresa. Con esta decisión, el riesgo se mantiene».
el lucro está prohibido en la educación superior:
El lucro en la educación superior está prohibido desde 1981 con la creación de la Ley que fija las normas de las universidades, vigente hasta el día de hoy, la cual obliga a que se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro.
«Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro», especifica el artículo 15 de dicha Ley.
Justamente esa era la norma que prohibía el lucro en la educación superior cuando se descubrió el caso de la Universidad del Desarrollo y actualmente la Ley 21.091 se encarga de repetirlo en varios de sus artículos para recalcar que las universidades son instituciones sin fines de lucro.
¿Cuáles son las otras universidades investigadas?
Todo este caso puso en la mira a distintas entidades de educación superior, lo que finalmente llevo a la Fiscalía investigar doce de ellas, las cuales son: Universidades Andrés Bello, Viña del Mar, Las Américas, del Desarrollo, San Sebastián, Santo Tomás, Universidad SEK, Central, Autónoma, UNIACC, Pedro de Valdivia y del Mar.
Pero ninguna fue condenada, ya que, como se mencionó antes, no se considera delito en nuestro país el hecho de que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por alguna institución relacionada.
De todas formas, una investigación del Ministerio de Educación descubrió que el grupo Laureate de manera indirecta obtenía ganancias de las tres universidades que manejaba, Andrés Bello, Viña del Mar y de las Américas.
Ciper declaró que «entre los años 2012 a 2016 las tres universidades del Grupo Laureate traspasaron a sus sociedades relacionadas más de $219 mil millones, lo que afectó la salud financiera de los planteles. Que los pagos a relacionados representan más del 20% de los gastos ejecutados por la Universidad de Las Américas. Y lo más grave: que los servicios que dice prestar Laureate a cambio de multimillonarios pagos, no están justificados».
Además, menciona que «las tres universidades del Grupo Laureate han servido como vehículos para traspasar ganancias a su controlador, a través de contratos por venta de servicios y por utilización de la propiedad intelectual».
Conclusión
De acuerdo a la información recabada, Joaquín Lavín no habría cometido ningún delito, ya que las prácticas que se llevaron a cabo no son penadas por ley en Chile. Sin embargo, este explicativo pretende responder por qué el candidato presidencial fue cuestionado y cómo funcionó el negocio inmobiliario de las sociedades espejo, de la Universidad del Desarrollo y otras, cuyos fundadores habrían contratado servicios de arriendo a las inmobiliarias que ellos mismos manejaban como dueños.
