Con Pedro Castillo fuera de la presidencia de Perú, y lejos de conseguir estabilidad, el país se ha sumergido en un caos político y social. Toque de queda, protestas y fallecidos, son la tónica de los últimos días que, incluso, obligaron al Congreso a tramitar un proyecto para adelantar las elecciones a 2024. En este explicativo, Fast Check CL repasa los principales hitos de esta crisis.
Por Elías Miranda
En diciembre de 2001, Argentina vivió una crisis de proporciones. En apenas once días tuvo a cinco jefes de Estado, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa que escapó en helicóptero de la Casa Rosada.
Quizás no con el mismo frenesí argentino, Perú atraviesa un complejo escenario político y social. No fue en once días, pero sí en seis años los que el país vecino ha tenido seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2019), Manuel Merino (2019-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022). Este último fue destituido hace pocas semanas tras protagonizar una arriesgada maniobra.
Producto de ello, Perú se encuentra empantanado en una crisis que registra fallecidos y denuncias por violaciones a los Derechos Humanos. La ciudadanía empuja a la nueva administración a una elección anticipada; en tanto, países de la región denuncian «hostigamiento antidemocrático» por la vacancia de Castillo.
En este explicativo, Fast Check CL repasa los principales hitos que marcan la compleja situación de nuestro vecino país.
La destitución
7 de diciembre. Las transmisiones nacionales interrumpieron su habitual programación para informar de una insólita medida. Pedro Castillo, por entonces presidente de Perú, se dirigía al país en cadena nacional:
- «En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia», dijo Castillo, con voz y brazos temblorosos.
Se preparaba para dar a conocer las nuevas medidas que comenzarían a regir en el vecino país, en la antesala de lo que sería una votación que buscaba destituirlo.
Castillo dictó la orden de: «(…) disolver temporalmente el congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes, para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses».
La ola de críticas cayeron de inmediato, acusando al mandatario de autogolpe. Todo mientras sus ministros renunciaban con el pasar de los minutos.
En respuesta a estas pretensiones, desde el Congreso consiguieron 101 votos, logrando la destitución de Castillo. Como si se tratara de una película, en el instante de la votación, el destituido presidente era detenido cuando se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo.
Al rato, Dina Boluarte —vicepresidenta en ese momento— es convocada para juramentar y asumir la presidencia de Perú, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ocupar este cargo. La nueva jefa de Estado fue clara: su periodo duraría hasta 2026.
Tensiones diplomáticas
8 de diciembre. La comunidad internacional no se quedó atrás y salió a referirse a la delicada situación de Perú. Un portavoz de la Casa Blanca de Estados Unidos reconoció de inmediato la designación de Dina Boluarte como sucesora de Pedro Castillo.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante su secretario general, Luis Almagro, tacho las acciones de Castillo como una «alteración del orden constitucional» peruano, reconociendo de facto a Boluarte como presidenta de Perú.
De ahí en más vendrían una serie de declaraciones, partiendo por Gustavo Preto y Luis Arce, presidentes de Colombia y Bolivia, respectivamente. Petro calificó la situación como una derrota, aludiendo a que «una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica».
10 de diciembre. Poco a poco comenzaban las convocatorias en favor de Castillo, con disturbios, quema de neumáticos y bloqueo de carreteras. Manifestantes exigen su liberación, mientras que Boluarte presenta un nuevo gabinete de gobierno. Las protestas se tornan sangrientas, registrándose los primeros muertos.
12 de diciembre. Lejos del reconocimiento que estipuló Estados Unidos desde un principio, vendría un comunicado en conjunto por parte de Colombia, Argentina, México y Bolivia, quienes defendieron a Pedro Castillo y acusaron que desde un principio «fue víctima de un antidemocrático hostigamiento».
En respuesta, la cancillería peruana respondió a Colombia, Argentina, México y Bolivia, acusándolos de entrometerse en los «asuntos internos». Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, comentó que la postura de estos países «no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo».
Detención y denuncias por violaciones a los DD.HH
13 de diciembre. Detenido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) por «rebelión» y «conspiración», Castillo dio a conocer una carta en que llama a los manifestantes a no desistir, además de condenar la represión policial. Las protestas y bloqueo de rutas se propagaron a lo largo y ancho del país.
15 de diciembre. No eran días fáciles para Boluarte. Castillo, quien se alistaba a salir de la Dinoes, fue sorprendido con una orden del juez, que dictaminó 18 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía.
Horas más tarde, el gobierno invocó estado de emergencia por 30 días, con motivo de los disturbios y hechos de violencia que se estaban dando en diferentes partes del país. Esto incluye el toque de queda como medida restrictiva.
Para esta jornada, las Fuerzas Armadas estaban desplegadas en todo el territorio. No obstante, los muertos aumentaron a siete, sumando un total de nueve decesos. Las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos recaían en la administración entrante.
16 de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de un comunicado, mostró sus preocupaciones por «la situación de derechos humanos y crisis institucional en la República del Perú», haciendo un llamado al cese de la violencia.
Asimismo, condenó la muerte de al menos quince personas, indicando que cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos debe ser «debidamente investigada».
20 de diciembre. Las muertes llegan a 26 y los heridos a 367 en el marco de las manifestaciones. Boluarte realizó modificaciones en el gabinete para darle un giro político a un cuestionado grupo de «tecnócratas».
Asimismo, el embajador de México, Pablo Monroy, fue declarado persona no grata luego de que, a juicio del gobierno peruano, consideraran que las declaraciones de altas autoridades mexicanas «constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención». Monroy tiene 72 horas para dejar el país.
Hasta el cierre de esta edición, el Congreso —a pedido de la presidenta Boluarte— aprobó el proyecto que adelanta elecciones para abril de 2024 con el objeto de aminorar las protestas. Eso sí, la propuesta debe contar con una segunda ratificación legislativa para concretarse definitivamente.
