En redes circula que las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar estarían habilitadas para sufragar. Sin embargo, Fast Check CL califica esto de #Engañoso. Si bien están presentes en el padrón electoral, esto es a manera de «testimonio».
En esta columna, el investigador Marcelo Santos -académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Mepop (Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile)- analiza las distintas formas de manipulación digital que pueden incidir en procesos electorales, desde el uso de bots y cuentas falsas hasta estrategias coordinadas de desinformación y acoso en redes sociales. Advierte sobre el crecimiento de las llamadas «campañas sucias digitales», sus implicancias para la deliberación democrática y los desafíos que plantean los vacíos legales y la falta de regulación de las plataformas.
Fast Check CL detectó que el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra (Ind.), puso su firma en documentos que se relacionaban con la empresa de un proveedor que previamente había prestado servicios a sus campañas de 2021. La firma Campos y Urbina Limitada, perteneciente a uno de sus proveedores electorales, ha recibido 29 órdenes de compra hasta este año, por más de $24 millones desde que Labra asumió como jefe comunal. Parte de esos contratos fueron suscritos directamente por el propio alcalde, lo que podría vulnerar el principio de probidad exigido por la ley, dado el vínculo previo con el proveedor y el deber de abstención.
El fiscal Eugenio Campos reveló que gran parte de los pagos recibidos por Carla Graf, exasesora del diputado Miguel Ángel Calisto, fueron transferidos a su entorno cercano, incluyendo al propio parlamentario. Pero, el ente persecutor también advirtió inconsistencias: sostuvo que parte de los informes presentados tienen fechadas actividades mientras habría estado fuera del país, junto con la presentación de licencias médicas.
La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco vinculada a eventuales desvíos de asignaciones parlamentarias hacia su círculo cercano. En los alegatos, el Consejo de Defensa del Estado expuso transferencias realizadas por la exasesora Carla Graf a colaboradores del parlamentario, entre ellos Américo y Hugo Soto, que habrían sido justificadas como reembolsos de gasto de campaña. Sin embargo, la defensa de Graf sostuvo que las operaciones se enmarcan en convenios entre particulares y que «no existe ninguna investigación relacionada con financiamiento político».
Un usuario en X compartió que supuestamente los detenidos desaparecidos están habilitados para sugrafar en las próximas elecciones presidenciales, constituyendo así un fraude. Fast Check califica esto como #Engañoso. El propio Servel informa que, si bien los detenidos desaparecidos aparecen habilitados para votar, esto es solo de forma simbólica y nadie puede votar en nombre de ellos.
En Mesa Central, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) aseguró que el Partido Libertario y el Partido Social Cristiano proponen eliminar el Banco Central. Sin embargo, Fast Check verificó que esa afirmación es #Falsa: el programa de Johannes Kaiser plantea solo una reforma técnica a la meta de inflación y el PSC nunca presentó un programa presidencial en 2025.
Eduardo Artés aseguró haber reunido 40 mil patrocinios, pero el Servel consigna 37.854, cifra inferior a la declarada.
