La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a derecho al constituir la corporación municipal Innova, presidida por el alcalde Cristóbal Labra. La resolución también instruye una fiscalización sobre el uso de recursos públicos transferidos a esa entidad de derecho privado, que según el Registro de Colaboradores del Estado, suman más de $1,3 mil millones entre 2022 y 2026. Desde el municipio aseguraron que el dictamen fue impugnado mediante un recurso de reposición y que el proceso aún no cuenta con una resolución definitiva.
A comienzos de octubre se presentó una querella contra el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa, por el presunto uso indebido de abogados municipales y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social —institución que también preside— para representar a sus familiares en causas judiciales privadas. Fast Check CL accedió a documentos y registros del Poder Judicial que confirman la participación de funcionarios de planta y a contrata, incluida la directora jurídica del municipio, en causas relacionadas con los padres y el hermano del alcalde. El académico Pavel Ayala advirtió que, incluso si se determina que no se hizo uso de recursos municipales, esta actuación «sí puede configurarse un conflicto de interés».
AMSC
Nicole Arqueros Escalona fue contratada por la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria (AMSC), presidida por el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, con quien tiene un hijo en común. Según Transparencia Activa, recibió $1.800.000 brutos entre enero y mayo de este año, sin que existan registros de concursos públicos. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos —encargado de velar por la probidad en la AMSC— aseguró no haber tenido conocimiento de la contratación.
Cristóbal Labra
Fast Check CL detectó que el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra (Ind.), puso su firma en documentos que se relacionaban con la empresa de un proveedor que previamente había prestado servicios a sus campañas de 2021. La firma Campos y Urbina Limitada, perteneciente a uno de sus proveedores electorales, ha recibido 29 órdenes de compra hasta este año, por más de $24 millones desde que Labra asumió como jefe comunal. Parte de esos contratos fueron suscritos directamente por el propio alcalde, lo que podría vulnerar el principio de probidad exigido por la ley, dado el vínculo previo con el proveedor y el deber de abstención.
