La Contraloría General de la República observó un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó, luego de constatar que un proveedor de la campaña del exalcalde Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones, entre 2022 y 2024, para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico. Según el informe, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior. Fast Check CL detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
La abogada y consejera del Consejo para la Transparencia (CLPT), María Jaraquemada, comenta cómo el organismo autónomo juega un rol fundamental en el combate contra la corrupción, y plantea la necesidad de actualizar la ley a las nuevas tecnologías. Por otra parte, aborda el fenómeno de la desconfianza de la ciudadanía a instituciones pública.
Circula en redes sociales la imagen de un supuesto libro del abogado Luis Hermosilla, el que se llamaría «Probidad y Ética Profesional». Pero esto es #Falso. No existe registro de una obra con este nombre adjudicado a Hermosilla. Además, desde la editorial —que aparece en la portada— desmintieron su existencia.
Tener a disposición información que transparenta a autoridades e instituciones del Estado, fortalece la democracia, como también es un complemento importante para la verificación de datos. En Fast Check te contamos qué antecedentes tienes derecho a saber vía transparencia activa.
El diario El Mercurio publicó el pasado 18 de abril una nota en la cual tituló que la «propuesta del Consejo para la Transparencia establece que sesiones de la Convención pueden ser reservadas» haciendo referencia a las sugerencias que desarrolló en un informe el Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre el proceso constituyente que se llevará a cabo para la redacción de una nueva Constitución. El documento elaborado por el CPLT, aborda principalmente temas de lobby, probidad pública y «propuestas o caminos posibles para asegurar altos estándares de transparencia acceso a la información pública y probidad». Sin embargo es la propia Convención Constituyente la que redactará su reglamento y podrá decidir o no incorporar las sugerencias elaboradas por el CPLT.
