En medio de un año cargado de noticias en torno a casos de corrupción, Fast Check CL conversó con el periodista y fundador de América Transparente, Juan José Lyon. En este espacio, quien ha sido una de las principales voces públicas sobre los casos de corrupción municipal, habló sobre el particular caso chileno y el de su propia comuna, Las Condes, la cual ha investigado desde hace años y de la que su diagnóstico es lapidario.
Por Catalina Viveros
Juan José Lyon (41) nació en Las Condes y ha dedicado parte de su carrera a poner la lupa sobre el funcionamiento de su municipio. Es periodista de la Universidad Diego Portales y se ha perfeccionado como profesional de la información y los datos en el extranjero. Realizando sus investigaciones, creó diversos repositorios de búsqueda e instrumentos para cruzar y analizar información pública. Se dio cuenta de que estas herramientas debían estar a disposición de la sociedad.
Con esto en mente, junto a su hermano, levantó una fundación llamada América Transparente, de la que es director ejecutivo. Crearon buscadores como «Reguleque», de sueldos de funcionarios públicos, y «Dueños directos» (hoy se encuentra como «De quién»). Hoy, Lyon está enfocado en lo que considera más necesario: mover los límites de la transparencia, destapando distintos escándalos como, por ejemplo, el bullado caso de la Corporación Cultural de Las Condes.
En conversación con Fast Check CL, revisó los últimos casos de corrupción conocidos en el país, como el caso fundaciones, las corporaciones municipales y las reuniones no registradas por ley de lobby. Además, cuestionó la pasividad del actual gobierno en cuanto a los avances en materia de probidad y la omisión en los nombramientos de consejeros para la Transparencia.
— Se ve que hay casos de corrupción de todos los colores políticos… ¿Considera que existe una cultura de la corrupción en los organismos públicos?
Creo que la corrupción es transversal, como dijiste tú, la corrupción no tiene color político. Y creo que sí, en los municipios y en el Estado de cierta forma también, la corrupción está bastante extendida. Pero déjame explicarte por qué. Lamentablemente, hay un problema ético de los funcionarios, de las autoridades, y la corrupción va conquistando los espacios donde no hay transparencia, donde hay opacidad.
¿Por qué vemos cada día más problemas de corrupción en corporaciones y cada vez menos en municipios? Porque cuando alguien quiere robar, es más fácil hacerlo a través de la corporación. Tiene menos costos, tiene menos riesgos contratar un pariente a través de la corporación, porque es menos visible, porque es más difícil que alguien investigue ahí. Y sí, tenemos un problema generalizado de corrupción y de probidad en el país, de ética de las autoridades. Pero la mejor forma de contrarrestar esa corrupción es, justamente, con mejores sistemas de fiscalización, mayor transparencia, mejores sistemas de rendición de cuentas.
— Entrando justamente al tema de la institucionalidad, en abril la Ley de Transparencia va a cumplir 15 años de vigencia. ¿Cómo valora su funcionamiento en la actualidad?
Desde que empecé a trabajar en temas de transparencia, puedo decir que ha evolucionado favorablemente a través de los dictámenes del Consejo para la Transparencia (CPLT). Sin embargo, la ley ya está bastante obsoleta, vieja. Fue un primer paso muy importante para que hubiese transparencia, pero hoy tiene problemas graves.
Primero, los casos de corrupción los vemos justamente en las áreas en que la ley de transparencia no llegó. No llegó a las fundaciones que reciben fondos públicos, no llegó a las fundaciones públicas, no llegó a las corporaciones. Son cosas que recién se están agregando a través de dictámenes, pero la ley no los contempla y hemos pasado 15 años sin ningún tipo de transparencia en esas instituciones.
Otro problema son los distintos formatos de respuesta. El Consejo propone un formato, pero no es obligación usarlo. Básicamente, un tercio de los municipios usa el formato que ellos quieren y eso hace muy difícil encontrar y comparar la información. La nueva ley de transparencia propone estandarizar los formatos.
— En ese sentido, ¿cómo evalúa el mismo control sobre la Ley de Transparencia?
En estos momentos, estamos con un problema grave, porque desde el 21 de diciembre el Consejo para la Transparencia se quedó sin su tercer consejero porque se le venció su periodo de seis años, está sólo con dos consejeros en vez de cuatro. Entonces, ahora todos los requerimientos están detenidos porque no existe el quórum mínimo para sesionar. Y esto es una grave de falta omisión de Presidencia, de no nominar otro consejero para que pueda ser ratificado por el Senado.
— Respecto de esto último, los avances que prometió el Presidente Gabriel Boric en materia de probidad han sido escasos. ¿A qué se le puede atribuir? ¿Es secundario el concretar estos avances?
Muchas de las banderas del actual Presidente fueron la probidad, la transparencia, el no caer en malas prácticas de otros periodos… Lamentablemente, no ha cumplido con esas expectativas. Parte de un gobierno es cumplir con la agenda, creo que está muy al debe con esa agenda de probidad y el problema que tenemos transparencia es un problema gravísimo.
Además, como decía, el Gobierno tiene un grave problema de nombramientos. Falta nombrar embajadores, falta nombrar jueces de la Corte Suprema, falta nombrar consejeros del Servel. Afortunadamente, la Corte Suprema puede seguir funcionando con un juez menos, el Servel sigue funcionando sin el nombramiento, las embajadas pueden seguir funcionando sin un embajador, porque hay personal consular. Pero lamentablemente todo el sistema de la Transparencia ahora está detenido porque el Consejo no puede sesionar si no tiene los consejeros necesarios.
— Con el proyecto de Transparencia 2.0, ¿se arreglaría el tema de las respuestas y de los organismos fiscalizados…?
Sí, en el nuevo proyecto ley están las corporaciones, están las asociaciones municipales y también están las fundaciones que reciben fondos públicos importantes. Es decir, una fundación aunque sea derecho privado. Por ejemplo, Democracia Viva hubiese tenido que regirse en este caso con la nueva ley, porque es una fundación que se financiaba principalmente con fondos públicos, bastante importantes.
“La Contraloría se transformó en un buzón”
— La Contraloría dictaminó en 2021 la obligación para que a las corporaciones municipales se les aplique algunas normativas, entre ellas, la Ley de Transparencia y ChileCompra. ¿Cómo evalúa este dictamen?
Bien y mal. Bien, porque dio un paso al adelantarse a la ley 2.0. Ahora, el problema es que la Contraloría emitió el dictamen, pero no está fiscalizando su cumplimiento. Entonces, ahí empezamos un trabajo nosotros como fundación de ir a tocar las puertas de estas corporaciones, vía solicitud de acceso a la información, también hablando con alcaldes y concejales, diciendo “está este dictamen, cúmplanlo”.
También hemos tenido otro problema, más en el ámbito jurídico. La Contraloría mencionó a las corporaciones municipales que están bajo cierta ley de corporaciones municipales, y hay corporaciones municipales que fueron creadas bajo otras leyes, como la Corporación Cultural de Las Condes, la de Lo Barnechea o la de Santiago, que encontraron este subterfugio legal para no cumplir ese dictamen. Con algunas de esas corporaciones hemos tenido que llegar a juicio para que acataran.
— ¿Considera que falta modernizar la Contraloría o hacia dónde deberían avanzar las instituciones para tener más probidad?
Más que modernizar, falta mejorar los mecanismos de control de gasto público, de probidad y control de los municipios. La Contraloría no da abasto, ni aunque triplicara su personal, para fiscalizar a todos los municipios. En ese sentido, hay que mejorar las atribuciones de fiscalización de los concejales, mejorar su remuneración y que su trabajo fuese de dedicación exclusiva.
La Contraloría, sobre todo después del boom de Contralorito, comenzó a recibir una cantidad enorme de denuncias. Pero no da abasto y lamentablemente, se ha transformado en un buzón, y esto también se lo he escuchado a otras personas, otras fundaciones, también concejales… Es decir, que te recibe la denuncia y envía un oficio al municipio, diciéndole: «Respóndale a América Transparente sobre este tema». Pero no se mete, no investigan las respuestas que se dan, que muchas veces son irrisorias.
— ¿Y eso se podría solucionar inyectándole más recursos a Contraloría o delegando funciones de Contraloría en otros organismos?
Ambas. Cuando asumió la contralora subrogante se dio a conocer que el gabinete del contralor tenía más de 100 funcionarios. Entonces, sin duda hay que distribuir mejor el trabajo de la Contraloría, hay que hacer crecer y robustecer los organismos de control, pero incluso con tres veces la Contraloría no vamos a dar abasto. Hay que mejorar los mecanismos de control ya.
Esto no es nada nuevo. La Comisión Engel, que fue una comisión de probidad durante el Gobierno de Michelle Bachelet hace casi 10 años, llegó a conclusiones sobre probidad en los municipios que se repiten ahora en el proyecto de ley de propiedad municipal, en la Comisión Jaraquemada. Aspectos como sumar mejores contrapesos en el ámbito municipal, que es algo que sabemos hace años. De las cosas de la Comisión Engel sobre municipios se hicieron muy pocas.
“El ministro obró mal”
— Y hablando de los casos de corrupción, la Corporación Cultural de Las Condes y el propio municipio han hecho noticia por mal uso de recursos públicos en general. ¿Cuál es, a su parecer, la razón de por qué esta corporación protagoniza tantos escándalos?
Los problemas que está viviendo Las Condes son transversales en muchos municipios, a mí no me cabe duda que hay corporaciones municipales que deben tener peores problemas que los de Las Condes. Simplemente, yo creo que hay más ojos porque los concejales se han empoderado mucho y han ejercido un verdadero rol fiscalizador. Las Condes, durante mucho tiempo, ha estado al mando el mismo partido político y eso creo que ha tenido que ver también con que se hayan generado grandes focos de corrupción en funcionarios que no han cambiado, que se ha mantenido protegidos bajo el mismo paraguas del mismo partido.
¿Hay responsabilidad directa de la alcaldesa Daniela Peñaloza o es un aspecto que no está necesariamente vinculado con su gestión?
Es una crisis de probidad que le explota a la alcaldesa Peñaloza y creo que ella ha tenido una falencia en no querer enfrentar estos problemas de manera correcta. En vez de ponerle paro a esto, más bien, ha hecho anuncios que no son eficientes, medidas comunicacionales. Son cosas que le tocó heredar, que vienen de la época de Lavín. Pero ella fue funcionaria, el tema de las horas extra ya lo conocía, sabe que no existe un control y nunca ha querido poner un reloj. Lo mismo con la Corporación Cultural. Ahí te das cuenta, ella hace un anuncio de mayor probidad, de mayor transparencia, pero nos mantuvieron en un juicio de casi tres años, gastando dinero en abogados, para que esta información no se transparentara.
— Ligado a otro ámbito de la Transparencia, a propósito de las reuniones que han tenido personeros del gobierno con empresarios y con Pablo Zalaquett… ¿Dan cuenta de que la ley de lobby es letra muerta? ¿Cuáles son los principales problemas que detecta en esta normativa?
La ley de lobby, para los estándares de transparencia que exige la ciudadanía, está un poco obsoleta en el sentido cómo se rinde la información, y también es un poco laxa en el sentido de qué tipo de reuniones debiesen quedar constatadas.
No es que sea letra muerta, también el problema ahí es de la autoridad. Como la ley hoy está hecha para registrar la agenda y esto fue una comida de la noche, se da para la interpretación. Pero claramente, si el ministro se junta con empresarios en una comida organizada por un lobista, que probablemente está cobrando por hacer esa gestión, sin duda eso debe haber quedado en la ley del lobby. En ese sentido, el ministro obró mal, él debió haber pedido que quedara el registro.
